Crucero del Sur recibió 41 millones de pesos en concepto de subsidio

Gialluca aclaró que, lo que pretende la UTA Seccional Formosa a través de Diego Mendoza y Crucero del Sur de exigir al Gobierno provincial que duplique el monto del subsidio actual y le paguen 82 millones de pesos.
El defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, afirmó que, desde el Gobierno provincial se cumplió en tiempo y forma con las obligaciones y por lo tanto, la empresa de transporte urbano debe brindar con absoluta normalidad el servicio en todas sus líneas de manera inmediata.
Advirtió que, en la audiencia llevada a cabo en la sede de la Subsecretaría de Trabajo, “se señaló que, de esos 41 millones, 25 deben ser restituidos al Municipio de la Ciudad por un préstamo otorgado en su momento y por ello, no les alcanzaría el dinero para pagar el aguinaldo”.
Toda esta situación es absolutamente inaceptable y únicamente termina perjudicando a quienes deben utilizar los colectivos para cumplir sus obligaciones-
El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, doctor José Leonardo Gialluca, confirmó que ayer “se le procedió a depositar a la empresa Crucero del Sur en la cuenta respectiva del Banco Nación la suma correspondiente a subsidios por 41 millones de pesos”.
El funcionario, advirtió que el Gobierno provincial viene y continuará cumpliendo las resoluciones del Ministerio de Transporte de Nación, en lo que sea de su competencia, además del convenio año 2022 y sus adendas en lo que sea de su competencia, por lo que, conforme a la Resolución 923/22 que establece la distribución correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, creado por el artículo 125 de la Ley 27.467 de presupuesto, el Gobierno provincial concretó a través de la tesorera general de la provincia de Formosa, contadora Liliana Noemí Barboza, todas las medidas que son de su exclusiva responsabilidad.
Gialluca aclaró que, lo que pretende la UTA Seccional Formosa a través de Diego Mendoza y Crucero del Sur de exigir al Gobierno provincial que duplique el monto del subsidio actual y le paguen 82 millones de pesos, “no corresponde legalmente y no está establecido en ninguna resolución ni adenda vigente”, por lo que, deben brindar el servicio de transporte público con absoluta normalidad. Por otro lado, se advirtió que los usuarios están pagando una tarifa de 80 pesos y que “entre otros desembolsos que realiza el Gobierno provincial, a la empresa se le pagan otros 11 millones de pesos”. A su vez, advirtió que las firmas de acuerdos salariales desconociendo las realidades provinciales, llevan a que, en el primer mes del año 2023, “se tenga que pagar un básico Inicial de 200.000 pesos a cada chofer, lo cual, Institucionalmente no es discutible, pero la UTA no puede siempre mediante estas medidas de fuerza que no respetan el servicio de emergencia, dejar a los vecinos sin colectivos en tiempos en que todos hacemos esfuerzos en la faz económica para cumplir con cada una de nuestras obligaciones”.

Conciliación obligatoria

Gialluca señaló que, los usuarios están cansados de un servicio de transporte público que cada rato los deja a pie y nunca cuando brindan normalmente el mismo, cumplen con las frecuencias, dejando mucho que desear en este y otros sentidos-
Por otra parte señaló que, “teniendo en cuenta que tanto la UTA Delegación Formosa, como la empresa Crucero del Sur, no llegaron a ningún acuerdo razonable, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Formosa, hemos procedido a requerir la conciliación obligatoria, pues, no existe justificativo alguno, para dejar a miles de vecinos, sin un servicio público esencial, como lo es este que hoy se le niega arbitrariamente y sin acatar las normativas vigentes de poner en funcionamiento un servicio de emergencia de 2 unidades por cada línea, lo que constituye un verdadero despropósito hacia las necesidades que tienen los usuarios, quienes se ven obligados a tener que gastar lo que no tienen para cumplir sus obligaciones, frente a la conducta irresponsable de ambas partes en conflicto”. Este pedido, señaló Gialluca, se lo hace en base a lo contemplado por la Ley 24.635 y una vez dictada, las partes no podrán adoptar medidas de acción directas. Deben volver a la situación anterior al inicio del conflicto y si no se arriba a un acuerdo, quedará expedita la vía judicial.
La subsecretaría de Trabajo, una vez notificadas las partes, estas deben sentarse a dialogar y la que no acate la conciliación, deberá ser multada.