PEDIDO A LA MINISTRA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
Denunció la Defensoría la falta de voluntad política para activar la ley de salud mental
Domingo, 21 de Julio de 2019
El defensor del Pueblo indicó que “en el plano específico de la salud mental los padecimientos deben ser atendidos desde una perspectiva integral, y ello implica necesariamente un tratamiento interdisciplinario, a todas luces, resultan no sólo insuficientes los abordajes que se venían haciendo, sino que además eran contrarios al actual deber ser, hoy lo que imperan como principios rectores son los de la integración, la inclusión, la autonomía, el empoderamiento, la igualdad y ello significa un cambio profundo”.
La Defensoría del Pueblo de Formosa solicitó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que se adopten las medidas urgentes y necesarias para implementar de una vez por todas la ley de salud mental, toda vez que desde el organismo de la Constitución consideraron que la salud mental “es un tema que nos concierne a todas las personas y que en la actualidad, ningún partido político la ha colocado dentro de su agenda de debate”. 
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, indicó que “en el plano específico de la salud mental los padecimientos deben ser atendidos desde una perspectiva integral, y ello implica necesariamente un tratamiento interdisciplinario; a todas luces, resultan no solo insuficientes los abordajes que se venían haciendo, sino que además los mismos eran contrarios al actual deber ser, hoy lo que imperan como principios rectores son los de la integración, la inclusión, la autonomía, el empoderamiento, la igualdad y ello significa un cambio profundo que se abre camino entre los cuestionamientos sostenidos por los sectores más tradicionales”. 
En Argentina, la Ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental, en su artículo 3.º, la define como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. 
Esta normativa no solo prioriza el respeto y promueve la dignidad de aquellas personas con padecimientos mentales, sino que, además, implica un cambio de paradigma. 
Se deja de entender a las personas con discapacidad mental como objeto de asistencia para considerarlas sujetos de derechos. Sin embargo, las personas con padecimiento mental aún sufren el estigma social que pesa sobre la locura. 
“Por eso –dijo Gialluca– es fundamental impulsar la transformación de las prácticas sanitarias, institucionales y sociales que promueven la discriminación de las personas usuarias de los servicios de salud mental y que alientan su segregación, exclusión y profundización del padecimiento mental”. 
El funcionario indicó además que “es necesario derribar mitos sobre la salud mental como que la salud mental es una cosa de locos, pues según la OMS, 1 de cada 4 personas que vive en las grandes ciudades necesita o necesitará apoyo psicológico durante su vida.
Otro mito señala que las enfermedades mentales son un problema poco frecuente, algo que es falso, ya que según estudios de la OPS/OMS, los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras causas de enfermedad en la región.
“Es falso –indicó Gialluca– afirmar que la enfermedad mental es irreversible. Lo propio en cuanto a que los padecimientos mentales pueden afectar parcial y transitoriamente la vida de una persona. La recuperación es posible con los adecuados apoyos comunitarios”. 
El proceso de atención debe realizarse fuera del ámbito de internación hospitalario, desde un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Se prioriza la inclusión familiar, laboral y cultura en la comunidad.
Actualmente se conoce que en los países en vía de desarrollo, desde hace unos 20 años, los trastornos mentales graves (alcoholismo, depresión, trastornos de angustia, demencias, parkinson, epilepsia, trastornos de la infancia y adolescencia, abuso de drogas ilegales, psicosis) son la principal carga de enfermedad, por encima de la diabetes, la hipertensión, el HIV, las enfermedades pulmonares, etcétera, y el gran problema que existe en el país es que la psiquiatría tuvo siempre una insuficiente consideración dentro de la salud pública y nadie sabe cuál es el porcentaje de recursos que nuestro presupuesto nacional le dedica a la misma, “y por ello no es casual que el 80% de las personas con algún trastorno mental grave no acceda a atención alguna, a pesar de que la Argentina es uno de los países del mundo con mayor proporción de psiquiatras y psicólogos por habitantes, 13 cada 100.000 habitantes y 120 cada 100.000 respectivamente”. 
Gialluca dijo finalmente que “al estar los presupuestos desbalanceados lo que pedimos además es que esta ley de Salud Mental que fue sancionada hace casi 10 años y en donde todavía a meses del 2020, fecha fijada como meta para la sustitución de los hospitales psiquiátricos por hospitales generales, continuamos en deuda con una gran parte de nuestra sociedad por la falta de voluntad política que ha impedido que la misma se implemente”.
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