Desde hoy se llevarán a cabo las reuniones con bloques dialoguistas
Arrancó el período de sesiones extraordinarias y el Congreso Nacional reabrió sus puertas
El periodo se extiende desde el lunes 20 de enero hasta el viernes 21 de febrero. Siete son los proyectos a tratar que se encuentran en diferentes situaciones parlamentarias, entre ellos, el de ficha limpia que envió el Ejecutivo.
El Congreso de la Nación reabrió sus puertas ayer hasta el viernes 21 de febrero para que se lleven a cabo el período de sesiones extraordinarias convocado por el Gobierno nacional a fin de tratar un temario compuesto por siete proyectos de interés del oficialismo. La convocatoria fue oficializada el pasado 13 de enero con la publicación del Decreto 23/2025 en el Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ingresó al Congreso a través del Senado de la Nación.
Francos, al igual que en 2024, junto al vicejefe José Rolandi tendrán la ardua tarea de buscar los consensos durante los siguientes días. Por ello, a partir de hoy se llevará a cabo la primera reunión en Casa Rosada con los bloques aliados y dialoguistas para ir definiendo el cronograma de trabajo de cara a las siguientes cinco semanas de verano que tienen por delante en el Parlamento.
Así, convocarían a representantes del Pro encabezados por Cristian Ritondo; Oscar Zago por el MID; Rodrigo de Loredo por la UCR y Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Federal. Sin embargo, este último ya anticipó que no asistirá, según trascendió. Prefiere que cualquier diálogo se lleve adelante en el ámbito del Congreso.
Sobre ese tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo reuniones con los jefes de bloque de Unión por la Patria y Encuentro Federal, Germán Martínez y Miguel Pichetto, más los diputados nacionales Ricardo López Murphy, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño.
Desde la oposición se conocen reparos porque en esta convocatoria de extraordinarias no fue incluido para su tratamiento el Presupuesto 2025, como ya hizo saber a través de un comunicado que levantó polvareda el Pro.
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Ficha Limpia
La gran novedad tuvo lugar promediando la tarde del viernes cuando el Presidente firmó, previo a su viaje a Estados Unidos, el proyecto de ficha limpia que será uno de los patos fuertes del debate.
La iniciativa, que fue elaborado para reemplazar el dictamen que no se alcanzó a debatir en noviembre del año pasado en Diputados, consta de siete artículos y, el dato saliente, es que esta iniciativa no pondrá a resguardo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en el caso de que sea aprobado no podrá presentarse como candidata, ya que modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos estableciendo la incorporación de un inciso en el artículo 33.
Inhibe de poder ser candidatas a las personas condenadas por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, abarcando los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, y todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional.
“El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”, expresa el proyecto.
En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, agrega el texto, que establece además que “la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
No solo no podrán ser candidatas a cargos elegidos en elecciones, sino que aquellas personas alcanzadas por esta ley tampoco podrán estar habilitadas para ser jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco serán autoridades de entes, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social.
Las comisiones
que trabajarán
En el temario de 7 cuestiones, 4 están listas para llegar al recinto, mientras que otras tres deben hacer todo el recorrido correspondiente a cualquier ley. En ambas cámaras, lo que puede hacer más engorroso y hasta escueto el tiempo de cinco semanas dispuesto para debatirlos.
Juicio en ausencia y el proyecto sobre reincidencia y reiterancia están listos para el recinto de Diputados. De aprobarse, deberán pasar por la Comisión de Justicia y la de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado. En cuanto al segundo, solo tendrá tratamiento por la Comisión de Justicia en el Senado.
Los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones del Senado. Son los propuestos por el Ejecutivo para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Pero también pueden ser incluidos ascensos militares y pliegos judiciales, en cuyo caso debería ser convocada la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, aunque no pareciera ser este el caso.
Todo indica que el Senado abrirá el recinto para debatir si aprueba o no a Lijo, y a continuación trataría sobre tablas el caso del jurista García-Mansilla.
La eliminación de las PASO arrancará su camino en Diputados y deberá ser tratado antes de llegar al recinto por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz; la de Justicia, encabezada por Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Una vez aprobado, si eso sucede, debería pasar por las mismas comisiones del Senado. La reforma electoral debería pasar por Justicia y Asuntos Penales, que encabeza el riojano Juan Carlos Pagotto, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche.
En cuanto a ficha limpia las comisiones que deberán encargarse de tratar el proyecto son Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados. En tanto que el tercero de los proyectos que deberán hacer todo el recorrido legislativo por ambas cámaras es el de compensación e índice de actualización de quebrantos, también del Ejecutivo, que necesita dictamen de Presupuesto y Hacienda.
Eliminación de las PASO
Otro de los proyectos que integran el temario y será eje de una gran discusión es aquel que deroga las PASO que el Gobierno buscará ir a fondo y ya anticipó que no quiere saber nada con una posible suspensión, pero para eso deberá consensuar con los espacios dialoguistas debido a que las reformas electorales requieren de una mayoría absoluta en el recinto, es decir, 129 votos afirmativos. Tal número, excede a la composición de La Libertad Avanza y los aliados.
En línea con el recorte a los gastos del Estado, el oficialismo hace énfasis en que la eliminación de las elecciones primarias dejaría un ahorro superior a los 150 millones de dólares. Esto fue explicado por el Gobierno nacional en el contenido del proyecto enviado al Congreso el pasado 21 de noviembre.
Por otro lado, también están, los regímenes de reiterancia y reincidencia, que consiguió dictamen el 25 de septiembre y busca terminar con “la puerta giratoria” en las comisarías para los presos.
Además, el proyecto de juicio en ausencia, que el 19 de noviembre tuvo dictamen en un plenario de Legislación Penal y de Justicia.
La iniciativa que solo debe atravesar el recinto del Senado es el proyecto de ley antimafias, que tiene media sanción de Diputados y el 13 de noviembre consiguió dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico
El otro tema que pasará solo por el Senado es el de pliegos para designaciones y promociones. Fundamentalmente se buscará la aprobación por dos tercios del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema.