Defensorías alertan por medidas que  favorecen el tráfico de animales silvestres

El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió que la flexibilización de los controles sobre la fauna silvestre puede favorecer el tráfico ilegal de especies. Las Defensorías del Pueblo del país solicitaron información al Gobierno nacional y no descartan avanzar con acciones judiciales si no reciben respuestas.

Las Defensorías del Pueblo de todo el país impulsan un reclamo conjunto para conocer el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia de fauna silvestre y exigir mayores controles sobre la actividad. La preocupación se centra en la flexibilización de las normas para el tránsito y la exportación de ejemplares, en un escenario que, según advirtieron, podría facilitar el tráfico ilegal de especies.
En diálogo con La Otra Mirada de FM Espacios 92.5, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, sostuvo que el problema se agravó tras la eliminación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, cuyas funciones quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Según explicó, las resoluciones nacionales hoy permiten la exportación de animales silvestres bajo determinadas condiciones, como el origen en criaderos registrados o fines científicos y de conservación. Sin embargo, advirtió que la principal preocupación es la ausencia de una estructura estatal que garantice controles efectivos.
“El problema es que a nivel nacional no existe ninguna autoridad fuerte que permita una fiscalización como la que había anteriormente. Esta medida se da en un contexto en el que el tráfico ilegal de animales silvestres lo vemos a diario en nuestra provincia.”
Gialluca recordó que en Formosa son habituales los procedimientos realizados por Gendarmería Nacional y la Policía provincial contra personas que transportan aves, reptiles y mamíferos de manera ilegal, muchos de ellos pertenecientes a especies protegidas o amenazadas de extinción.
El funcionario también puso el foco en la dimensión económica del delito y advirtió que la región del NEA constituye uno de los principales objetivos de las organizaciones dedicadas a esta actividad.
“El tráfico ilegal de animales silvestres es el cuarto delito más rentable, detrás de las drogas, la falsificación y la trata de personas. Mueve entre 15.000 y 20.000 millones de dólares por año. La Argentina y especialmente el norte del país, con Formosa incluida, tienen una gran diversidad de ejemplares vivos.”
Frente a este escenario, las Defensorías del Pueblo solicitaron al Gobierno nacional información sobre la cantidad de autorizaciones otorgadas para el tránsito interprovincial y la exportación de fauna silvestre, el registro de criaderos habilitados y los organismos responsables de controlar esa actividad.
Además, pidieron conocer con qué recursos humanos, técnicos y presupuestarios cuenta el Estado para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente.