En defensa del acuerdo político que propone Macri
Viernes, 19 de Julio de 2019
El Gobierno nacional está planteando un acuerdo con las agrupaciones políticas y los diversos sectores de la vida económica y social en torno a diez puntos. Las críticas a esta iniciativa han sido de diverso tenor. Algunos dirigentes, ubicados en los extremos del arco político, cuestionan lisa y llanamente su contenido. No cabía esperar de ellos otra cosa. Pero hay quienes, sin discutir los temas propuestos, ponen el acento en la supuesta extemporaneidad de ese pacto. Según ellos, el afán que guía al oficialismo es meramente electoralista.
Esta última es una crítica injusta. El Gobierno nacional ha dados sobradas muestras, desde los primeros días de su gestión, en la búsqueda de consensos. Cambiemos se halla en minoría en ambas Cámaras del Congreso. Si ha logrado sancionar leyes importantes, ha sido porque manifestó siempre una sincera predisposición al diálogo. Y no precisamente al diálogo como el cumplimiento de una formalidad protocolar: prueba de ello es que en diversas oportunidades modificó o rectificó criterios cuando advirtió errores o insuficiencias en sus medidas.
Se habla bastante de este decálogo, pero poco de su contenido. Vale la pena recordarlo: 1) Lograr y mantener el equilibrio fiscal; 2) Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos; 3) Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones; 4) Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión; 5) Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna; 6) Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal, y enfocada en los impuestos más distorsivos; 7) Consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo; 8) Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político; 9) Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente; 10) Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.
Ningún partido político serio debería negar que cada uno de esos puntos es imprescindible para que la Argentina tenga un futuro de prosperidad. Claro que a esos se les pueden agregar varios otros, pero lo que el Gobierno ha lanzado es un compromiso mínimo, que trascienda las circunstancias actuales y constituya una plataforma común para que distintos gobiernos luego pongan el acento en los aspectos más específicos de los programas de cada uno.
Pero si coincidimos en este decálogo, que puede parecer obvio o redundante respecto de cuestiones ya establecidas en la Constitución y las leyes, pero que en la Argentina real no lo son, podremos presentarnos ante el mundo como un país serio y previsible, en el que se puede confiar más allá de la alternancia de los signos políticos.
Estoy seguro de que casi todos los dirigentes de la oposición dentro del campo republicano están de acuerdo íntimamente con esta propuesta. Si no lo señalan públicamente es porque creen que en un año electoral deben priorizar las diferencias antes que los consensos. En un país ideal, sería razonable. En el nuestro, que arrastra la historia de un persistente desprecio por la legalidad, por el incumplimiento de contratos y compromisos internacionales, y de graves desequilibrios macroeconómicos que terminaron siempre en agudas crisis, es tiempo de dar señales distintas. Es un lujo excesivo que no podemos permitirnos postergar los acuerdos fundamentales.
Es necesario hacerlo, además, porque el chavismo argentino emite señales opuestas. Hemos asistido en las últimas semanas a expresas declaraciones de dirigentes de ese sector que proponen una nueva Constitución que, entre otras cosas, suprima al Poder Judicial y lo transforme en un mero servicio de Justicia, sin independencia. Con esa concepción totalitaria no hay posibilidad de acordar nada, pero quienes, desde distintas vertientes, queremos vivir en una democracia y en un Estado de derecho, debemos profundizar los consensos en torno a ciertos ejes básicos.
La tradición argentina ofrece menos ejemplos de diálogo y de búsqueda de denominadores comunes con quienes piensan distinto que de intransigencias, de verdades dogmáticas, de constantes espíritus fundacionales. Sospecho que en esa carencia, más que en tantos otros defectos, radica la causa última de nuestra decadencia.
Jorge Enríquez
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