Aráoz defendió la legitimidad del plan nuclear y denunció un intento de vaciamiento

Desde el punto de vista técnico, Aráoz destacó que la solidez del proyecto está ampliamente demostrada a través de la supervisión permanente de organismos internacionales que regulan la actividad nuclear con fines pacíficos.
Las recientes declaraciones públicas surgidas a partir de una entrevista publicada por Infobae reavivaron el debate en torno al proyecto de la nueva planta de purificación de uranio (NPU) en Formosa. 
En ese contexto, Julio Aráoz, ex secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa y ex presidente de Dioxitek S.A., salió a fijar una posición clara y contundente en defensa del proyecto nuclear argentino.
Aráoz consideró “fundamental leer con atención” las expresiones del doctor Rolando Granada, físico formoseño de reconocimiento internacional y con una extensa trayectoria en el sector nuclear nacional. Según explicó, Granada abordó la situación del sector y del proyecto NPU “desde una mirada estrictamente profesional, con autoridad técnica y con profundo conocimiento del sistema nuclear argentino, al que ha aportado durante toda su carrera”.
En ese sentido, afirmó coincidir plenamente con la visión de Granada respecto a la importancia estratégica del proyecto NPU, al remarcar que se trata de una iniciativa que forma parte del Plan nuclear argentino, aprobado oportunamente por unanimidad en el Congreso de la Nación. “Ese solo dato deja en claro que no se trata de un capricho ni de una decisión aislada, sino de una política de Estado”, sostuvo.
Desde el punto de vista técnico, Aráoz destacó que la solidez del proyecto está ampliamente demostrada a través de la supervisión permanente de organismos internacionales que regulan la actividad nuclear con fines pacíficos. Entre ellos mencionó a la ABACC (Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares) y a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuyas auditorías periódicas garantizan el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad y control.
El exfuncionario también subrayó la legitimidad social del proyecto, al recordar que la iniciativa fue sometida a audiencias públicas en la provincia de Formosa, realizadas en el marco de la Ley General del Ambiente. “Estas instancias permitieron que la comunidad accediera a información precisa y que el proyecto obtuviera la licencia social necesaria para su ejecución”, explicó.
En el plano jurídico, Aráoz remarcó que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo de relevancia institucional, en el cual quedó acreditado que el Estado nacional, el estado provincial y la empresa Dioxitek presentaron toda la documentación exigida conforme a las normas vigentes. “Esto reafirma la legalidad del proyecto y derriba cualquier intento de cuestionamiento infundado”, afirmó.
Asimismo, recordó que el proyecto NPU se financia íntegramente con aportes del Tesoro Nacional y que, al tratarse de una empresa estatal con participación minoritaria de la provincia de Mendoza, todas las decisiones vinculadas al proyecto se encuentran debidamente documentadas. “Las actas de directorio, los informes gerenciales y la intervención permanente de la comisión fiscalizadora de la SIGEN dejan constancia de cada paso dado”, señaló, al tiempo que consideró que se trata de una “excelente oportunidad para una investigación periodística seria y responsable”.
Aráoz fue particularmente crítico al referirse a las sucesivas paralizaciones del proyecto, al recordar que la obra, iniciada en 2015 y con fecha prevista de finalización en 2020, fue detenida durante la gestión de Mauricio Macri, bajo la conducción de Julián Gadano. Según explicó, esa decisión implicó “costos exorbitantes, reingenierías innecesarias, interrupciones sucesivas y un grave perjuicio para el sistema nuclear”.
De manera aún más dura, señaló que el mismo funcionario regresó al sector nuclear durante el actual gobierno nacional y dispuso una segunda paralización del proyecto, llegando a Formosa “exclusivamente para despedir a casi el 90 por ciento de los profesionales y trabajadores de la planta”. Para Aráoz, estas decisiones “no son aisladas” y responden a una política que “atenta contra el sistema científico-tecnológico y la soberanía argentina”.
También cuestionó a sectores locales que históricamente se opusieron a la construcción del polo científico-tecnológico y al proyecto NPU, demostrando que persisten en su insolvencia para reconocer lo que beneficia a Formosa y a su pueblo. “Resulta llamativo que se demonice la actividad nuclear mientras en la provincia funciona un Centro de Medicina Nuclear que salva vidas y demuestra, en los hechos, los beneficios de estas tecnologías aplicadas con fines pacíficos”, expresó.