Se volvió a liberar totalmente la ruta 11 en el puente Blanco


En horas de la tarde de ayer hubo una audiencia de conciliación y mediación entre un grupo de personas que se encontraba cortando el libre tránsito de la RN Nº 11 a la altura del puente Blanco, reclamando módulos habitacionales, quienes fueron recibidos por la defensora adjunta Sylvina Portillo, el secretario letrado José Porfirio García y el abogado Leonardo Sánchez por parte de la Defensoría del Pueblo. 
Luego de una serie de posturas, se dejó en claro que por cortar una ruta nacional o provincial, nadie va a obtener un módulo habitacional y que además para acceder el primer paso fundamental es encontrarse inscriptos en el Programa Mejor Calidad de Vida, a cargo de María Villalba, que depende directamente del Ministerio de la Comunidad de la provincia. 
También se dejó aclarado a los reclamantes que no se está inscribiendo a quienes pretenden postularse para los módulos habitacionales en el Ministerio de la Comunidad, dado que se prioriza trabajar con todos los ya inscriptos y a partir de allí organizar en el menor tiempo las personas o grupos familiares según las prioridades que están ya previstas y que responden a cantidad o número de hijos, la existencia de discapacitados o de niños o integrantes con enfermedades crónicas, así como aquellas personas que sean víctimas de violencia de género. 
En este contexto, los funcionarios de la Defensoría señalaron que vienen trabajando articuladamente con las autoridades competentes y “de ese modo vamos haciendo un volcado de todos los datos en planillas específicas que luego pasan a formar un expediente el cual es remitido al Ministerio de la Comunidad para que en su momento todas esas personas sean consideradas como aspirantes a los módulos habitacionales”. 
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, señaló que no obstante en horas de la mañana se presentó la denuncia correspondiente ante la fiscal Penal Federal Marisa Vázquez a los efectos de que el juez federal Juan Pablo Morán adopte las acciones pertinentes, “pues no vamos a tolerar este tipo de acciones extorsivas y ello no significa que estemos criminalizando una protesta social, pues tenemos que atender los reclamos de libre tránsito de los choferes de transportes de carga, ciudadanos que necesitan desplazarse con sus vehículos por diversas razones y frente a estas confrontaciones de derechos es la Justicia Federal la que debe dirimir la causa, pero venimos teniendo mediante el diálogo y los espacios de conciliación, la comprensión de los denunciados”.

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