ADF rechazó la reforma laboral y advirtió sobre  impacto en los derechos docentes y jubilatorios

Uno de los puntos más preocupantes es la declaración de la educación como servicio esencial, medida que implica una restricción al derecho de huelga y a la protesta sindical. Además, se hizo notar que la flexibilización laboral y la modificación de los aportes afectarían el financiamiento de las cajas jubilatorias, comprometiendo la sustentabilidad del sistema y el futuro de los trabajadores activos.
La Agremiación del Docente Formoseño (ADF) expresó su firme rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional, al considerar que representa un retroceso en los derechos conquistados por los trabajadores y una amenaza para el sistema previsional y la estabilidad laboral.
Con el objetivo de informar a la comunidad sobre los alcances de la normativa, la secretaria general adjunta del gremio, Vilma Ibars; junto al secretario del Interior, Solano Mendoza, y el secretario de Jubilación y Asuntos Previsionales, Néstor Medina, brindaron un informe detallado sobre los aspectos que consideran más perjudiciales de la Ley 27.802 y de los decretos reglamentarios 407, 408 y 409.
Durante la exposición, Ibars sostuvo que uno de los puntos más preocupantes es la declaración de la educación como “servicio esencial”, medida que, según afirmó, implica una restricción al derecho de huelga y a la protesta sindical.
“La esencialidad de la educación es presentada como una garantía para la sociedad, pero en realidad busca limitar la capacidad de los trabajadores para reclamar por salarios dignos, mejores condiciones laborales y resguardo de la salud”, expresó la dirigente. 
En ese sentido, señaló que la obligación de mantener las escuelas abiertas durante medidas de fuerza debilita una de las principales herramientas de negociación de los trabajadores.
Por su parte, Néstor Medina alertó sobre las consecuencias que la reforma podría tener sobre el sistema previsional. Según explicó, la flexibilización laboral y la modificación de los aportes afectarían el financiamiento de las cajas jubilatorias, comprometiendo la sustentabilidad del sistema y el futuro de los trabajadores activos.
Asimismo, cuestionó los cambios introducidos en materia de indemnizaciones por despido. Indicó que el nuevo esquema reemplaza el pago directo por mecanismos de capitalización y cobertura colectiva, favoreciendo a los empleadores. Además, advirtió que para el cálculo indemnizatorio solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, dejando fuera conceptos como el aguinaldo y las vacaciones.
A su turno, Solano Mendoza hizo referencia al denominado Fondo de Asistencia Laboral y sostuvo que la iniciativa profundiza la precarización de las relaciones de trabajo. Según explicó, la normativa habilita a las empresas a abonar indemnizaciones en cuotas de hasta doce meses y permite incluso que grandes compañías cancelen condenas judiciales firmes en seis pagos: “Esto transforma el despido en un mecanismo más accesible para las patronales y reduce la protección de los trabajadores”.
Desde la conducción de ADF remarcaron además que la calidad educativa no puede construirse sobre la restricción de derechos laborales. En ese marco, sostuvieron que el fortalecimiento de la educación pública requiere garantizar condiciones dignas de trabajo para los docentes y respetar las herramientas de representación sindical.
Finalmente, los dirigentes insistieron en que reclamar salarios justos y mejores condiciones laborales constituye un derecho legítimo y una necesidad para miles de familias trabajadoras: “Si la escuela es el segundo hogar de nuestros hijos, no podemos permitir que se destruya el hogar de quienes los educan”.
La organización sindical reafirmó así su compromiso de mantenerse “unida, organizada y en defensa de la dignidad docente” frente a las reformas que considera perjudiciales para el sector.