Miércoles, de Diciembre de

Locales »  La Corte definirá la suerte del Fondo Sojero, una caja de US$1.500 millones

LA AUDIENCIA COMENZARÁ MAÑANA
Las provincias argumentan que el Gobierno debía contar con el acuerdo de los 24 distritos para interrumpir el flujo de ingresos a favor de los estados subnacionales. Tierra del Fuego, que empezó el reclamo, esgrimió que el Gobierno no podía cancelar de manera unilateral el reparto del Fondo Sojero porque este estaba consagrado en un acuerdo entre la Nación y las provincias, como parte del Pacto Fiscal.

La Corte Suprema convocó a seis provincias –entre ellas a Formosa– y a la Nación a una audiencia en la que, desde mañana comenzará a dirimirse la suerte del Fondo Federal Solidario, a través del cual el Estado coparticipaba una parte de las retenciones a las exportaciones de soja hasta que, hace casi un año, el gobierno de Mauricio Macri lo derogó por decreto de necesidad y urgencia (DNU).
La audiencia comenzará mañana a las 11 y se extenderá hasta el día siguiente. Se trata de un paso previo a que la Corte emita una resolución, aún sin fecha. Allí, expondrán el procurador general del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, y representantes de las 6 provincias que reclamaron la inconstitucionalidad del decreto ante el máximo tribunal: Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Catamarca y Santiago del Estero.
El reparto de los derechos a las exportaciones de soja es uno de los casos clave en materia fiscal que tiene la Corte en sus oficinas. 
En los últimos meses, el Tribunal abrió la puerta a una actualización masiva de los haberes iniciales de los jubilados (caso Blanco), sostuvo que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad no debían pagar Ganancias (caso García) y ordenó al Gobierno a pagar aportes y contribuciones sobre una parte del salario de una efectiva de las fuerzas armadas que reclamó por la remunerativización de su haber (caso Sosa). 
Son fallos de impacto en las arcas públicas, en momentos en que el Ejecutivo ajusta el gasto para lograr el equilibrio entre ingresos y erogaciones comprometido con el FMI.
 
Antecedentes
 
El 14 de agosto de 2018, el Gobierno publicó el Decreto 756/18, que derogó otro decreto de marzo 2009, el 206, firmado por Cristina Fernández. 
La expresidenta había definido entonces coparticipar el 30 por ciento de lo recaudado por los derechos de exportación a la soja, como consecuencia del conflicto por las retenciones móviles del año previo, que paralizó la actividad económica y dominó la agenda política del país entre marzo y julio.
El dinero del Fondo Sojero, como se lo conoció, debía destinarse a obras públicas. Desde su implementación, la recaudación bajó automáticamente a las provincias y los municipios de acuerdo a los coeficientes de reparto contemplados en la ley de coparticipación. 
La administración de Mauricio Macri dio marcha atrás a ese decreto en medio de la crisis económica y con la lupa del FMI sobre las planillas de gastos e ingresos.
Eso provocó que algunas provincias recurrieran a la Corte por entender que el Gobierno nacional interrumpía un derecho adquirido. 
La primera que lo hizo fue Santa Cruz, que calculó que la eliminación del Fondo Sojero le recortaría 600 millones de pesos de ingresos para este año.
Según proyecciones de aquel agosto, las provincias y los municipios dejaban de recibir $8.500 millones en la segunda mitad de 2018 por la interrupción del Fondo Sojero.
Para 2019, según el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural (SRA), la soja aportaría US$4.931 millones en retenciones, o más de $215.000 millones. Si se coparticipara el 30 por ciento, las provincias y los municipios recibirían US$1.479 millones, o unos $65.000 millones al tipo de cambio actual, coincidente con la época de la liquidación gruesa.
La cifra es muy superior al ahorro fiscal que estipuló el Gobierno a mediados de agosto, de casi $30.000 millones, en parte, por la cosecha récord. Pero también porque la devaluación del peso se aceleró desde entonces y el tipo de cambio ya es un 50% superior.
 
Argumentos
 
Las provincias argumentan que el Gobierno debía contar con el acuerdo de los 24 distritos para interrumpir ese flujo de ingresos a favor de los estados subnacionales. Tierra del Fuego, que inició su reclamo a comienzos de septiembre, esgrimió que el Gobierno no podía cancelar de manera unilateral el reparto del Fondo Sojero porque este estaba consagrado en un acuerdo entre la Nación y las provincias, como parte del Pacto Fiscal.
Catamarca, que fue a la Corte con un reclamo similar, argumentó que el decreto no reunía las condiciones de excepcionalidad que pide la Constitución y que choca con “la jerarquía constitucional que tiene la ley 23.548 de coparticipación” y con “la naturaleza intrafederal que tiene el Convenio de Consenso Fiscal”.
 
Visión del Gobierno
 
El Gobierno negoció con las provincias reemplazar esos ingresos por mayores transferencias. Para eso, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmó con 18 distritos una adenda al pacto fiscal, que el Congreso votó junto con el Presupuesto a fines de 2018. 
Entre otros puntos, la adenda permitió a los distritos interrumpir las bajas de alícuotas en impuestos provinciales (Sellos e Ingresos Brutos). Además, la Nación se comprometió a financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales.
“Por medio del Consenso Fiscal 2018, ante las nuevas circunstancias imperantes, se propende acelerar la consolidación fiscal, distribuir los fondos públicos equitativamente y reducir desigualdades y asimetrías en el esquema de gastos y recursos públicos, en miras a la búsqueda de una economía más integrada, equitativa y solidaria”, dispuso la ley en sus considerandos.
El Ejecutivo compensó parte de esos ingresos con la creación del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, que distribuyó $4125 millones entre los distritos.
Las provincias litigantes, sin embargo, lo rechazaron. El ministro de Economía de Santa Cruz, Ignacio Perincioli, dijo entonces que, para esa provincia, “son apenas $60 millones, que iban a pagar en cuatro cuotas”, contra los $600 millones que, estimaba el distrito, debía cobrar por la distribución de las retenciones.