Ambientalistas y oposición marchan contra las restricciones en el debate de la Ley de Glaciares

La movilización de hoy surge tras el rechazo judicial a ampliar las audiencias públicas. Organizaciones sociales y pueblos originarios denuncian un vaciado de la participación ciudadana en favor de intereses mineros vinculados al RIGI.
El Congreso de la Nación retoma su actividad hoy en un clima de máxima confrontación. Mientras la Cámara de Diputados se prepara para recibir a los primeros 100 oradores en una audiencia pública clave por la modificación de la Ley de Glaciares, las calles adyacentes prometen una postal de resistencia bajo la consigna: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.
La controversia escaló luego de que los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, los oficialistas Nicolás Mayoraz y José Peluc, impusieran límites estrictos a la participación. Con un padrón de inscriptos que supera las 100.000 personas, el oficialismo determinó que solo se recibirán 200 ponencias (presenciales y virtuales), el resto de los interesados deberá enviar un video, sin posibilidad de interacción.
El acceso al recinto de comisiones estará restringido exclusivamente a los diputados miembros y solo dos asesores por bloque, limitando la presencia de otros legisladores interesados.
Pese al recurso de amparo presentado por ONG ambientalistas para garantizar la presencialidad de todos los sectores, la Justicia rechazó la medida, lo que disparó la convocatoria a la marcha de las 17 horas.

El reclamo por el
agua y el territorio

Desde la oposición y los movimientos sociales, la lectura es uniforme: se busca evitar el costo político de un debate social profundo.
“Es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer. La restricción es la contracara de lo que debería ser este proceso”, sentenció la diputada Teresa García (Unión por la Patria).
Por su parte, Juan Grabois destacó la exclusión de las comunidades territoriales: “Pedimos que los pueblos originarios sean escuchados; de 15 representantes solo conseguimos que entren 3. Vamos a estar afuera en la marcha”. La comitiva de protesta incluye a autoridades mapuches, mapuches-tehuelches y diaguitas de la Patagonia y el NOA, además del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quienes alertan que la reforma pone en jaque las reservas de agua dulce del país.
Para La Libertad Avanza (LLA), la celeridad es una cuestión de Estado. El objetivo es obtener dictamen de inmediato para habilitar proyectos mineros que hoy se encuentran frenados por la normativa vigente.
Los puntos más polémicos de la reforma propuesta son:
-Semántica extractiva: se propone cambiar el término ambiente periglacial por geoforma periglacial, una modificación técnica que reduciría drásticamente la superficie protegida.
-Federalismo hídrico: se busca que las provincias puedan autorizar actividades si demuestran que no se afecta el recurso, permitiendo proyectos en zonas actualmente vedadas.
-Atracción de capitales: la reforma es vista como la llave para que grandes empresas mineras ingresen al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
-Mientras el oficialismo intenta planchar el debate para esquivar las críticas por la situación económica y el estilo de vida de figuras clave como el jefe de Gabinete, la oposición apuesta a que la presión social en las puertas del Congreso logre dilatar un trámite que consideran una entrega de recursos naturales estratégicos.
La reforma propuesta busca flexibilizar la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para facilitar la inversión económica, especialmente en la minería. Esto se logra limitando el alcance de la protección, permitiendo actividades económicas y otorgando más poder de decisión a las provincias. Por otro lado, la ley actual prioriza la protección del agua dulce y el medio ambiente sobre los intereses económicos a corto plazo.