Diputados piden al PEN revisar evolución patrimonial de Adorni

Los legisladores recordaron que “quienes ocupan cargos de máxima responsabilidad en la estructura del gobierno se encuentran sometidos a un estándar particularmente elevado de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas”.
Los diputados Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro (interbloque Unidos), presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones y aporte información sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Son 29 preguntas que apuntan –sobre todo– a conocer si la Oficina Anticorrupción tuvo realmente un rol activo o no a la hora de monitorear la evolución patrimonial del funcionario, envuelto en polémica desde hace casi un mes.
Entre las distintas preguntas, los legisladores solicitan saber si la OA ha iniciado algún procedimiento de verificación o control sobre la evolución patrimonial del funcionario desde su asunción en funciones públicas y si se han detectado posibles inconsistencias entre los activos declarados, los pasivos informados y la evolución patrimonial registrada en las declaraciones juradas presentadas.
También, requieren que se informe si el funcionario declaró ante los organismos correspondientes bienes registrables, inversiones o activos que integren el patrimonio del cónyuge o del grupo familiar conviviente y si existen bienes registrables, propiedades, sociedades, participaciones empresariales o activos financieros vinculados al cónyuge o al grupo familiar del funcionario que deban ser considerados a efectos de evaluar su situación patrimonial integral.
En el proyecto de resolución, los diputados opositores reclaman que se revele “si el PEN o la OA han verificado la eventual adquisición de bienes registrables por parte del cónyuge del funcionario durante los años 2024, 2025 o 2026”, en alusión a Bettina Angeletti.
Sobre el viaje de Adorni a Punta del Este en el fin de semana de Carnaval –que fue denunciado por los tres diputados en la Justicia–, se pregunta: si el PEN tiene conocimiento de viajes realizados por el actual jefe de Gabinete en aeronaves privadas durante el ejercicio de sus funciones públicas; y si el viaje a Punta del Este “fue registrado en agendas oficiales, registros administrativos o cualquier otro documento institucional”.
Además, piden que se detalle si durante dicho traslado se utilizaron recursos públicos, personal de seguridad, logística estatal o cualquier otro tipo de asistencia provista por el Estado, y si el referido viaje fue declarado o registrado ante la OA en el Registro de Viajes Financiados por Terceros previsto por la normativa vigente.
Finalmente, agrega que se informe “si alguna de las personas humanas o jurídicas vinculadas con el financiamiento o la organización del viaje mantiene o mantuvo relaciones contractuales, comerciales o institucionales con el Estado nacional”.
“Cuando surgen interrogantes razonables respecto a la evolución patrimonial de funcionarios de alta jerarquía o sobre la financiación de gastos relevantes durante el ejercicio de la función pública, corresponde que los mecanismos institucionales de control actúen con la mayor claridad, responsabilidad y transparencia”, sostuvieron en los argumentos los legisladores.
En ese sentido, recordaron que “quienes ocupan cargos de máxima responsabilidad en la estructura del gobierno se encuentran sometidos a un estándar particularmente elevado de transparencia, integridad pública y rendición de cuentas, en virtud del impacto institucional que pueden tener sus decisiones y conductas en la vida pública del país”.
“Si bien la evolución patrimonial de cualquier ciudadano puede responder a múltiples factores legítimos, lo cierto es que cuando se trata de funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional resulta indispensable que cualquier interrogante razonable sobre dicha evolución sea esclarecido mediante información oficial, verificable y completa”, insistieron.
Y agregaron que “la utilización de vuelos privados por parte de funcionarios públicos de alto rango durante el ejercicio de sus funciones plantea interrogantes institucionales legítimos cuando existen dudas respecto del origen de los fondos utilizados para financiar dichos traslados o sobre la eventual participación de terceros en su pago”.