Acusan al Gobierno de desfinanciar las  universidades y desconocer una ley vigente

Un informe sostiene que el Poder Ejecutivo incumple una norma aprobada por el Congreso al mantener suspendida la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La organización advierte que el ajuste presupuestario profundiza el deterioro de las universidades nacionales y pone en riesgo el derecho a la educación superior.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió un informe en el que cuestiona la decisión del Gobierno nacional de mantener suspendida la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Congreso que, según la organización, continúa plenamente vigente y debe ser cumplida por el Poder Ejecutivo.
El documento analiza las consecuencias institucionales, presupuestarias y sociales de la medida, y sostiene que la negativa del Gobierno a ejecutar la ley no solo afecta el funcionamiento de las universidades nacionales, sino que además abre un debate de fondo sobre la división de poderes, el respeto por las decisiones del Congreso y la garantía del derecho a la educación superior.
Para la ACIJ, el caso constituye uno de los conflictos institucionales más relevantes de los últimos años, ya que enfrenta la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar una ley promulgada con el principio constitucional que establece que las normas sancionadas por el Congreso son obligatorias mientras permanezcan vigentes.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada durante 2025 con el propósito de recomponer el presupuesto destinado a las universidades nacionales, actualizar automáticamente las partidas de funcionamiento según la inflación, mejorar los salarios docentes y no docentes y fortalecer los programas de becas estudiantiles.
El presidente Javier Milei vetó inicialmente la iniciativa al considerar que comprometía el equilibrio fiscal. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso reunieron las mayorías especiales previstas por el artículo 83 de la Constitución Nacional para insistir con la sanción de la norma, dejando sin efecto el veto presidencial y obligando al Ejecutivo a promulgarla.
Para ACIJ, ese procedimiento constitucional agotó el debate legislativo y convirtió a la ley en plenamente obligatoria.

El argumento del Gobierno

Tras su promulgación, el Gobierno resolvió suspender su aplicación al sostener que la norma no definía de manera expresa las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar el incremento del gasto público previsto.
Según el Ejecutivo, esa ausencia impediría ejecutar la ley sin afectar el objetivo de equilibrio fiscal que constituye uno de los ejes centrales de su política económica.
No obstante, ACIJ rechaza esa interpretación y sostiene que el Poder Ejecutivo no puede dejar de cumplir una ley vigente por considerar insuficiente su financiamiento.
“La falta de previsión específica de recursos no habilita al Ejecutivo a desconocer una ley aprobada por el Congreso”, sostiene el informe, que remarca que el ordenamiento jurídico argentino contempla distintos mecanismos presupuestarios para afrontar este tipo de situaciones sin suspender la vigencia de una norma.

La disputa llegó a la Justicia

La decisión oficial motivó una presentación judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país.
En el marco de esa causa, tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 como posteriormente la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictaron medidas cautelares favorables al reclamo universitario.
Los tribunales entendieron, de manera preliminar, que la insistencia legislativa prevista por la Constitución prevalece sobre cualquier interpretación administrativa destinada a impedir la ejecución de una ley ya promulgada.
Actualmente, la controversia se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse sobre el alcance constitucional de la decisión del Gobierno.

El debate por el costo fiscal

Uno de los ejes centrales del informe está relacionado con el impacto presupuestario de la ley.
ACIJ cita distintas estimaciones que ubican el costo de su implementación entre 2,5 y 3,6 billones de pesos durante 2026, una cifra significativa dentro del gasto público nacional.
Sin embargo, la organización sostiene que el argumento fiscal, por sí solo, no resulta suficiente para justificar el incumplimiento de una ley destinada a garantizar derechos fundamentales.