La revelación de créditos millonarios otorgados a funcionarios y legisladores encendió cuestionamientos sobre posibles privilegios en el acceso al financiamiento público, en un contexto donde la vivienda propia resulta cada vez más inaccesible para la mayoría de la sociedad. El Senador y el Diputado son los únicos en la lista de legisladores de la región que obtuvieron créditos hipotecarios dentro de su mandato. El Senador nacional Francisco Paoltroni y el Diputado Gerardo González quedaron en el centro de la polémica tras la difusión de datos del sitio “Cuánto Deben”, que expuso el acceso a créditos hipotecarios millonarios por parte de funcionarios, legisladores y aliados del oficialismo nacional. Ambos representantes de Formosa, electos por La Libertad Avanza, obtuvieron estos beneficios durante su mandato, en un contexto atravesado por denuncias de presuntos tratos preferenciales. Según la información publicada, los préstamos fueron otorgados por el Banco Ciudad y el Banco Nación, con montos que en algunos casos superan ampliamente los límites establecidos y, presuntamente, sin cumplir con los requisitos habituales del sistema financiero. En el caso del Nación, hubo una modificación para que la línea “Mas hogares con BNA” contenga diferencias esenciales para funcionarios o empleados del sector público, que no están disponibles para quienes trabajan en el sector privado, aún cobrando sus haberes en el Nación. La primera y principal es que el préstamo cubre hasta el 90% del valor de la propiedad comprada, según detalla la web oficial de la entidad, en lugar del 75% como al resto de los clientes del Nación.Paoltroni: montos que superan los límites oficialesEn el caso de Paoltroni, el crédito fue concedido por el Banco Ciudad por un total de 270 millones de pesos, con el objetivo declarado de adquirir una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su estadía durante las sesiones legislativas. Sin embargo, la operación generó cuestionamientos, ya que el monto supera el tope oficial de 100 millones de pesos previsto para este tipo de líneas. A esto se suma que el propio Senador reconoció que se trata de una segunda vivienda, cuando estos créditos están destinados a la compra de la primera casa familiar. De acuerdo con los registros difundidos, su deuda actual asciende a más de 304 millones de pesos. El legislador atribuyó su capacidad de pago a su actividad empresarial, aunque sus firmas registran antecedentes de embargos y sanciones por desmontes ilegales que rondan los 59 millones de pesos, lo que pone en duda su perfil crediticio.Gerardo GonzálezPor su parte, el caso de González exhibe un crecimiento crediticio que despertó suspicacias dentro del ámbito político. Al asumir su banca en diciembre de 2023, su historial financiero era prácticamente inexistente, con apenas 3.000 pesos registrados. No obstante, a partir de mayo de 2025 comenzó a acceder a préstamos en el Banco Nación, que fueron incrementándose de manera sostenida. El salto más significativo se produjo luego de su acompañamiento a iniciativas clave del Gobierno de Javier Milei en el Congreso, como el voto favorable al DNU que otorgó fondos reservados a la SIDE y el rechazo al aumento jubilatorio, que lo convirtió en uno de los «87 héroes» como llamó Milei a quienes votaron en contra. Tras esas decisiones, su nivel de endeudamiento pasó de 9,6 millones de pesos en abril de 2025 a 177,6 millones en un solo mes, hasta alcanzar en febrero de 2026 un total cercano a los 209 millones de pesos. De esta manera, González integra un reducido grupo de dirigentes libertarios con deudas superiores a los 200 millones de pesos contraídas con el Banco Nación en el último año, junto a Alejandro Carrancio y Alfredo González.¿Un patrón de privilegios para una «nueva casta»?La controversia no se limita a estos dos casos. El relevamiento también incluye a funcionarios vinculados al equipo económico de Luis Caputo, autoridades del Banco Central y legisladores como Lorena Villaverde (que tenía un embargo judicial) y Sharif Menem. Este último fue señalado como un caso paradigmático, al haber accedido a un crédito de 357 millones de pesos con escasa antigüedad laboral y un ingreso que, según especialistas, no justificaría ese nivel de financiamiento. Por otro lado, el caso del concejal libertario de Luján, Alexis Hasen, podría aportar elementos para comprender los criterios detrás del otorgamiento de estos préstamos. Con apenas 28 años, Hasen integraba el directorio del Banco Nación al momento en que se modificaron los criterios para estos créditos. Según trascendió, tomó dos préstamos hipotecarios: uno a su nombre y otro a nombre de su madre, quien no contaría con historial crediticio y actualmente presenta dificultades para afrontar las cuotas. El concejal solicitó licencia en la entidad bancaria y percibe una dieta cercana a los cinco millones de pesos. Sin embargo, la cuota de su crédito superaría el 50% de sus ingresos formales, lo que también genera interrogantes sobre la viabilidad financiera de la operación.

Paoltroni y González: los libertarios de Formosa
son los únicos del NEA con créditos hipotecarios

Mayans, formuló las críticas más duras contra el presidente tras solicitar una cuestión de privilegio, a través de la cual pidió el juicio político al considerar que Milei “no entiende un carajo” de la gestión pública y de lo que está ocurriendo en la Argentina. En una sesión marcada por fuertes cruces, José Mayans pidió el juicio político a Javier Milei, lo acusó de incapacidad y cuestionó a funcionarios. También denunció irregularidades institucionales, apuntó contra el jefe de Gabinete y criticó la política exterior del Gobierno por considerar que vulnera la Constitución. La sesión arrancó con el quórum aportado por la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados, a los que luego se sumaron los legisladores del peronismo, que aprovecharon la ocasión para cuestionar la gestión de Javier Milei. Fue el titular del bloque Justicialista, José Mayans, quien formuló las críticas más duras contra el presidente tras solicitar una cuestión de privilegio, a través de la cual pidió el juicio político al considerar que Milei “no entiende un carajo” de la gestión pública y de lo que está ocurriendo en la Argentina. “No entiende un carajo de nada y está pirado”, sostuvo el legislador peronista que también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger, quien el miércoles había concurrido a la cámara alta para exponer sobre el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que establece mecanismos “sumarísimos” para la restitución de inmuebles y elimina límites para que extranjeros adquieran tierras rurales. Para el senador peronista, el ministro de Desregulación y Transparencia “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que va a liberar el país, pero en realidad es el ideólogo de todo esto ya que Milei no entiende un carajo de nada y está pirado». A su vez, el presidente del bloque justicialista del Senado acusó al jefe de Gabinete Manuel Adorni de “violar la Constitución Nacional” por no haber asistido al Congreso de la Nación a dar el obligatorio informe de gestión en marzo, en el contexto del escándalo donde está inmerso el alto funcionario por un dudoso incremento de su patrimonio tras su ingreso a la gestión pública. “El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni vino a Senadores, y tendría que haber venido a uno de los cuerpos del Congreso en marzo”, explicó el senador por Formosa al inicio de la sesión de la Cámara Alta. Mayans planteó una cuestión de privilegio contra Adorni, el presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Respecto a Adorni, el legislador aseguró que el exvocero presidencial fue descubierto “en plena corrupción” y se preguntó: “¿Qué tanto sabe el jefe de Gabinete que Milei sale a sostenerlo?”. Mayans arremetió también contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Otro corrupto que salió a decir que ponía las manos en el fuego por Adorni”, dijo. “Cuando se estaba discutiendo el comportamiento del jefe de Gabinete, apareció el tema de los créditos”, agregó. Por otro lado, el dirigente peronista cuestionó la falta de una postura firme del Senado frente al conflicto internacional y defendió la neutralidad histórica de Argentina. Criticó al presidente Milei por alinearse con políticas belicistas y advertir una supuesta guerra sin aval parlamentario. Además, señaló que declarar un conflicto sin el Congreso implica una violación a la Constitución Nacional y reclamó una clara defensa de la paz.

Mayans cruzó a Milei y pidió su juicio político

Con un avance del 90% en la infraestructura de Los Matacos, la provincia se prepara para transformar el vinal en insumo clave para la producción de arrabio verde en Fermosa Biosiderúrgica. El proyecto estratégico integra a productores paipperos en la cadena de valor, generando empleo genuino y desarrollo industrial a partir del aprovechamiento de recursos locales.El Parque Industrial Carbonero, ubicado en la localidad de Los Matacos, se consolida como el motor de una transformación histórica para Formosa. Con 147 hornos industriales tipo fornalha ya terminados (de un total de 160 previstos), el proyecto se prepara para convertir el vinal en carbón vegetal a escala industrial, generando valor agregado en origen y empleo genuino. Los hornos constituyen el núcleo del parque y permitirán producir carbón vegetal a gran escala, generando las condiciones necesarias para abastecer una demanda industrial sostenida. Este complejo no es una obra aislada, sino el corazón de un ecosistema productivo mayor. El carbón producido será el insumo vital para Fermosa Biosiderúrgica, planta que demandará 90.000 toneladas anuales para la producción de arrabio verde. Este enfoque posiciona a la provincia en el mercado global de industrias sustentables. Además de la imponente batería de hornos, la obra registra progresos significativos en áreas operativas esenciales, entre ellos, se destacan la apertura de fosas, la ejecución de cruces de calle con infraestructura específica mediante tubos de hormigón y la finalización de tareas de contrapiso y techado en sectores como oficinas y balanza.El rol del productor paipperoUno de los pilares del proyecto es su dimensión humana. El parque integra a los productores paipperos en la cadena de valor, transformando un recurso natural como el vinal en una oportunidad económica. Esto asegura que el crecimiento industrial se traduzca en desarrollo territorial e inclusión social. El proyecto transforma el vinal, históricamente desaprovechado, en un recurso estratégico para la exportación y el fortalecimiento del entramado regional. Con esta obra, el Gobierno de Formosa reafirma su modelo de desarrollo con identidad propia, apostando a la industrialización de la ruralidad y a la sostenibilidad ambiental como banderas de crecimiento.

Formosa potencia su industria: 147 
hornos listos para producir carbón vegetal

Por Luciano Román&nbsp; Publicado en La NaciónSi se le preguntara a cualquier ciudadano qué relación cree que existe entre su vida cotidiana y la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, seguramente nos diría que ninguna. Sin embargo, detrás de ese nombre burocrático y desangelado se esconde, quizá, uno de los debates más relevantes que se han planteado en la Argentina en los últimos años. Tiene que ver con la calidad y la idoneidad de los jueces, pero puede leerse como un llamado de atención sobre algo mucho más amplio: la seriedad con la que se eligen los hombres y las mujeres que, en distintos estamentos del Estado, deciden sobre el patrimonio, la libertad, la familia y la honra de los ciudadanos. Con esa acordada,&nbsp;lo que ha hecho la Corte es impulsar un sistema más confiable y riguroso en el proceso de selección y designación de magistrados nacionales.&nbsp;Antes que una propuesta, en el fondo es un diagnóstico: el mecanismo vigente ofrece demasiado margen para la discrecionalidad y la politización, en desmedro de la evaluación técnica y los antecedentes académicos y profesionales. Lo que nos está diciendo el máximo tribunal de la Nación es, “cuidado”: el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a los que tengan mayor “palanca” política; tal vez a los que garanticen mayor “lealtad” al poder de turno y a los que sean más habilidosos para operar en “la rosca”. Es necesaria una breve explicación:&nbsp;el Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por jueces, legisladores, representantes de los abogados y un funcionario del Poder Ejecutivo. Se encarga de evaluar a los aspirantes a jueces y conformar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para proponer sus designaciones. En ese proceso, se tienen en cuenta básicamente tres cosas: el resultado de un examen sobre los conocimientos del Derecho, los antecedentes jurídicos, académicos y profesionales y el desempeño del postulante en una entrevista personal con los consejeros. En las formas, todo parece transparente, pero ¿qué ha ocurrido en los hechos? Por artimañas reglamentarias, se le ha otorgado un peso decisivo a la entrevista personal. Puede ocurrir, entonces, que un candidato que obtuvo, por exámenes y antecedentes, el lugar número 19 en una lista de 20 postulantes, pase mágicamente al lugar número 1 por obra y gracia de la entrevista, donde los márgenes de discrecionalidad no tienen techo. Es así como la rosca política puede ser más efectiva que la solvencia técnica. La práctica habilita, entonces, lo que en la jerga judicial se conoce como “el garrochismo”: un salto de garrocha que permite ese ascenso biónico desde los últimos a los primeros lugares. La Corte, que conoce como nadie la calidad de los jueces con los que “ara”, acaba de encender una luz de alerta e impulsa cambios en varios aspectos medulares del sistema. Propone exámenes más rigurosos, evaluaciones anónimas, y una menor incidencia, en el puntaje final, de la entrevista personal. En definitiva, un regreso a la cultura del mérito y un retroceso del amiguismo y el acomodo, dos mecanismos que han colonizado la forma de acceso a los lugares más encumbrados del Estado. La arbitrariedad y el favoritismo&nbsp;para definir designaciones son rasgos de una cultura que excede al Poder Judicial y atraviesa, de punta a punta, la vida institucional de la Argentina. Puede decirse que en la Justicia los concursos han sido desvirtuados y en algunos casos, amañados. Pero en otros estamentos del Estado fueron directamente abolidos. Para asomarse a la magnitud del problema vale la pena reparar en este párrafo de un informe de&nbsp;Cipecc&nbsp;que firman Gonzalo Diéguez, Jimena Rubio&nbsp;y&nbsp;Laura Zivanic:&nbsp;“Desde inicios de 2002, la función directiva del Estado nacional ha sido cubierta centralmente de modo discrecional. En diciembre de 2018, el 93 por ciento de los directores nacionales y generales de la Administración Pública nacional estaba designado de forma transitoria y el 80 por ciento estaba exceptuado de requisitos. La proliferación de este tipo de designaciones evidencia que el ingreso a la mayoría de los cargos con incidencia crítica en el desarrollo de políticas públicas no responde a decisiones basadas en competencias profesionales ni a criterios de acceso en base al mérito”. El Gobierno nacional, que ha tenido el acierto de poner en debate la dimensión y el financiamiento del Estado, ha exhibido -sin embargo- muy pocos avances y hasta groseros retrocesos en la búsqueda de profesionalismo y jerarquización de los recursos públicos. A la hora de designar, por ejemplo, a titulares de organismos como la&nbsp;Aduana, la DGI, el&nbsp;Indec&nbsp;o el Servicio Meteorológico&nbsp;se ha perdido la oportunidad de hacerlo a través de concursos o, al menos, con sistemas más transparentes como podrían ser audiencias públicas o evaluaciones ante jurados técnicos. Si se hubiera avanzado en esa dirección se habría marcado un hito institucional. La Argentina tuvo una larga y rica tradición&nbsp;en materia de formación y selección de funcionarios públicos. Uno de los modelos más virtuosos, que ha logrado, incluso, sobrevivir a los embates del populismo, es el del&nbsp;Instituto del Servicio Exterior de la Nación&nbsp;(Isen), que fue creado a través de un decreto de 1963 y, luego, jerarquizado por ley en 1975. Es un sistema que exige capacitación, exámenes, escalafón y requisitos estrictos en materia de conducta personal, donde se acotan los márgenes de arbitrariedad política para convertir al servicio exterior en una carrera basada en el esfuerzo y la trayectoria profesional ¿No debería tomarse como modelo en otros ámbitos del Estado? La iniciativa de la Corte descorre el velo, en definitiva, sobre un problema que no solo excede a la Justicia sino también a la política. En la Argentina se ha devaluado el examen como engranaje cultural. Para el ingreso a las universidades, por ejemplo, el único requisito es presentar el DNI. Ni siquiera es necesario el título secundario, según el artículo séptimo de la ley de educación superior. Muchos colegios, para definir las vacantes, apelan al sorteo de la Lotería: evaluar es “estigmatizante”, lo mismo que poner aplazos. El docente que reivindica la exigencia es descalificado como cultor del “dificilismo”. En las universidades nacionales&nbsp;creció en forma exponencial la cantidad de docentes que nunca pasaron por un concurso. Pero los exámenes también se han desdibujado en la carrera hospitalaria y prácticamente no existen en el acceso a la Administración Pública. Si en la jurisdicción nacional todo esto es un problema grave, en las provincias es directamente una catástrofe. Algún día también deberían encenderse los reflectores sobre el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. No sólo se han desvirtuado los mecanismos de evaluación&nbsp;y selección en distintos estamentos, sino también tradiciones muy arraigadas, por ejemplo, en los órganos parlamentarios. Es obvio -además de sano y republicano- que a las bancas legislativas no se accede por concurso, sino por el voto popular. Sin embargo, existía un saludable consenso que indicaba que para ocupar las presidencias de determinadas comisiones se requería cierta formación en los temas específicos. Ha sido una constante que la&nbsp;comisión de Presupuesto, por caso, sea presidida por un economista o un profesional con antecedentes en la gestión de recursos públicos. La de&nbsp;Juicio Político, por alguien que fuera abogado y la de&nbsp;Relaciones Exteriores y Culto, por un legislador con alguna sensibilidad, al menos, por asuntos de la geopolítica o la diplomacia. Esas tradiciones acaban de ser archivadas: en la comisión de Juicio Político asumió como presidenta la diputada libertaria&nbsp;Lilia Lemoine, con un perfil alejado del territorio jurídico; en la de Relaciones Exteriores fue designada la oficialista&nbsp;Juliana Santillán, que anunció una reunión con el embajador de Checoslovaquia, un país que fue disuelto hace más de treinta años. Cuesta conectar la falta de idoneidad en el Estado con las desventuras cotidianas&nbsp;del ciudadano de a pie. Sin embargo, hay una relación directa entre la degradación del servicio público y las penurias de la sociedad. La selección de los jueces parece una cosa abstracta, un debate de especialistas. Sin embargo, en ese trámite “lejano” se juegan la tranquilidad, la confianza y la seguridad de un padre o una madre que debe litigar en un juzgado de Familia, la de una Pyme que se juega su supervivencia en un pleito laboral o la de una comunidad como la de Rosario, que ve con desolación el avance del narcotráfico. La cultura del mérito, del examen, de la selección rigurosa para acceder a ciertos cargos, determina la calidad de los médicos que atienden en los hospitales, de los abogados que asisten una familia en apuros o de los contadores y los inspectores que revisan nuestras cargas impositivas. Aunque a veces lo veamos como un espectáculo bizarro, la degradación del debate parlamentario debilita la confianza de los inversores, genera dudas sobre la calidad técnica de las leyes y reviste de vulnerabilidad e incertidumbre reformas fundamentales que se votan en el Congreso. La opacidad en los sistemas de designación produce, además, un efecto injusto: afecta la credibilidad y el prestigio de muchos jueces y funcionarios que honran los lugares que ocupan y tienen trayectorias ejemplares. En este contexto, el debate que impulsa la Corte debe leerse como una enorme oportunidad: “Basta de acomodo”; “volvamos a la cultura del mérito”. Eso es lo que subyace detrás de un título árido y burocrático: Acordada 4/2026. Ojalá sea el inicio de un debate que trascienda las fronteras de la Justicia.AnálisisLa nota de opinión de Luciano Román revela uno de los males de estos tiempos en que todo se ha nivelado hacia abajo, con una degradación de los niveles educativos que alarma y cuyas consecuencias las paga la sociedad en su conjunto, al salir a la calle profesionales sin la formación acorde a la responsabilidad que asumen. Hace recordar las desafortunadas expresiones del ex presidente, Alberto Fernández en torno al poco valor que le atribuía al mérito, expresiones que dibujan, de cuerpo entero, la mediocridad de quien nunca pudo ser, por las vías normales, Presidente de la Nación, y que desconoce que, quienes más lejos han llegado, acá y en el mundo, no son precisamente los que se han criado en familias pudientes, sino los que han comenzado desde abajo, incluso sufriendo algunos tropiezos que han contribuido a forjar la necesaria experiencia. &nbsp; La proliferación de universidades y las facilidades extremas dadas al proceso de ingreso ha contribuido al menor nivel que exhiben los profesionales que se han recibido estos años.&nbsp; Hasta llegó a haber una Universidad de las Madres de Plaza de Mayo o vinculada a la AFA, así como la proliferación de facultades que dan títulos con estudio a distancia, que es lo mismo que tomar una declaración indagatoria -uno de los pasos esenciales del proceso- vía Zoom, desnaturalizando la inmediatez que hace a la necesidad de que el imputado esté cara a cara frente al juez o al fiscal quien, a la vez, puede percibir su semblante y reacción frente a las preguntas, así como la disposición a clarificar los hechos.&nbsp; La pérdida del valor del esfuerzo, del sacrificio y el valor del trabajo ha sido el denominador común de los últimos años.&nbsp; Antes el proceso de ingreso en la UBA, en la Universidad de Santa Fe, La Plata o Córdoba, o en el propio Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la UBA) era claramente riguroso para asegurar que quienes salgan de esas casas de estudios tengan la formación acorde a la responsabilidad que asumen, evitando lo que ahora ocurre y es moneda corriente, algo que obviamente no se limita al campo del Derecho, en lo que hace a jueces y fiscales, sino a todas las disciplinas en las que, el común de los ciudadanos, no pocas veces se encuentra con contadores, abogados, psicólogos o médicos que no están a la altura de las circunstancias.&nbsp; Quizás, sí, haya que llegar a un punto intermedio y adoptar la temática como una política de Estado. Pero de nada vale seguir alentando situaciones que van en desmérito del nivel que deben mostrar jueces, legisladores, profesionales y demás actores sociales, tanto más cuanto su acción incide en el conjunto.&nbsp; Es la diferencia que vemos respecto a realidades que se ven en otros lares, sin llegar a Alemania o a Japón. Ejemplos sustantivos más cercanos como Chile, Uruguay o el Paraguay, cuyas economías, nivel de inflación y riesgo país son indicadores elocuentes que están a la vista. &nbsp;

El poderoso mensaje de la Corte: “Mérito en lugar de acomodo”

La intendente de Pirané Yéssica Palacios, junto a los ediles peronistas de esa localidad, reafirmó su férreo apoyo y compromiso con la gestión del gobernador Gildo Insfrán, al enfatizar: “Reconocemos en él, una conducción con claridad política, firmeza y una visión estratégica que ha sabido sostener a lo largo del tiempo, un proyecto de provincia basado en la inclusión, justicia social y presencia activa del Estado”. Y continuó: “Este Modelo Formoseño no es una casualidad: es la construcción política y sólida, planificada comprometida con la felicidad del pueblo”, por tanto, “no reconocer su rol histórico, es negar la realidad misma, que se refleja no solo en las obras sino también en la tranquilidad y la paz social que vivimos los formoseños”. Por ello, afirmó Palacios que “estamos convencidos de que en nuestra provincia existen hombres y mujeres con capacidad para asumir responsabilidades y continuar este camino. Los necesitamos a todos para fortalecer el Modelo Formoseño”.&nbsp; La intendente piranense aseguró también que Insfrán es el “único conductor”, que “ha marcado un rumbo claro, siendo el artífice de este proyecto político que hoy nos contiene y nos guía”. Ante lo cual, “desde los sectores que están comprometidos con las políticas de ajuste, de un Gobierno nacional insensible, no es casualidad que lo ataquen y traten de desacreditarlo”.&nbsp; “Hoy Argentina atraviesa un contexto crítico”, afirmó la intendente, “donde decisiones del Gobierno nacional &nbsp;afectan directamente a nuestra gente: como el desfinanciamiento del PAMI, la caída de programas esenciales como Remediar, la baja en la actividad económica y el deterioro del poder adquisitivo”. Estas políticas, continuó diciendo, “también impactan de manera directa en los municipios. La caída de la coparticipación y el recorte de recursos hacen cada vez más difícil sostener la gestión y dar respuestas a las demandas de nuestra comunidad”. “Más aún en nuestro caso-puntualizó la intendente-, como gestión nueva, que asumió con el compromiso de transformar y mejorar la calidad de vida de los piranenses, nos encontramos en un escenario adverso, eso implica que seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso”. Por eso, “en estos tiempos y con estos escenarios que plantea la realidad nacional”, reafirmó categórica, “una vez más, que debemos dejar de lado las ambiciones personales y fortalecer la unidad, que no es solamente una unidad por sí misma, sino que es la unidad programática de seguir trabajando para que continúe la justicia social en la provincia que garantiza el Modelo Formoseño”.&nbsp; Por todo ello, Palacios y los ediles peronistas del Concejo Deliberante “ratificamos nuestro acompañamiento incondicional al gobernador Insfrán y renovamos nuestro compromiso con el Modelo Formoseño, convencidos de que es el camino para seguir garantizando derechos y construyendo una provincia con más igualdad y oportunidades para todos”.&nbsp;

Palacios ratifico
su acompañamiento
a Gildo Insfran

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) celebró este viernes 10 de abril, su 54.o aniversario de vida institucional, consolidándose como una herramienta estratégica del modelo formoseño para garantizar el acceso al techo propio.El ingeniero Marcelo Ugelli, administrador general del IPV, en declaraciones a las que accedió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que el objetivo fundamental del organismo “es brindar la posibilidad de acceso a una vivienda a las familia formoseñas” y eso, afirmó: “Es una tarea muy importante”.&nbsp; Asimismo, indicó que a pesar de que el Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Vivienda y los fondos fiduciarios para la vivienda social, “en Formosa estamos trabajando sobre una planificación provincial”. El funcionario resaltó que “la gran meta para este año es entregar unidades en localidades del interior y realizar un sorteo en capital” y anticipó que “ya se está trabajando en el acondicionamiento de grupos de viviendas en el barrio Nueva Formosa”. Precisó que “entre los anuncios del gobernador Gildo Insfrán se encuentran las obras, con fondos provinciales, las viviendas que se iniciaron en Las Lomitas y Tres Lagunas; en tanto que en Pirané comenzarán la semana que próxima; en El Colorado, estamos haciendo los acuerdos y los convenios correspondientes para retomar las obras y en Laguna Blanca están ya en sus últimos detalles”.&nbsp; Además, en la ciudad capital, señaló que el IPV “continúa su agenda habitual de mejoramiento de barrios, con tareas de infraestructura básica en la Nueva Formosa, 800 conexiones de cloacas en el Juan Domingo Perón, la segunda etapa del Paseo Guadalupe y reparación de escaleras en ese barrio y redes de agua en el sector del Divino Niño”.&nbsp; También nombró que “en el barrio Santa Rosa estamos liberando la traza de una calle que ha sido ocupada por casas irregularmente y trasladando a esas familias a las viviendas de emergencia hídrica y poder liberar la circulación normal”.&nbsp; Consultado sobre el sistema de adjudicación de las viviendas, Ugelli defendió el mecanismo de sorteo porque “aporta transparencia” y explicó que “nosotros consolidamos el padrón y se lo entregamos al Instituto de Asistencia Social (IAS), que realiza el sorteo. A partir de ahí, comenzamos los controles pertinentes”.&nbsp; En este sentido, subrayó que el hecho de que la inscripción fuera online “facilitó mucho, porque es una declaración jurada que se hace a través de de un teléfono o computadora”, destacando que “ya no hay esas largas colas con cupos. “Trabajar sobre eso nos permitió dar la transparencia que se merece el sorteo para que queden de lado todas esas cuestiones de qué se arreglan las entregas de las casas”, aclaró al concluir.&nbsp;

Ugelli: “La gran tarea para este año es entregar
viviendas en el interior y realizar un sorteo en capital”

La decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar acreditaciones a periodistas de medios críticos sumó en las últimas horas una voz de fuerte impacto: la de Liliana Franco, histórica periodista de Ámbito Financiero, quien denunció que le negaron el ingreso a Casa Rosada después de más de tres décadas de trabajo ininterrumpido.“Con Cristina no pasó, me sacaron con un gobierno liberal”, lanzó Franco con dureza al quedar del otro lado de las rejas de Balcarce 50, en una frase que rápidamente se viralizó y expuso la gravedad institucional del conflicto. Según relató, lleva 30 años acreditada, tiene escritorio fijo en la sala de periodistas y hasta dejó pertenencias personales en su gaveta, a la que ahora tampoco puede acceder.La periodista cuestionó además la falta de fundamentos de la medida y denunció que el criterio aplicado fue selectivo y desigual. “La nota no tiene mucho fundamento, y la medida no fue pareja”, sostuvo, en referencia a la acusación oficial sobre una supuesta operación de desinformación rusa. En ese sentido, remarcó que Ámbito es un diario con 50 años de historia y rechazó de plano cualquier insinuación de financiamiento externo.<h2 style="margin-left:0px;">Los medios “cancelados” por el Gobierno de LLA</h2>La avanzada oficial alcanzó a periodistas acreditados de El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, medios a los que se les bloqueó el acceso a Casa Rosada y también al Congreso en algunos casos. La explicación informal fue una supuesta vinculación con publicaciones sobre una “campaña rusa” contra Milei, aunque la medida despertó fuertes cuestionamientos desde sectores políticos y del periodismo.<h2 style="margin-left:0px;">Qué diputados del Chaco avalaron la medida</h2>En la Cámara de Diputados, el intento opositor de repudiar la quita de acreditaciones no prosperó. Entre quienes acompañaron la postura del oficialismo y rechazaron tratar el repudio, aparecen cuatro legisladores por el Chaco:<ul><li>Guillermo Agüero (UCR)</li><li>Gerardo Cipolini (UCR)</li><li>Carlos García (LLA)</li><li>Rosario Goitia (LLA)</li></ul>La votación dejó al descubierto el respaldo parlamentario a una medida que ya es denunciada por amplios sectores como un acto de censura y disciplinamiento contra la prensa crítica.El caso de Liliana Franco, por su trayectoria y permanencia histórica en Casa Rosada, terminó de convertir el conflicto en un símbolo del deterioro de la relación entre el Gobierno libertario y los medios no alineados.

Prohibieron el ingreso a la Casa Rosada a un emblema del periodismo nacional: Liliana Franco en primera persona

Durante el debate en la Cámara de Diputados por las reformas de la ley de Glaciares, el diputado formoseño apuntó contra su par de La Libertad Avanza por las denuncias en su contra.Tras un intenso debate parlamentario, La Libertad Avanza (LLA) y aliados lograron la sanción definitiva de las reformas de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. En este marco, una de las intervenciones más destacadas fue la del diputado formoseño de Unión por la Patria Luis Basterra, quien apuntó contra el diputado libertario Atilio Basualdo por violar la Ley Nacional de Bosques y pidió el embargo de su dieta. Durante su intervención, Basterra comenzó: “El diputado Basualdo ha violado la Ley Nacional de Bosques, atentando contra el ambiente con la única finalidad de engrosar su patrimonio personal. Con total desprecio y solo con fines de lucro, el legislador desmontó 659 hectáreas”. Para graficar, el legislador explicó que es el equivalente a dos veces los bosques de Palermo. Según indicó, esta irregularidad fue detectada por el sistema de alerta temprana del Estado nacional y el diputado libertario fue condenado a pagar más de $624 millones de pesos de capital, más $124.928.832 pesos en concepto de intereses. “Sin embargo, el diputado pretende eludir su responsabilidad manteniéndose como un infractor moroso en abierta contraposición con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el de preservar y recomponer el daño ambiental. Su actual demanda judicial ordena el embargo sobre la dieta del diputado Basualdo para resarcir el daño ambiental causado”, prosiguió Basterra, aunque remarcó que esto aún sigue sin cumplirse. Desmontes ilegales en FormosaEl Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa aplicó sanciones económicas por varios cientos de millones de pesos al senador nacional Francisco Paoltroni y al intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, por estar involucrados en desmontes ilegales y compras irregulares de tierras fiscales en el interior provincial. Según detallaron desde el organismo, la investigación administrativa reveló múltiples violaciones a las normativas ambientales vigentes. Según trascendió, la causa apunta a cambios de uso de suelo sin autorización o con permisos pero sobre zonas que sus límites fueron excedidos lo que se evalúa como una violación a la normativa vigente. Basualdo fue multado por aproximadamente 1025 millones de pesos por desmontes de 467 hectáreas en cercanías a Pozo Molina, la cual es una zona considerada de alto valor biológico para el ecosistema, debido a los corredores. La segunda sanción es por 192 hectáreas desmontadas del Quemado Nuevo. La situación judicial del senador nacional Francisco Paoltroni se volvió más compleja en los últimos días tras la condena dictada por la Justicia de Formosa, que lo obliga a abonar una multa superior a los 101 millones de pesos por el desmonte ilegal de 112 hectáreas. A este escenario se suman antecedentes de infracciones previas cometidas en 2017 y 2018, que según autoridades provinciales aún no fueron regularizadas.

Basterra cruzó a Basualdo por los desmontes ilegales

Están realizando rondas de consultas en la comisión ampliada de los martes en la Cámara de Diputados, con profesionales de la educación y la salud mental, como así también alumnos del nivel secundario y centros de estudiantes. Buscan escribir y tratar una futura normativa consensuada por todos los bloques del recinto. Apuntaron contra la oposición por cuestionar un proyecto que “no existe aún”. En diálogo con AGENFOR, los diputados provinciales por el justicialismo Rodrigo Vera y Rosa Passadore, se refirieron al tratamiento en comisiones de un posible proyecto de ley para regular el uso de los dispositivos móviles en las aulas de las instituciones educativas de la provincia y aseguraron que “es una problemática que hay en todo el mundo”. En principio, Vera explicó que, en la época de la pandemia, “todas las escuelas del mundo se digitalizaron muchísimo, y hubo resultados”, pero años después, “demostraban que el uso abusivo de los dispositivos personales generaban un proceso muy difícil en la enseñanza, especialmente en los más pequeños”. Y añadió: “Por lo tanto, más de 80 países y 12 provincias ya han tomado medidas sobre esta cuestión, regulando el uso de los celulares de manera mucho más estricta cuando son niños y de manera más regulada y con excepciones, cuando están en la adolescencia, en la secundaria”. En ese marco, el legislador señaló que “hemos escuchado a docentes, directivos, personal de salud, centros de estudiantes” el pasado martes 7, durante reunión de comisión y, consideró, “fue un proceso muy enriquecedor que esperamos discutirlo con todos los bloques de la Legislatura para llegar a un acuerdo y brindar a la comunidad una solución desde el lugar que nos toca, que luego tendrá una reglamentación en el Ministerio de Educación y seguramente, instancias de diálogo y consenso dentro de las escuelas”. Asimismo, recordó que “hace dos martes atrás, hemos escuchado a los gremios” y, aseguró, “estamos en contacto permanente” porque “se escucha realmente a todos”. “Y la verdad que cuando uno comprende bien cuál es el tema, las cosas en juego, nadie puede estar en contra de un mecanismo de protección de la niñez, de la salud mental y del proceso de aprendizaje de los niños. Así que creo que cuando uno lo analiza bien y escucha a todas las partes, sabe perfectamente qué es lo que tenemos que hacer”, sostuvo.

Uso de celulares en las aulas: legisladores 
aseguraron que se escuchan todas las voces

El jefe de la bancada justicialista, Agustín Samaniego, denunció que el senador de La Libertad Avanza utilizó su influencia política para acceder a un préstamo de 270 millones de pesos en la banca pública. “Mientras el Gobierno nacional pide sacrificios, sus funcionarios se benefician con créditos que ningún trabajador puede obtener”, sentenció.La revelación de una lista de funcionarios del oficialismo nacional beneficiados por créditos hipotecarios de la banca pública generó un fuerte cimbronazo en el arco político local. El caso del senador formoseño Francisco Paoltroni, quien obtuvo un préstamo de 270 millones de pesos otorgado por el Banco Ciudad para la compra de una vivienda en Capital Federal, fue calificado por el diputado provincial Agustín Samaniego como una “burla” y una muestra de “acomodo político”. Samaniego cuestionó la coherencia del bloque libertario al recurrir a instituciones estatales para su financiamiento personal. “¿Por qué no acuden a un banco privado? Si su actividad privada es tan floreciente como dicen, deberían financiarse allí. Fueron al Banco Nación y al Banco Ciudad porque allí están sus cómplices”, disparó el legislador, señalando lo que considera una “asociación ilícita” para beneficiar a un grupo selecto con el dinero de todos los argentinos. El legislador subrayó la paradoja de que referentes que promueven el recorte del Estado sean los primeros en utilizar las herramientas de la banca pública para beneficio propio, mientras el acceso al crédito para el ciudadano común es prácticamente inexistente. Además, hizo especial hincapié en las condiciones del préstamo, destacando que el senador podrá pagarlo en un plazo de 20 a 25 años, una oportunidad que hoy se le niega a la clase media y a los trabajadores.Parálisis de la&nbsp; obra públicaSamaniego recordó que el Gobierno de Javier Milei ha paralizado todas las obras de vivienda en Formosa. “Hace dos años que no se construye una casa nacional en la provincia, y este senador, que es cómplice de ese abandono, se compra una mansión en Buenos Aires”, lamentó. “Esto es un cachetazo –agregó- para la gente que ve cómo los alquileres aumentan y el sueño de la casa propia se aleja, mientras sus representantes usan influencias para compras millonarias”. Para el jefe del bloque del PJ, las explicaciones brindadas por Paoltroni a través de comunicados resultan “simplistas” y no alcanzan para frenar lo que considera un escándalo institucional. “Paoltroni no camina la provincia, no sabe cuántos formoseños necesitan un crédito y no reciben ni una fracción de lo que a él le dieron por ser senador”, sostuvo, y en esa línea, exigió que el legislador nacional devuelva el dinero de forma inmediata y no en las cuotas de privilegio otorgadas: “El Banco Nación debe promover la vivienda para los trabajadores, no para comprar voluntades políticas”.

Samaniego tildó de “escándalo” 
el millonario crédito a Paoltroni

La única verdadera oportunidad que tenemos los ciudadanos de filtrar a los malos magistrados es en la puerta de entrada del sistema.Por Martín Zapiola Guerrico Abogado, cofundador de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Los argentinos nos quejamos con frecuencia del funcionamiento del sistema judicial. En particular, de la idoneidad y de la independencia de nuestros jueces. Hay muchos jueces probos, capaces y comprometidos. Pero la percepción social predominante está lejos de ser positiva, y no siempre sin razón: cada tanto emergen escándalos que parecen sacados de una ficción exagerada. A esos episodios se le suman experiencias personales bastante más extendidas: juicios que se eternizan, resoluciones difíciles de comprender, decisiones que generan una sensación de arbitrariedad. Aquí aparece una paradoja que llama la atención. Quienes más cuestionan la calidad de la Justicia suelen mostrar escaso -cuando no nulo- interés por el proceso mediante el cual se selecciona a los jueces. Es como si dijéramos: “Elíjanlos como quieran”. Ese desinterés es curioso y muy nocivo, porque una vez designados los jueces permanecen en sus cargos casi de por vida y sólo pueden ser removidos a través de mecanismos institucionales excepcionales y poco frecuentes. La única verdadera oportunidad que tenemos los ciudadanos de filtrar a los malos magistrados es en la puerta de entrada del sistema. Si fallamos en el proceso de selección, estamos condenados a padecerlos durante décadas. No obstante su importancia, el régimen de selección vigente ha convivido durante años con amplios márgenes de discrecionalidad. En distintos tramos del proceso -la valoración de antecedentes, las entrevistas personales, la construcción de los órdenes de mérito- existen espacios donde los criterios no resultan transparentes. Además, los parámetros de asignación de mérito de los candidatos parecen dirigidos a evaluar lo que es de fácil evaluación y no lo que es predictor del buen desempeño en la magistratura. El resultado: muchas veces los peores candidatos terminan desplazando a los mejores, sin explicación alguna. Y esto, a su vez, genera un círculo vicioso: la percepción de opacidad y discrecionalidad desalienta a muchos profesionales destacados y comprometidos para ingresar a la carrera judicial, o para esforzarse y seguir avanzando en la misma. Para alguien que confía en su capacidad e idoneidad, no resulta tentador jugar en una cancha tan inclinada. Si el problema es estructural, la respuesta no puede ser menor. Y en esa línea aparece una novedad que, a mi entender, puede determinar un cambio sistémico sustancial en la manera que elegimos a nuestros jueces. A través de la Acordada 4/2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto en marcha una propuesta de reforma del sistema de selección que apunta directamente al corazón del problema: menos discrecionalidad, mejores criterios para evaluar mérito, más reglas objetivas y mayor transparencia en cada etapa del proceso. Obviamente, esta propuesta está sujeta a la consideración y eventual aprobación del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano constitucionalmente encargado de intervenir en la selección de los jueces. La propuesta de reglamento que impulsa la Corte incluye numerosos cambios sustanciales al sistema vigente, de los cuales me interesaría resaltar los siguientes: Anonimato absoluto garantizado: se establece un sistema de anonimato real en los exámenes escritos, basado en códigos alfanuméricos y sistemas informáticos auditables. Quien corrige no es quien diseña los exámenes y no tiene forma de saber a quién está evaluando. Esto elimina de raíz uno de los factores más sensibles de cualquier proceso de selección, la posibilidad de que el nombre, los vínculos o la trayectoria del candidato influyan -consciente o inconscientemente- en su calificación. Reducción de la incidencia de la entrevista personal: actualmente esta instancia funciona como un espacio donde pueden alterarse de manera significativa los órdenes de mérito construidos en las etapas técnicas. La entrevista personal permite hoy que los últimos en resultados técnicos terminen primeros y viceversa. La propuesta de la Corte limita la incidencia de la entrevista personal -necesaria en términos institucionales- al 10 por ciento de la calificación total obtenida por el entrevistado y además exige que se justifique cabalmente el puntaje que se asigna. Concursos anticipados como regla general: esta es quizás la modificación con mayor impacto sistémico para el servicio de Justicia y el drama de los juzgados vacantes. Actualmente lo habitual (aunque hay esporádicas excepciones) es que se tramiten los concursos cuando se producen -y se acumulan- las vacantes en los tribunales. Algo así como llamar a concurso para cirujanos en el momento en que el paciente está ingresando al quirófano. La regla propuesta es que se realicen regularmente concursos anticipados para poder cubrir las vacantes cuando estas se produzcan y facilitar la planificación institucional. Creo que el valor de esta iniciativa no es sólo técnico sino institucional: recordarnos que la calidad de la Justicia no empieza en las sentencias, sino mucho antes, en la forma en que se elige a quienes van a dictarlas. Quizás sea momento de que, como sociedad, dejemos de mirar sólo lo que hacen los jueces y empecemos a prestar más atención a cómo llegan a serlo.Análisis (1)Con notable claridad, poder de síntesis y precisión el doctor Zapiola puntualiza tres aspectos centrales en el proceso de selección que se viene aplicando hace más de tres décadas y que ha llevado a la degradación del sistema judicial en el país y en todas las provincias. En este contexto, la propuesta de la Corte Suprema apunta a darle seriedad y transparencia a un sistema que no las tiene y que ha contribuido al descrédito de la Justicia que está en los escalones más bajos de valoración. Así lo reveló la reciente encuesta de Poliarquía, que marcó la diferencia con la opinión que de la Corte Suprema tiene la gente, que la pone en el sitial más alto entre los actores sociales con un 48 por ciento de ponderación positiva. Zapiola Guerrico destaca tres aspectos fundamentales. En primer término, la necesidad de garantizar el anonimato, impidiendo que —con antelación— circulen las preguntas o existan mecanismos que permitan identificar a los que rinden. En segundo término, reducción de la incidencia de la entrevista personal que ha llevado, en la práctica, a postergar, muchas veces, a los mejor calificados en beneficio de quienes venían, algunos muy atrás. En tercer lugar, a anticipar el llamado a concurso, antes que las vacantes se produzcan, siempre que ello sea posible. El ejemplo que pone el doctor Zapiola es revelador de algo que es obvio y que cuesta entender, como así no se ha entendido en estas más de dos décadas de funcionamiento del Consejo. Se pregunta si sería válido esperar que el paciente esté entrando al quirófano para llamar a concurso para designar cirujanos. En este marco, la opinión se suma para el debate esclarecedor que deberá darse tanto en el Consejo de la Magistratura nacional como en los superiores tribunales de Justicia y consejos de la magistratura locales, así como en las respectivas legislaturas que tienen la posibilidad de establecer la regulación legal si se advirtiera un retardo, o indiferencia en los ámbitos específicos.Análisis (2)El debate abierto respecto a la forma cómo se elige a los jueces debe extenderse a lo que ocurre en las representaciones electorales en todos los niveles y jerarquías. Argentina vive, desde hace más de dos décadas, una inédita crisis de representación, con partidos políticos que han dejado de funcionar democráticamente, lo cual ha llevado a una caída del nivel de las representaciones, algo que se verifica todos los días en la exposición mediática de quienes han sido electos por el voto popular. Más allá de la declamada renovación, puesta en duda por muchos, porque se advierten que los nuevos que aparecen muchas veces traen todos los vicios que se atribuye a los anteriores, incluso aumentados. En esto, hasta los jóvenes distan de ser portadores de la frescura que podría traer la aparición de nuevas figuras, más allá de que canse el mantener en cartelera a quienes acumulan fracasos y han mostrado una particular habilidad para cambiar de camiseta sin el más mínimo rubor. En este contexto, para que se entienda, hay que comenzar por lo primero que es cambiar las reglas de juego, algo que va más allá de los nombres. En el marco interno, asegurar la vigencia de las Primarias obligatorias para que cada espacio defina sus candidatos, terminando con la práctica del “dedo” que no es una crítica que termine en Cristina Kirchner, sino que se ha extendido para sorpresa de todos los que quieren acciones superadoras tendientes a jerarquizar la política. En lo que son las elecciones generales habrá que ver si la eliminación del Colegio Electoral fue una buena decisión, y sin duda terminar con las listas sábanas incorporando el voto electrónico asociado a la boleta única, terminando con la Ley de Lemas que es absolutamente distorsiva y que además otorga una ventaja definitoria a los que controlan la caja del Estado.

¿Cómo elegimos a nuestros jueces?

El intendente Jofré reivindicó el valor histórico de la fundación y destacó la vigencia de los valores de los pioneros. En un discurso marcado por la defensa de la justicia social, cuestionó el rumbo económico nacional, rechazó la lógica del individualismo y convocó a la comunidad a fortalecer la unidad para proteger el desarrollo productivo y humano de la provincia. En el 147° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Formosa, el intendente Jorge Jofré encabezó un emotivo acto junto al gobernador Gildo Insfrán. Durante su discurso, el jefe comunal realizó un recorrido histórico, defendió la identidad local y lanzó duras críticas al rumbo de las políticas nacionales, contraponiendo el modelo de desarrollo provincial. Con el río Paraguay como testigo, Jofré recordó la figura del comandante Luis Jorge Fontana, aquel expedicionario que en 1879 eligió estas tierras para fundar lo que describió como un “paraíso terrenal”. “Los formoseños tenemos incorporado un decidido arraigo a esta tierra; nuestra implantación fue producto de un proceso histórico que nos compromete con su destino”, afirmó el intendente, reivindicando el legado de los primeros pobladores. Al analizar el contexto actual, Jofré no ahorró críticas hacia el Gobierno central. Manifestó su preocupación por el desfinanciamiento en áreas clave como educación, ciencia y políticas sociales, advirtiendo que el modelo vigente parece excluir a las mayorías, y rechazó la lógica del “sálvese quien pueda” y la competencia permanente. Teniendo a la justicia social como eje, afirmó que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, citando una máxima que guía el Modelo Formoseño. También destacó que bajo la conducción de Gildo Insfrán, Formosa “exhibe logros extraordinarios centrados en el desarrollo humano”. En su rol municipal, Jofré subrayó el trabajo realizado para fortalecer las economías locales, el apoyo a emprendedores y a las PyMEs, a las que calificó como el “corazón del desarrollo productivo”. “Creemos en una ciudad que avanza, pero con justicia social y oportunidades para todos. Nada de esto sería posible sin la herramienta más poderosa que tenemos: la unidad”, dijo con firmeza. Para concluir, el intendente convocó a los vecinos a defender el proyecto colectivo de provincia. “Formosa no es solo un lugar en el mapa, es una comunidad viva y una historia que escribimos todos los días”, remarcó, antes de cerrar con un emotivo llamado a honrar a los pioneros: “Sigamos construyendo juntos una Formosa cada día más justa, más solidaria y más unida”.

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