Alerta por las rutas deterioradas: un factor  clave en la negociación con los gobernadores

La trastienda de una realidad que preocupa cada día más. El caso Santa Fe que puede servir como modelo. De fondo está la ley que más quiere Milei: eliminar las PASO. Y un dato clave: el 72% de la población rechaza la suspensión de la obra pública.

El estruendo interrumpió el silencio de la madrugada en el corazón productivo de Argentina. Los pedazos de cabina que se desprendieron por el impacto quedaron desperdigados por la banquina en el medio de la oscuridad. El alarido de un hombre corpulento, que se sacudía violentamente sobre su asiento por el dolor, no hizo más que agitar a las alimañas que a esa hora los pululaban por las plantaciones de la zona. 
La escena, vista desde el carril de enfrente por un automovilista que venía escuchando música, era la de una tragedia que no fue mortal de puro milagro. El reloj marcaba la una y media cuando el chofer de un camión que avanzaba por el kilómetro 7 de la ruta nacional A012, en el sur de Rosario, advirtió demasiado tarde que tenía otro vehículo de carga adelante: el choque contra la parte trasera fue seco, brutal y suficiente para convertir una de las arterias más importantes de Santa Fe en una enorme playa de estacionamiento improvisada. “Iba bien despacio porque el asfalto está lleno de pozos y si acelerás mucho te la ponés”, le explicó uno de los sobrevivientes a la Policía.
Los dos rodados terminaron destrozados. Las personas involucradas tuvieron que ser trasladadas al hospital de emergencias más cercano. Y durante más de ocho horas, hasta que las autoridades locales consiguieron arrastrar las moles de metal casi mil metros para despejar la calzada, el tránsito permaneció completamente cortado en ambas manos. 
De esa manera, detrás de la escena principal se desplegó otra película, tan preocupante como costosa: filas interminables de camiones, conductores que apagaban los motores para ahorrar combustible, toneladas de mercadería que no llegaban a destino, turnos perdidos en las terminales portuarias, desvíos por accesos secundarios no preparados para ese fin y una cadena logística que acumulaba demoras millonarias. 
No se trata de una exageración: la A012 une las rutas 9 y 11 y se conecta con la 33 y 34, un sector del país por el que se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites. En otras palabras: no es un camino secundario olvidado en el mapa sino una de las venas principales por las que circulan los dólares que necesita la gestión libertaria.
Menos de un mes después de aquel peligroso accidente, el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acaban de firmar en la Casa Rosada un acuerdo inédito que llevó 24 meses de rosca: durante los próximos veinte años, el distrito se hará cargo de la administración, el mantenimiento, la rehabilitación y las nuevas obras de la A012. En la fotografía de ocasión, la secretaria general, Karina Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostraron sonrientes. El radical fue cordial y agradecido. Y todos parecían satisfechos.
Sin embargo, el convenio escondía bastante más tensión de la que podía intuirse en la superficie. ¿Por qué? La Nación, plantada en su idea de abrir la billetera lo menos posible, sigue conservando el dominio público y la jurisdicción federal de ese corredor; la provincia, por su parte, se queda con la traza, los cráteres, los posibles incidentes y la factura. “Gastamos de la nuestra, es cierto, pero nos conviene ordenar este caos”, explican cerca de Pullaro.
Y agregan que la urgencia superó cualquier discusión conceptual sobre responsabilidades: “Las rutas están detonadas y son un factor de riesgo para la vida de la gente. No podemos quedarnos esperando que algún día las arreglen”. De hecho, la Casa Gris ya había licitado con anticipación distintos trabajos para acondicionar buena parte de los 67 kilómetros de calzada y prometió poner las máquinas en funcionamiento de forma inmediata. No es altruismo federal ni resignación administrativa: es una decisión política. “Los ciudadanos no distinguen si el bache que les rompe una cubierta pertenece al Estado nacional o provincial” señalaron.