ADPRA acompaña iniciativa para la protección de niños y adolescentes en entornos digitales

Gialluca señaló que esta problemática no puede seguir abordándose de manera fragmentada ni apoyarse solo en esquemas de autorregulación, se necesita un marco normativo integral, acompañado por políticas públicas en educación, salud, alfabetización digital y apoyo a las familias.
El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, en su carácter de vicepresidente de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina, informó que ADPRA, junto a un amplio conjunto de actores institucionales, académicos y sociales, solicitaron a las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de la Nación, “el tratamiento prioritario de una regulación integral para la protección de los derechos de niños y adolescentes en los entornos digitales accesibles en nuestro país”. 
Se advirtió que “la Argentina no puede seguir abordando este tema mediante respuestas fragmentadas, tardías o basadas casi exclusivamente en la autorregulación empresaria. Por eso, el problema no puede reducirse de manera simplista al uso de pantallas, ni confundirse con los usos pedagógicos o mediante la tecnología”. 
Consideran que “el foco principal debe ponerse en las plataformas algorítmicas, en sus diseños, en sus incentivos económicos y en los riesgos que producen o amplifican. Hoy niños y adolescentes enfrentan múltiples riesgos en línea: violencia digital, grooming, discursos de odio, difusión no consentida de contenidos, desinformación, acceso temprano a pornografía, apuestas, consumos problemáticos, dificultades para la desconexión y afectaciones al bienestar, la autoestima y la salud mental”. 
Señalaron asimismo que “estos riesgos se intensifican en un contexto de desigualdad, sobrecarga de cuidados, debilitamiento de políticas públicas y profundas diferencias en las posibilidades reales de acompañamiento familiar y comunitario”. 
La futura regulación argentina debe partir de algunos consensos básicos: en primer lugar, debe exigir que las plataformas y servicios digitales identifiquen, evalúen y mitiguen de manera integral todos los riesgos relevantes para niñas, niños y adolescentes. No alcanza con respuestas parciales, voluntarias o meramente formales. Cuando un servicio detecta riesgos significativos para personas menores de edad, debe quedar obligado a reducirlos efectivamente.
La regulación debe estar orientada a resultados concretos y no a simples declaraciones de buena voluntad. En segundo lugar, debe incorporar un principio claro de protección y seguridad desde el diseño y por defecto. La prevención debe estar integrada desde el inicio: en la arquitectura de las plataformas, en las configuraciones predeterminadas, en los sistemas de recomendación, en las dinámicas de interacción y en las decisiones sobre recopilación y uso de datos personales.
En tercer lugar, resulta indispensable asegurar una protección reforzada para niños más pequeños, garantizando experiencias apropiadas para la edad y evitando que puedan acceder libremente a servicios o contenidos claramente inadecuados. Las barreras de entrada pueden formar parte de la respuesta, pero no son suficientes por sí solas: una vez dentro, los entornos también deben ser seguros.
En ese marco, cualquier mecanismo de verificación o estimación de edad debe ser proporcional, eficaz y respetuoso de la privacidad, sin convertirse en una vía para expandir la vigilancia o el uso indebido de datos personales. Entendemos que la discusión sobre verificación de edad debe ocupar un lugar central, pero con un enfoque adecuado.
La verificación o estimación de edad no puede ser presentada como una solución mágica ni tampoco descartada de plano. No es posible regular adecuadamente los entornos que habitan sin incorporar sus experiencias, necesidades, tensiones y derechos. La participación no debe ser simbólica: debe formar parte del diagnóstico, del diseño de respuestas y de la evaluación de resultados.
Por ello, se solicitó al Congreso de la Nación que: impulse con carácter prioritario una regulación integral de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, establezca obligaciones claras de prevención, seguridad desde el diseño, transparencia algorítmica y protección reforzada de los más pequeños, incorpore límites al uso de datos personales y al perfilamiento de personas menores de edad, garantice mecanismos efectivos de supervisión, evaluación de impacto, sanción y rendición de cuentas, convoque a un debate plural, federal e interdisciplinario, con participación de sociedad civil, academia, organismos públicos, sistema educativo, sistema de salud y adolescentes.