Contundente rechazo a la reforma laboral con una alta adhesión al paro nacional de la CGT

Con una adhesión total en el transporte de carga y niveles superiores al 80% en los tribunales y el comercio, Formosa vivió una jornada de parálisis casi absoluta. Dirigentes gremiales coincidieron en que la reforma laboral impulsada por Nación representa un “retroceso de cien años” y advirtieron sobre el impacto crítico en las PYMES y el consumo local.

La jornada de protesta nacional de 24 horas convocada por la CGT tuvo ayer un eco rotundo en la provincia de Formosa. Con niveles de adhesión que superaron el 80% en sectores clave, gremios locales coincidieron en un diagnóstico común: el rechazo a una reforma laboral que califican como un “retroceso histórico” y una amenaza directa a la estabilidad económica de las familias formoseñas.
Desde el Centro de Empleados de Comercio –Filial Formosa- resaltaron “el notable acatamiento” que tuvo en el ámbito comercial el paro nacional, sin movilización, por 24 horas dispuesto por el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, del que  forma parte la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).
El secretario general del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón, advirtió que “la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei atrasa cien años en lo que respecta a conquistas y derechos adquiridos por los trabajadores y las trabajadoras”.
Tras afirmar que “esta iniciativa gubernamental por donde se la mire es una aberración legislativa”, el sindicalista manifestó que “su aprobación bien podría ser considerada el acta de defunción del empleo y salario de los argentinos”.
“Estamos yendo a contramano del mundo –afirmó- mientras en los países avanzados buscan reducir el horario laboral, acá lo incrementamos cuatro horas más. Ni que hablar de la famosa bolsa de horas de trabajo que afectará a quienes que tienen que cumplir con trabajos distintos a contra turno. Otro adefesio fue el disparatado artículo referido a las licencias por razones de salud como así también el porcentaje que se descontará del sueldo para conformar un fondo indemnizatorio. O sea todo pensado para beneficiar a los empresarios y perjudicar totalmente al pueblo trabajador”.
Alarcón señaló además que “no vamos a permitir que se siga destruyendo la industria nacional frente a un pronóstico desolador que anticipa el cierre de más de treinta mil pymes durante el 2026;  el lugar de los trabajadores es el comercio, la fábrica, la empresa, no la calle”.
Luego de manifestar que “no vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores precarizados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente difíciles”, el titular del CEC-Formosa señaló que  “los números deben cerrar con los trabajadores adentro”.
Camioneros

El secretario general del gremio Camioneros en Formosa, Sergio Recalde, dijo que la adhesión fue el 100% en todo el territorio provincial. 
“El transporte está frenado en toda la provincia”, dijo al brindar 
un panorama de la situación que se vivió ayer en las rutas y centros de logística. Según el dirigente, la respuesta de los trabajadores fue total, afectando la recolección de residuos, el transporte de caudales, combustibles y la logística de mercaderías.
Recalde además advirtió que la reforma laboral busca “pulverizar” los convenios colectivos de trabajo.

Judiciales

La Asociación Judicial de Formosa (AJUFSA) reportó un acatamiento superior al 80% en los tribunales locales. La secretaria general del gremio, Fátima Gutiérrez, desestimó el argumento de que las reformas nacionales no afectan al empleado estatal provincial: “Es mentira que no nos afecta. Son leyes de fondo que rigen para todo el país. Esta reforma retrotrae el trabajo a la prehistoria, casi al nivel del trueque”.
Más allá de la protesta nacional, AJUFSA marcó su propia agenda para el primer semestre de 2026: la próxima semana se reunirán con la presidenta del STJ, Claudia Fernández. El gremio busca elevar el piso salarial de los $850.000 actuales a un mínimo de $1.200.000. Estiman necesario un ajuste del 40% para el primer semestre para alcanzar el valor de la canasta básica.