Caso Clorinda: Datos del expediente  desmienten el relato mediático sobre el menor

Documentos judiciales confirman que la medida fue por vulneración de derechos, que la madre no cumplió los tratamientos y que el niño se encuentra hoy escolarizado y bajo el cuidado de su abuela en Corrientes. La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, quien además se presentó ante la Justicia para que se investiguen las denuncias.
La controversia generada por las últimas declaraciones públicas de la abogada Gabriela Neme ha puesto en el centro del debate graves acusaciones contra la actuación estatal y judicial. Sin embargo, la reconstrucción del expediente contrapone estas versiones mediáticas con datos concretos del proceso protector.
Al respecto, la ministra de la Comunidad de la provincia, Gloria Giménez, enfatizó: “Desde el Estado provincial nuestra tarea es proteger los derechos de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Queremos que se investigue no solo por este niño, sino por todos los niños, adolescentes y adultos mayores que reciben atención por parte del Gobierno”.
Contrariamente a lo difundido en redes sociales, el ingreso del menor a la Residencia Socioeducativa se efectivizó por orden judicial escrita a raíz de sus propias manifestaciones de vulneración de derechos. Las autoridades de la escuela Santa Catalina Labouré de Clorinda habían detectado alteraciones de conducta y lesiones corporales en el niño.
En el marco del proceso, el Juzgado notificó en reiteradas oportunidades a la madre para que realizara un tratamiento psicológico y psiquiátrico a fin de evaluar las condiciones de revinculación.
Sobre este punto, Giménez remarcó que “en varias oportunidades se insistió en la revinculación con su progenitora, pero ella debía acreditar estudios psicológicos y psiquiátricos en el Hospital de Clorinda, los cuales no fueron sostenidos en el tiempo”. El equipo interdisciplinario del Cuerpo Médico Forense concluyó que la madre no se encontraba en condiciones de salud adecuadas para hacerse cargo de su hijo en este momento.

Guarda actual con la abuela materna

En cumplimiento de los principios de protección integral y participación activa, el niño fue escuchado personalmente por la psicóloga y la Asesora de Menores de Clorinda. En dicha audiencia, el menor manifestó su deseo de vivir con su abuela materna. Atendiendo a su petición y para resguardar su bienestar, actualmente reside en la provincia de Corrientes bajo el cuidado de su guardadora, donde ya fue incorporado al sistema educativo formal, practica deportes y recibe atención médica integral.
Frente a las acusaciones vertidas por la doctora Gabriela Neme respecto a un supuesto “dopaje” o “adormecimiento” del menor, la documentación del expediente acredita que el niño recibía un tratamiento multidisciplinario y de seguimiento continuo a cargo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano, incluyendo la intervención de un psiquiatra pediátrico.
Asimismo, la ministra Giménez desestimó de manera categórica las versiones sobre supuestos maltratos o castigos: “Realizamos evaluaciones permanentes a los cuidadores y capacitaciones vinculadas al trato de los niños alojados. De esas instancias nunca surgieron elementos que acreditaran violencia institucional”.
Por otra parte, ante los rumores que sugerían la asistencia de menores a eventos externos con funcionarios, los registros oficiales confirman que no existe ninguna constancia de que algún niño o adolescente haya sido retirado de las residencias para situaciones de esa índole.

Presentación ante la Justicia

Dada la gravedad de las afirmaciones públicas, Giménez se presentó ante la Justicia impulsando una notitia criminis. De este modo, solicitó la investigación formal de los hechos denunciados mediáticamente y puso todas las actuaciones del organismo provincial a disposición de los jueces.
Actualmente, el seguimiento y acompañamiento del menor y de su guardadora está a cargo del organismo de protección de derechos de Corrientes, en articulación permanente con el Juzgado de Menores de Clorinda.
“La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, pero ese derecho no puede traducirse en una exposición permanente de un menor ni en convertir acusaciones en hechos definitivos cuando todavía están sujetas a investigación. La verdad deberá surgir de las pruebas, pericias y actuaciones judiciales. Detrás de cada declaración hay un niño cuya intimidad y bienestar deben estar por encima de cualquier interés personal o disputa partidaria”, concluyó la funcionaria.