Defensorías del Pueblo cuestionan pedido de  intervención y alertan sobre avances políticos

En un pronunciamiento, las Defensorías señalaron que cualquier intento de intervención federal sin fundamentos constitucionales sólidos implicaría “un grave antecedente institucional” y una afectación directa a los principios democráticos y federales que rigen el sistema político argentino.

Desde el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales (ODEPOE), organismo que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, junto a las Defensorías del Pueblo de las provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Corrientes y del Municipio de Lanús, expresaron un firme rechazo a las iniciativas y discursos que promueven una eventual intervención federal sobre la provincia de Formosa, luego que el senador de la LLA, Francisco Paoltroni, oficializara el martes en el Senado de la Nación la presentación del proyecto de intervención federal de los tres poderes de la provincia de Formosa.
A través de un pronunciamiento conjunto, las instituciones advirtieron que detrás de determinados planteos “ambiciosos e imprudentes”, que se presentan bajo el argumento de preservar el sistema republicano, podría esconderse una intención de avanzar sobre la autonomía provincial y alterar el funcionamiento del federalismo argentino.
En ese sentido, señalaron que la intervención federal constituye una herramienta excepcional prevista por la Constitución Nacional para situaciones extremas, como la ruptura del orden institucional, la imposibilidad de funcionamiento de los poderes del Estado, fraudes electorales graves, sedición o escenarios que impidan el ejercicio efectivo de derechos y garantías constitucionales.
Sin embargo, remarcaron que ese mecanismo “no puede utilizarse como excusa para desplazar adversarios o competidores políticos”, ni tampoco para desconocer la voluntad popular expresada en elecciones democráticas.
“El argumento de que las instituciones provinciales no funcionan entra en contradicción con el hecho de que esas mismas instituciones permitieron que quienes hoy impulsan o promueven una intervención federal hayan accedido a bancas legislativas y cargos públicos mediante elecciones libres”, sostuvieron desde el ODEPOE.
Consideraron que resulta “un contrasentido” cuestionar la legitimidad del sistema político provincial mientras dirigentes opositores continúan participando del proceso democrático, presentándose como candidatos, expresando públicamente sus ideas y accediendo a representación institucional.
Las Defensorías remarcaron además que la figura de la intervención federal fue incorporada en la Constitución para revertir situaciones de crisis institucional y no para apartar autoridades elegidas democráticamente o alterar el equilibrio político de una provincia.
“Cuando una medida de semejante gravedad se plantea sin fundamentos claros ni situaciones objetivas de ruptura institucional, corresponde preguntarse si realmente se busca una restauración constitucional o, en realidad, un mecanismo de control político y subordinación de las provincias al Poder Ejecutivo Nacional”, advirtieron.
En el documento también se realizó una fuerte referencia histórica, recordando que numerosas intervenciones federales en la Argentina fueron utilizadas para modificar mayorías políticas, desplazar gobernadores opositores o disciplinar liderazgos provinciales.
“Una intervención que no respete estrictamente los principios constitucionales se convierte en una tutela política incompatible con el federalismo que supuestamente se pretende defender”, señala el documento.
Además, las Defensorías cuestionaron que la intervención federal nunca haya sido reglamentada de manera específica, “lo que habilita un uso discrecional de la herramienta, sin parámetros claros de necesidad, proporcionalidad, temporalidad ni control institucional efectivo”.

La presentación de Paoltroni

El senador Francisco Paoltroni presentó el proyecto de intervención federal a Formosa en el Salón Emar Acosta del Anexo de la Cámara alta. Según sus fundamentos, tiene como objetivo central “garantizar la forma republicana de gobierno”, y abarcaría a los tres poderes provinciales facultando al Poder Ejecutivo a llevar a cabo el proceso durante el plazo de un año y prorrogable por otro más.
El integrante de LLA considera que la provincia viene atravesando “situación de gravedad institucional”, y en su iniciativa dispone el cese inmediato de Gildo Insfrán en el cargo de gobernador y de Eber Wilson Solís en el de vicegobernador. También exige revocar de sus funciones a los legisladores y a todo el Poder Judicial.
La iniciativa invoca al artículo 6 de la Constitución Nacional y en caso de ponerse a consideración en el Parlamento deberá lograr mayoría absoluta en ambas cámaras para hacerse efectivo. 
Es la primera vez que el legislador, desde su llegada en diciembre del 2023, le da formato al reclamo que le hizo durante el 2024 al presidente Javier Milei, motivo que, junto a su desagrado por el envío del pliego del juez Ariel Lijo y la discrepancia con Santiago Caputo, lo eyectaron del oficialismo en agosto del primer año de gestión libertaria.
El senador estuvo acompañado por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, la legisladora provincial Gabriela Neme, el diputado nacional Atilio Basualdo y exintendente de Las Lomitas, el concejal de la capital Mattia Canepa Neme y varios expositores que denunciaron “violaciones contra los derechos humanos e institucionales”.

Un reclamo al Gobierno y al Congreso nacional

En el pronunciamiento de las Defensorías se exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la Nación a concentrarse en las problemáticas sociales, económicas e institucionales que atraviesa actualmente el país, en lugar de promover medidas destinadas a desplazar autoridades provinciales elegidas democráticamente.
“Las provincias deben poder gobernarse por sí mismas dentro del sistema federal”, remarcaron, al tiempo que reclamaron un Congreso “activo y comprometido con la recuperación de derechos” frente al contexto económico y social actual.
El documento cita observaciones recientes realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación argentina, donde se mencionan preocupaciones vinculadas a la independencia judicial, el deterioro institucional y el impacto de políticas de ajuste sobre sectores vulnerables.
Entre otros puntos, señalaron que los informes internacionales advierten sobre retrocesos en programas vinculados a seguridad social, adultos mayores, jubilados, personas con discapacidad, políticas de género, diversidad, memoria histórica y derechos de los pueblos indígenas.
De esta manera, las Defensorías remarcaron que cualquier intento de intervención federal sin fundamentos constitucionales sólidos implicaría “un grave antecedente institucional” y una afectación directa a los principios democráticos y federales que rigen el sistema político argentino.