Crisis en la UNaF: fuerte confrontación  institucional con denuncias por irregularidades

Durante el desarrollo del plenario, diversos representantes denunciaron maniobras de censura directa. Según los testimonios, “se bloquearon micrófonos y se restringió la autorización del chat, impidiendo así la participación plena de conciliarios de distintas facultades”.
La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se encuentra nuevamente bajo la lupa de la opinión pública y el escrutinio judicial. La reciente sesión extraordinaria del Consejo Superior, llevada a cabo el pasado 29 de mayo, se convirtió en el escenario de una fuerte confrontación institucional, donde conciliarios opositores denunciaron una serie de irregularidades que, según advierten, invalidarían las decisiones allí adoptadas.
El conflicto comenzó incluso antes de iniciar el debate, debido a la modalidad elegida para el encuentro. A pesar de que los conciliarios estudiantiles habían solicitado formalmente que la sesión fuera de carácter presencial –tal como lo estipulan el Estatuto Universitario y el reglamento interno del cuerpo–, las autoridades optaron por realizar el encuentro mediante la plataforma Zoom.
Esta decisión fue solo el preludio de un clima de tensión constante. Durante el desarrollo del plenario, diversos representantes denunciaron maniobras de censura directa. Según los testimonios, “se bloquearon micrófonos y se restringió la autorización del chat impidiendo así la participación plena de conciliarios de distintas facultades”.
El orden del día estuvo marcado por la controversia sobre la validez de los procedimientos previos. Uno de los puntos más críticos fue la aprobación del acta correspondiente a la sesión del 8 de mayo, la cual fue puesta en duda por “presuntas irregularidades en la conformación del quórum”. A esto se sumó el malestar por la incorporación sorpresiva de una representante estudiantil que no figuraba en el temario previsto.
Ante la falta de claridad en las acreditaciones, la voz de los consejeros se alzó para exigir certezas. Uno de los momentos más tensos quedó registrado cuando un representante señaló: “Y quiero dejar constancia porque no tenemos ninguna certificación que acredite la condición”.
En este marco de irregularidades denunciadas, el decano de la Facultad de Humanidades, Rafael Olmedo, tomó una posición firme. Olmedo planteó formalmente la incompatibilidad de cargos de la conciliaria Roxana Arrúa, solicitando de manera explícita su separación del Consejo Superior.
Asimismo, el decano insistió en la necesidad de corregir las falencias institucionales, exigiendo la “incorporación inmediata de la representante de la comunidad universitaria” y reiterando que, para garantizar la transparencia, el cuerpo debe sesionar de manera presencial.

Votaciones sin claridad y judicialización del conflicto

Otro punto de quiebre se produjo al momento de las votaciones. Los consejeros opositores exigieron que fueran nominales, con el fin de que cada integrante expresara públicamente su postura frente a temas de alta relevancia para la vida universitaria. No obstante, denunciaron que el pedido fue desoído, “impidiendo conocer con claridad la de cada conciliario en decisiones de gran relevancia”.
Incluso, dentro del caos administrativo, surgieron testimonios sobre la manipulación de los registros de presencia: “Hay uno que dice decano Mandeales con el quórum suficiente, después se le va eliminando lo que…”, se escuchó en el recinto virtual, evidenciando el desorden en la gestión de la sesión.
Ante este panorama, los opositores informaron que todas las actuaciones fueron debidamente grabadas y, crucialmente, “fueron certificadas por escribano público”. Este material ya constituye el núcleo de nuevas presentaciones judiciales que tienen como fin determinar si existieron violaciones al Estatuto Universitario, al reglamento del Consejo Superior y, fundamentalmente, a los principios básicos de la transparencia institucional. La Justicia tendrá ahora la última palabra en una polémica que, lejos de cerrarse, parece profundizarse.