Defensores del Pueblo rechazan el nuevo Régimen Penal Juvenil

El doctor José Leonardo Gialluca, en representación de los defensores del país, envió un documento al Congreso Nacional en el que señala que endurecer las penas no reduce la inseguridad. Denunció que el sistema penal no debe ser un sustituto de las políticas sociales ausentes.
El defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa y Vicepresidente de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), José Leonardo Gialluca, informó que se ha remitido formalmente un posicionamiento institucional a todos los Jefes de Bloques de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación. El documento manifiesta un apoyo total a lo planteado por las Defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, rechazando los aspectos regresivos de los proyectos de reforma del Régimen Penal Juvenil que se debaten actualmente.
Gialluca fue contundente al sostener que no existe evidencia técnica ni científica que justifique la baja de la edad de imputabilidad como una solución eficaz a los problemas de seguridad en Argentina. El Ombudsman formoseño advirtió que el debate ocurre en un contexto de debilitamiento y desentendimiento por parte del Gobierno Nacional de las políticas sociales, educativas y de cuidado.
Según el funcionario, esta falta de inversión estatal configura un riesgo cierto: que el Sistema Penal Juvenil se transforme en una respuesta punitiva que sustituya a las políticas públicas integrales. En este sentido, citó el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, “Para los Jóvenes, más Educación, más Comunidad”, para resaltar que la respuesta debe ser la inclusión y no la criminalización de los adolescentes, especialmente aquellos que provienen de sectores socialmente vulnerables.
Desde ADPRA coinciden en la necesidad imperiosa de superar el actual Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278), al que consideran una norma obsoleta que debe dar paso a un sistema especializado. Sin embargo, advierten que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal y la previsión de penas de prisión de extrema duración representan una regresión en los estándares de protección ya alcanzados por el país.
Este retroceso contradice los compromisos asumidos por el Estado Argentino en la Reforma Constitucional de 1994 y la jerarquía de los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. 
La asociación que nuclea a los defensores de todo el país entiende que el debate no puede abordarse exclusivamente desde una lógica de “mano dura” o respuesta inmediata a la demanda social de seguridad, sino desde una perspectiva de derechos humanos.

Políticas de fondo y justicia restaurativa

La postura institucional de las defensorías subraya que los jóvenes exigen mejores trayectorias de vida y oportunidades reales. Para ello, resulta fundamental fortalecer la intervención territorial, la educación y las respuestas socioeducativas y restaurativas. 
El objetivo es sanar el tejido social en lugar de profundizar las fracturas mediante el encierro.
Finalmente, Gialluca solicitó respetuosamente a los legisladores nacionales que se consideren de manera prioritaria los argumentos y recomendaciones desarrollados por los organismos especializados. Estos estándares buscan garantizar que cualquier reforma legislativa respete el principio de protección integral y no se convierta en una herramienta que vulnere aún más a la niñez argentina.