Cómo avanza la denuncia de enjuiciamiento colectivo a docentes impulsado por la conducción

La Universidad atraviesa una fuerte conflictividad institucional tras la decisión de continuar juicios académicos contra profesores e investigadores. La medida no tiene precedentes en democracia.

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente, en un contexto de alta conflictividad institucional marcado por la decisión de la actual conducción de avanzar con juicios académicos contra más de 50 docentes e investigadores. Los afectados denuncian que se trata de un enjuiciamiento colectivo inédito en democracia y advierten por el grave antecedente que esto sienta para el sistema universitario.
En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el licenciado Diego Ortiz, uno de los profesores alcanzados por la medida, explicó sobre el cuerpo académico: “Estamos en la etapa de defendernos de los embates de las autoridades libertarias de la Universidad Nacional de Formosa”. Según detalló, los juicios académicos fueron impulsados por el rector Augusto Parmetler y el grupo que conduce la institución.
“Esta situación de juicios académicos promovidos por el rector y el grupo de conducción involucra a más de 50 docentes. Es un hecho inédito en las universidades argentinas, ya que esto pasaba en la dictadura”, señalaron los profesores en los testimonios recogidos.
El origen del conflicto es una asamblea docente que, de acuerdo a la versión de las autoridades, habría constituido una falta disciplinaria. Los académicos, en cambio, sostienen que el mecanismo de asamblea “está previsto en el Estatuto Universitario” y protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, particularmente en su artículo 20.o, que garantiza el derecho de reunión y asociación.
La gravedad del caso motivó la intervención del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que emitió una declaración unánime de repudio y llamó a las autoridades de la UNaF a “cesar el proceso por afectar al sistema universitario en su conjunto”.
Los docentes denuncian además falta de transparencia en el avance de las actuaciones. Advirtieron que se declaró la admisibilidad de los juicios sumarios y que se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Superior sin que el cuerpo tuviera acceso a las actas. “No sabemos quiénes estuvieron presentes, ni qué dijo cada uno, ni los motivos por los cuales declararon la admisibilidad”, cuestionaron, al reclamar que se garantice el debido proceso y se respeten los derechos políticos y académicos dentro de la universidad pública formoseña.

Persecución en las aulas

Según informó la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cerca de 50 docentes investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) fueron denunciados de forma simultánea por “incompatibilidad ideológica” con las actuales autoridades universitarias, quienes se muestran cercanos al gobierno del presidente Javier Milei.
Para la RIDDHH, estos hechos no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un “clima político general signado por el hostigamiento sistemático del Gobierno nacional hacia las universidades públicas y el conjunto del sistema científico tecnológico”. Del mismo modo, señalan que desde el inicio de su mandato, el presidente Milei sostuvo un discurso público en el que acusa a las universidades públicas de adoctrinamiento, ineficiencia y de ser cajas políticas, con el objetivo explícito de desprestigiarlas, recortar su financiamiento y condicionar el ejercicio libre de la docencia, la investigación y la extensión.
Bajo la visión de este documento, el caso de Formosa expone con crudeza esa lógica: “La judicialización del trabajo docente y la investigación, bajo la figura de un juicio académico colectivo, constituye un acto de amedrentamiento que busca generar miedo, inhibir la libertad de cátedra y la participación democrática en el ámbito universitario”.