De Vido: “Dolarizaron la energía y castigan al Norte”

“Nación busca deslindarse de los tarifazos mediante un relato que oculta su rol como única fijadora de precios”, dijo De Vido, quien advirtió que la reducción del tope de consumo subsidiado de 550 a 150 kWh a partir de marzo es un castigo directo a las familias del Norte.

El panorama energético en la Argentina atraviesa una de sus crisis más agudas debido a la reconfiguración de subsidios y el aumento exponencial de los precios mayoristas. En este escenario, el ingeniero Fernando de Vido, presidente del directorio de REFSA S.A., lanzó una dura advertencia sobre la estrategia comunicacional y política del Gobierno nacional. Según el funcionario, desde la gestión libertaria se sostiene un “discurso evasivo” que busca desplazar la responsabilidad de los incrementos hacia las provincias, ocultando que es la Secretaría de Energía de la Nación la que dicta las reglas del juego.
Para desarticular lo que consideró una campaña de desinformación, De Vido fue contundente al explicar la estructura de costos que llega al bolsillo del usuario. Aclaró que ninguna distribuidora del país –sea pública, privada o cooperativa– tiene la facultad de ser “formadora de precios”, ya que el eje central de la tarifa se define en las etapas previas: la generación y el transporte.
“Es necesario que el ciudadano sepa que, de cada 100 pesos que paga en su factura, el 75% corresponde a decisiones de la Nación, y solo el 25% restante es lo que administra la distribuidora provincial para operar, mantener redes y pagar salarios”, detalló el ingeniero.
Asimismo, subrayó que la actividad de las distribuidoras está “extremadamente regulada” por el Poder Ejecutivo Nacional, que a través de resoluciones administrativas fija los precios en cada etapa de la cadena energética.

El recorte de la tarifa social

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de De Vido radica en la modificación de las bandas de consumo subsidiado. A partir del 1 de marzo de 2026, entró en vigencia la Resolución N.o 13, una normativa que el funcionario calificó como un golpe directo a la clase media y a los sectores vulnerables.
Durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero), los usuarios contaban con un tope de 550 kilowatt-hora (kWh) por mes bajo tarifa subsidiada. Sin embargo, con el inicio de marzo, ese techo se desplomó a apenas 150 kWh.
“Esto es una trampa aritmética –dijo De Vido– además de sufrir un incremento en el valor de la energía, las familias ahora tienen una cantidad muchísimo menor de kilowatts subsidiados. Al excederse de esos 150 kWh, que en una provincia como Formosa es el consumo básico de cualquier hogar, pasan a pagar precio pleno, disparando el valor final de la boleta”.
Para el titular de REFSA, estas medidas demuestran una “falta total de conocimiento de la realidad geográfica y climática” del Norte Argentino. 
Mientras en Buenos Aires las temperaturas comienzan a ceder en marzo, en las provincias de la región el calor persiste, haciendo que el uso de refrigeración sea una necesidad sanitaria y no un lujo.
Esta desconexión de la realidad nacional ha provocado un fenómeno político inusual: la unión de las provincias del Norte Grande, que sin distinción de colores políticos, se han plantado ante la Secretaría de Energía para exigir que se mantenga el cupo de 550 kWh de energía subsidiada. “Los incrementos adoptados están fuera de toda racionalidad y sentido común”, sentenció De Vido.
El ingeniero advirtió que el trasfondo de esta política es la dolarización de la tarifa. Al eliminar los anclajes de subsidios, el Gobierno Nacional traslada íntegramente las variaciones del costo de generación -atado a divisas extranjeras- a la demanda final. Esto coloca a los usuarios en una situación de vulnerabilidad ante cualquier fluctuación macroeconómica.
No obstante, De Vido recordó que, frente a este retiro del Estado nacional, el Gobierno de Formosa mantiene vigente el programa Esfuerzo formoseño. Esta iniciativa provincial busca amortiguar el impacto de los tarifazos y la quita de subsidios nacionales, utilizando recursos propios para proteger a los sectores que quedan desamparados por las nuevas normativas de la Secretaría de Energía.
“Ninguna distribuidora provincial –afirmó– es responsable de una política de orden macroeconómico nacional. El Gobierno nacional busca trasladar las responsabilidades a otros para no hacerse cargo de sus propias decisiones. Nosotros, desde Formosa, seguiremos gestionando para que el acceso a la energía no se convierta en un privilegio de pocos”.