LA DEFENSORÍA Y LAS PARTES TRABAJAN PARA ALCANZAR UN ACUERDO
Crucero del Sur solicitó más fondos a la Municipalidad y la UTA amenaza con un paro
Hoy, vence el plazo para depósito de salarios, con lo cual, los gremios esperarían hasta el jueves 7, encontrándonos con un feriado nacional y la asunción de las nuevas autoridades nacionales el 10, por lo que, desde el organismo de la Constitución, se solicitó acuerdos temporales entre las partes, con el objetivo de no afectar a los usuarios.
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El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, recibió, una serie de presentaciones efectuadas por el gerente de Crucero del Sur Agrupación, César Gabriel Aguirre, y que se encuentran dirigidas a la Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de las cuales solicitan compensaciones adicionales para sustentar el servicio de transporte que se brinda en nuestra ciudad, y ampliación, “ante la imposibilidad de pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre del corriente año”.
Se advirtió que dicha masa salarial asciende a $170.000.000 y atendiendo a que las compensaciones provinciales son de $35.000.000; a lo que se le suma la no disponibilidad de los fondos asignados por Nación en concepto de Compensaciones Tarifarias.
En este sentido y en defensa de los derechos de los miles de vecinos que utilizan diariamente el servicio, se requirió al actual auditor operador del transporte público de pasajeros de la Municipalidad, Fabián Cáceres, “acuerde con Crucero del Sur Agrupación, junto a los gremios del sector, las medidas necesarias, hasta tanto asuman las nuevas autoridades nacionales, en especial el próximo secretario de Transporte Franco Mogetta, para así avanzar en un proceso de sustentabilidad económico–financiera.
Gialluca anticipó que, “trabajaremos para garantizar la continuidad de este servicio, en un marco social y económico de alta inflación, con subas reiteradas de los combustibles, obligaciones de pagos de salarios, medio aguinaldo, más cargas sociales que, frente a la demora en la percepción de los subsidios nacionales, se deberán buscar salidas alternativas”.
Advirtió que, la FATAP -Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros-, ya anticipó la parálisis inminente e irremediable de los servicios de colectivos en el interior del país, “por lo que, vamos a solicitar a las nuevas autoridades nacionales que antes del 18 de diciembre, transfieran los fondos necesarios que permitan brindar un normal funcionamiento del transporte público de pasajeros” dijo Gialluca.
Por último, el defensor del Pueblo, solicitó que el Concejo Deliberante en sesiones extraordinarias, otorgue respuestas a los vecinos, “porque institucionalmente no vamos aceptar que la única salida o variante de ajuste sean los usuarios, que ya no tienen más capacidad económica, para pagar tarifas sin subsidios, en un servicio altamente deficiente y donde esperamos que frente a los anuncios de ajustes e incrementos de las próximas autoridades nacionales, nuestros legisladores en el Congreso de la Nación, sean los protagonistas en la defensa de los derechos de los mismos, frente a momentos de profunda incertidumbre e incredibilidad que estamos transitando y donde, los grupos sociales y familias más vulnerables deben ser amparadas por el estado nacional, provincial y municipales”.
FATAP pide un boleto a $550
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) amenazó con un paro de colectivos en el interior del país y reclamó un boleto mínimo de $550.
La FATAP considera que “las actuales regulaciones han llevado a las empresas a una situación de quebranto” y que “están generando pérdidas financieras para las empresas del interior”, que “no pueden hacer frente a los aumentos de costos por encima del índice inflacionario”.
Por eso, piden una tarifa unificada en todo el país “estimada en $550, contrastando con los actuales $60 en el área metropolitana de Buenos Aires y los $250 en las provincias, una cifra lejos del punto de equilibrio”, expresa en un comunicado.
Además, anuncia medidas de fuerza como paros progresivos en el interior, afectando a más de 10 millones de personas “si no se resuelven las condiciones desfavorables”.
“El estado debe asumir su papel en la asistencia a aquellos que no pueden costear las tarifas, asegurando que el subsidio se dirija a la demanda, mientras se permite que la oferta trabaje sin distorsiones”, se señaló.