Advierten que la falta de mantenimiento de las rutas nacionales agrava el riesgo de muertes
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La Defensoría del Pueblo reunió a representantes de la Policía de Seguridad Vial y del Municipio para coordinar acciones de concientización. Advirtieron que Argentina registra alrededor de 4.060 muertes anuales por siniestros viales y cuestionaron la falta de inversión en las rutas nacionales.
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Los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte y lesiones graves en el mundo, con consecuencias que trascienden a las víctimas directas y afectan profundamente a sus familias y comunidades. En Argentina, el problema mantiene cifras alarmantes: alrededor de 4.060 personas pierden la vida cada año en hechos de tránsito, lo que representa un promedio de entre 10 y 11 fallecimientos diarios.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Formosa convocó a una reunión interinstitucional para coordinar acciones de concientización y prevención, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Del encuentro participaron el director general de la Policía de Seguridad Vial, comisario Ramón Viera; el subcomisario Manuel Salinas, de la Delegación Vial capital; la coordinadora de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad, Gabriela Toledo; y el coordinador y capacitador de la Escuela de Conductores, Patricio Jara. Fueron recibidos por el defensor del Pueblo, doctor José Leonardo Gialluca, junto a asesores letrados del organismo.
Durante la reunión se analizaron las estadísticas de siniestralidad, los factores de riesgo y la necesidad de profundizar las políticas de prevención, con especial atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública.
Gialluca señaló que, de acuerdo con los datos de organismos internacionales, los siniestros viales provocan alrededor de 1,3 millones de muertes anuales en el mundo y dejan a más de 50 millones de personas con lesiones graves. Además, constituyen la principal causa de mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
En Argentina, los registros oficiales correspondientes a 2025 consignaron 3.255 siniestros fatales y una tasa de 8,8 fallecidos cada 100.000 habitantes. Al considerar el total de víctimas mortales estimado en alrededor de 4.060 personas, la problemática adquiere una dimensión que exige respuestas sostenidas de prevención, control e infraestructura.
El funcionario advirtió que los motociclistas representan entre el 46% y el 50% de las víctimas fatales, seguidos por los ocupantes de automóviles, con un 23%; los peatones, con un 14%; y los ciclistas, con un 5%. También señaló que los varones jóvenes de entre 15 y 34 años constituyen uno de los grupos más afectados, mientras que cerca de la mitad de los siniestros fatales se producen en rutas y alrededor del 60% corresponde a colisiones directas.
La infraestructura vial
Uno de los principales ejes de preocupación planteados durante la reunión fue el estado de las rutas nacionales y la falta de inversiones destinadas a su mantenimiento, construcción y rehabilitación.
Los participantes cuestionaron la ausencia de obras y advirtieron que esta situación no responde a la falta de recursos, sino al presunto desvío de fondos que, por disposición legal, deben destinarse al sistema vial.
En particular, señalaron la utilización de recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya recaudación contempla asignaciones específicas para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de transporte.
En ese sentido, denunciaron que priorizar el equilibrio fiscal mediante la retención o reasignación de esos recursos tiene consecuencias que van más allá del deterioro de las rutas: incrementa los riesgos para quienes transitan por ellas y genera mayores costos económicos para el conjunto de la sociedad.
Asimismo, sostuvieron que el mal estado de las rutas nacionales le cuesta al país hasta tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI), debido al impacto sobre el transporte, la logística y la actividad económica.
“Cada peso no invertido a tiempo en mantenimiento se termina multiplicando varias veces cuando las rutas ya requieren una rehabilitación completa”, advirtieron.
Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que continuarán impulsando acciones administrativas y judiciales para reclamar las inversiones necesarias y defender los derechos de los usuarios de las distintas trazas viales que atraviesan el territorio provincial.
Prevención, controles y asistencia a las víctimas
En la reunión en la Defensoría del Pueblo de los aspectos abordados fue la necesidad de fortalecer las acciones de concientización y los controles de tránsito, teniendo en cuenta que la seguridad vial requiere tanto infraestructura adecuada como conductas responsables por parte de quienes circulan.
El defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca destacó el trabajo cotidiano de los servicios de emergencia y de los efectores públicos de salud que intervienen en la atención de las personas afectadas por siniestros viales. Advirtió que el incremento de víctimas también genera una mayor presión sobre el sistema sanitario, que debe responder simultáneamente a múltiples demandas de la comunidad.
En esa línea, remarcó que las consecuencias de estos hechos no terminan con la atención médica inmediata, ya que las víctimas y sus familias deben afrontar secuelas físicas, emocionales y psicológicas que requieren acompañamiento y asistencia integral.
Durante el encuentro también se abordó la situación de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Motovehículos, cuyo cierre fue cuestionado por los participantes debido a las dificultades y la inseguridad jurídica que, según señalaron, puede generar, particularmente en provincias fronterizas como Formosa.
Asimismo, se recordó la documentación obligatoria para circular en motocicletas: licencia de conducir en formato físico, cédula de identificación del vehículo en formato físico o digital mediante la aplicación Mi Argentina y seguro obligatorio vigente, acompañado del último comprobante de pago. En el caso de la cédula digital, aclararon que no son válidas las capturas de pantalla ni las impresiones plastificadas, dado que el código QR debe generarse desde la aplicación oficial al momento del control.
Finalmente, desde el organismo solicitaron reforzar la fiscalización para evitar que las bicisendas y los carriles destinados a bicicletas sean utilizados para realizar maniobras peligrosas, como los denominados willys. Advirtieron que estas conductas ponen en riesgo tanto a quienes circulan en bicicleta como a las personas que utilizan los espacios públicos y recreativos.