Defensorías del Pueblo se reunieron con el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina

Afirman que, el Gobierno nacional se encuentra día a día desfinanciando el organismo, para desguazarlo definitivamente, vendiendo sus propiedades, eliminando distritos provinciales y desviando millones de pesos que deberían destinarse por ley a la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, siendo estos invertidos en letras y plazos fijos por el Ministerio de Economía de Nación, lo que ha originado denuncias penales por la retención indebida de más de $400.000 millones.
Se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA), una reunión de trabajo e informativa entre la secretaria general Graciela Aleña, con los integrantes de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), encontrándose presentes por Formosa, los doctores Fernando Sosa y Víctor Albornoz, Javier Altrudi –subdirector de Transporte de la Defensoría del Pueblo de CABA y la doctora Paula Lafourcade de la Defensoría del Pueblo de Tandil, en la cual se abordaron diversos temas, siendo los más destacados los siguientes: la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, cuestionó con dureza el avance del Gobierno Nacional sobre el sistema de concesiones viales y aseguró que este esquema impulsado por el Ministerio de Economía, terminará encareciendo aún más el costo de circulación para los argentinos.
Sostuvo que actualmente “el ciudadano paga tres veces” por las rutas, entre impuestos generales, combustible y peajes y remarcó que las obras realizadas por privados resultan “mucho más caras” que las ejecutadas por trabajadores de Vialidad Nacional. 
Alertó además que el proceso no se limita a los más de 1800 kilómetros recientemente adjudicados, sino que hay un proyecto oficial para privatizar alrededor de 12000 kilómetros de la red nacional de caminos. 
Según planteó, la iniciativa derivará en una pérdida de conectividad entre pueblos, ciudades y provincias, además de profundizar el deterioro de Vialidad Nacional como organismo estatal. 
Remarcó que el objetivo del Estado nacional es el desmantelamiento definitivo de Vialidad Nacional y para llegar a eso, continúa el desfinanciamiento del organismo, para desguazarlo definitivamente, incluso hasta con la venta de sus propiedades, buscando vaciarlo de capacidad operativa y territorial, lo que provoca en los hechos la paralización de obras, el abandono del mantenimiento y la conservación de las rutas nacionales. 
La quita de fondos a los distritos provinciales: se ve reflejado en la falta de materiales básicos, entre ellos, el combustible, otorgándoseles el mínimo para el funcionamiento de los citados, lo que hace que se recurra a las maquinarias para trabajos específicos y limitados, además es grave la falta de repuestos, ropa para el personal entre otros insumos necesarios. 
En cuanto al personal de Vialidad Nacional: continúan los despidos (en algunos casos sumarios mediante) ya sean técnicos o no y en otros casos se adhieren al retiro voluntario, buscando una reducción al mínimo de la planta de trabajadores, hasta obtener la eliminación de distritos provinciales. En este contexto, se resaltó que, para el mantenimiento de 200 km de ruta se necesitan aproximadamente de 14 trabajadores, separados en 9 maquinistas y 5 obreros.

Pidieron acceso a la información pública
Por ello el Sindicato de Trabajadores Viales concretó una presentación formal pidiendo acceso a la información pública, para conocer el destino del dinero del impuesto a los combustibles y recibieron como respuesta: “Los fondos remanentes de los pagos efectuados se encuentran invertidos en letras y plazos fijos”, respuesta brindada por la responsable de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Economía, doctora Guillermina Lorena Salemi, en su carácter de directora.
Deja en claro el incumplimiento por parte del Estado nacional de la Ley 23966 y otras, con el agravante de que se desvían los fondos de su fin específico que es el mantenimiento de la red vial nacional, por lo que, se encuentran tramitando demandas penales contra autoridades nacionales por el desvío de más de $400.000 millones. 
Esta falta de transferencia de fondos viene provocando: 
Paralización del mantenimiento de las rutas nacionales (conservación, bacheos, corte de pasto, señalización, iluminación, etcétera).

Interrupción de obras en ejecución.
Deterioro de la capacidad operativa de Vialidad Nacional. 
Afectación de la seguridad vial por falta de intervenciones preventivas, además se compromete la responsabilidad del estado en materia de infraestructura critica. 
Abandono de mantenimiento preventivo y deterioro de puentes, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de siniestros viales. 
Por último, al abordarse la temática de las licitaciones de las rutas nacionales, se informó que, aún quedan 3 etapas más por licitar lo que hace prever que las rutas nacionales que surcan el territorio de la provincia de Formosa podrían estar incluidas en alguna de las antes citadas.