Defensores del Pueblo denunciaron que el 70%  de la red vial nacional presenta condiciones malas

Se advirtió que el reemplazo de la inversión pública por un modelo basado en concesiones privadas, no resuelve el deterioro de la infraestructura vial nacional y consolida un retiro progresivo del Estado nacional de una función estratégica, para la integración territorial y el desarrollo económico del país.

Se concretó una nueva reunión interinstitucional, virtualmente entre ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), encabezada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, Tandil Provincia de Buenos Aires, junto a la de CABA, Santa Fe y FEPEVINA (Federación de Personal de Vialidad Nacional), ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, denunciando firmemente la parálisis de la obra pública, el alarmante estado de deterioro de las rutas nacionales y la consecuente urgencia de dictaminar una ley de emergencia vial en la argentina.
La Federación precisó que cerca del 70% de la red vial nacional presenta actualmente condiciones de regulares a malas y esto es parte de la decisión política del Gobierno nacional de paralizar la obra pública.
Como consecuencia se han incrementado en más de un 20% los siniestros viales y víctimas fatales, estamos hablando de alrededor de 7000 muertos por año en todo el país sobre las rutas nacionales.
En cuanto a la decisión del Gobierno nacional de concesionar la mayoría de los corredores viales, se recordó que esto se inició con el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y alertaron que “el Gobierno nacional va a pasar de un esquema de 6500 kilómetros concesionados al día de hoy en la Argentina, a un esquema de 9500, donde obviamente se multiplica casi por 3 la cantidad de cabinas de peaje, prácticamente va a haber un peaje cada 80 kilómetros”.
Al mismo tiempo, se criticó la creación de la figura de inversión privada en la Ley Bases que, modifica la ley de concesiones para realizar las licitaciones, subrayándose que el BICE, el Banco Internacional de Comercio Exterior, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, modificó su carta orgánica para financiar las concesiones viales, es decir, “el Gobierno nacional entrega las concesiones y también está del otro lado del mostrador poniendo los recursos”.
Los créditos del BICE son a tasa preferencial, 2% sobre la UVA (unidad de valor adquisitivo) con 2 años de gracia, mientras tanto, en ese plazo, las empresas adjudicadas recaudan los recursos del peaje, que ya los aumentan casi un 300% al poco tiempo de tomar posesión y, por si fuera poco, no tienen que ejecutar obras de envergadura.
El defensor provincial denunció que la provincia de Formosa quedó excluida de las licitaciones privadas de la red federal de concesiones, toda vez que, el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional abrieron los sobres con las ofertas económicas para la etapa 3 de privatizaciones, la cual abarca un total de 11 provincias y 8 tramos viales, dejando formalmente fuera a Formosa.
Las provincias beneficiadas o incluidas dentro del NEA y áreas adyacentes son únicamente Chaco, Corrientes y Misiones. Las rutas nacionales adjudicadas o bajo ofertas en la región NEA contemplan: tramo Litoral: abarca 547 kilómetros exclusivamente sobre las RN 12 y RN 16. Tramo noreste: cubre 456 kilómetros de las RN 12 y RN 105 (Misiones y Corrientes). Tramo Chaco-Santa Fe: comprende 497 kilómetros correspondientes a la RN 11, finalizando en Resistencia (Chaco) sin extenderse hacia el territorio formoseño.