COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO
DNU: Unión por la Patria exige cargos y el tratamiento en alguna de las cámaras
Desde la principal bancada opositora denunciaron que el oficialismo está haciendo una “medida dilatoria” e insistieron en que el decreto tiene reglamentariamente los plazos vencidos por lo que “debe tratarse en el recinto de alguna de las cámaras”.
Durante la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el bloque de Unión por la Patria rechazó ocupar el cargo de vicepresidente y reiteraron su denuncia por la “constitución irregular” de la misma reclamando la falta de un representante en la composición e insistieron en que el decreto tiene el plazo vencido y debe tratarse por oficio en el recinto de alguna de las cámaras.
Fue la vicejefa del principal bloque opositor Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) la que afirmó que siguen con la misma postura y denunció la “no representatividad y proporcionalidad en la integración de la comisión” y apeló al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y al reglamento de ambas cámaras. “No vamos a participar y no vamos a convalidar esta composición con la participación nuestra en la votación”, cerró.
En representación de UxP la entrerriana Carolina Gaillard insistió en la presentación que hizo su bloque impugnando la comisión por la “constitución irregular” porque “no se respetó la proporcionalidad que establece la Constitución Nacional” y denunció que “se está alterando la voluntad popular de las elecciones del 22 de octubre donde nuestra fuerza política tuvo un determinado número de escaños y deberían ser considerados a la hora de integrar debidamente esta comisión”. Incluso, Gaillard remarcó que “se vulneró y violó la resolución aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados que las comisiones debían ser integradas respetando la proporcionalidad del sistema D’Hondt”, y reiteró que a UxP le correspondían cuatro integrantes y le “están vulnerando en Diputados un miembro”, al tiempo que se quejó por la “composición tardía” de la comisión.
“Esta comisión fue constituida irregularmente y estamos impugnando la conformación porque vulneran la proporcionalidad que establece la Constitución”, apuntó.
La entrerriana también planteó que el artículo 6 de la Ley 26122 establece que la comisión no tiene receso, es decir, “es permanente del Congreso que no puede conformarse cuando disponga la autoridad de alguna de las cámaras tiene que funcionar siempre porque es Bicameral permanente que controla una facultad que, excepcionalmente, ejerce el presidente. Es una irregularidad grave que no se haya constituido durante 74 días”.
Gaillard apeló a la norma para reclamar que el jefe de Gabinete envió al Congreso el pasado 5 de enero el DNU, pero a partir de la fecha “empezó a correr el plazo que establece que la comisión tiene 10 días hábiles para expedirse y elevar el dictamen. Eso no ocurrió y, vencido el plazo, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del DNU”.
“Sin dilaciones desde el bloque no queremos dilatar más el tratamiento del DNU 70/23 que dictó Milei y nos ampara la ley, los plazos se vencieron el 19 de enero por lo cual las cámaras deberían abocarse al tratamiento”, denunció y recordó los pedidos de sesión especial que realizaron a la presidencia del Senado de quien no obtuvieron “ninguna respuesta”.
La diputada entrerriana aclaró que “no se trata del kirchnerismo, se trata de la república, de las instituciones, del reglamento, de la Constitución y de las leyes. Se trata de un decreto excepcional que dicta el presidente que no es un DNU más porque modifica 300 leyes. No nos podemos hacer los distraídos. Es el Congreso el que debe legislar”.
“Es muy grave lo que está ocurriendo en el Senado que la presidenta no convoque a sesión especial, es una obligación”, apuntó y resaltó que son “42 senadores que piden que se convoque porque hay premura por parte de una mayoría, pero no quieren convocar. Esto es obturar un poder del Estado como es el Congreso”.
Por último, alertó que el DNU “genera inseguridad jurídica, que va a aumentar la litigiosidad y que perjudica a los argentinos y que pretende la entrega del patrimonio nacional”.