El Consejo de Mayo da otro paso hacia la nueva reforma laboral y consensúa los cambios

Todo lleva a proyectar la nueva reforma en el Congreso recién para cuando asuman los legisladores elegidos en octubre. Las conclusiones del Consejo de Mayo estarán en diciembre. Eso quiere decir que lo que suceda en las urnas acelerará, frenará o condicionará el contenido de esa tan temida modernización laboral.

El Consejo de Mayo deliberará hoy para empezar a consensuar los cambios laborales que busca Javier Milei, pero en el gabinete hay internas sobre el tema. “Si bien ya hemos hecho avances en materia de legislación laboral, a partir del 11 de diciembre vamos a continuar con la reforma laboral”, afirmó Javier Milei hace 10 días en la Bolsa de Comercio. La agenda laboral que impulsan los libertarios surgirá del consenso multisectorial alcanzado en el Consejo de Mayo, que hoy tendrá su segunda reunión para avanzar con ese temario clave.
En la dirigencia de la CGT, que participa del Consejo a través de Gerardo Martínez (UOCRA), ya se prendieron luces de alerta: se enteraron de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quiere promover de nuevo algunas modificaciones laborales contenidas en el polémico DNU 70 que frenó la Justicia, como la limitación de las cuotas solidarias (principal sostén del financiamiento del aparato sindical), el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y la descentralización de la negociación colectiva, propuestas que irritan a los sindicalistas.
Stuzenegger, autor intelectual del Decreto 340 de reglamentación del derecho de huelga que suspendió la Justicia Laboral, es parte del ala dura del Gobierno y tiene un papel relevante en el Consejo de Mayo, que es presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, exponente del sector dialoguista del oficialismo. 
No son los únicos que inciden en los temas laborales: también tienen voz y voto el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los interlocutores más confiables para el sindicalismo, además del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Hay charlas informales y reservadas de algunos de estos funcionarios con dirigentes gremiales, y de allí creció la inquietud de la CGT por una percepción: el Gobierno está en campaña y muchas de las ideas para modificar la legislación laboral están teñidas por la necesidad de conseguir votos de un sector del electorado.
Los líderes cegetistas apuestan a tratar de negociar en el Consejo de Mayo para que las propuestas laborales que surjan de allí no sean las más perjudiciales para el poder sindical. Aun así, saben que si Milei gana por amplio margen las elecciones nacionales del 26 de octubre, se impondrá el ala dura de la administración libertaria e intentarán avanzar con los cambios más extremos de la legislación laboral.
Desde la cúpula cegetista, dirigentes como Martínez vienen conversando desde hace meses con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, para llegar a consensos básicos sobre la producción y el empleo. 
En un guiño a la CGT, el jefe industrial se pronunció en favor de actualizar la legislación laboral, pero se centró en “los convenios colectivos de los años 70 que ya no reflejan la realidad productiva actual” y sostuvo: “Tenemos que generar incentivos para contratar, y hoy sucede lo contrario. Hay muchos mecanismos que desincentivan el empleo formal”.
En ese escenario es donde la CGT mira de reojo a Sturzenegger, el abanderado de una reforma laboral que irritará a la dirigencia gremial, aliado al ministro Caputo, una suerte de prócer intocable para el Presidente, y sus ideas le resultan funcionales a Karina Milei para soñar con la reelección de su hermano y, de paso, condicionar a Santiago Caputo, con el que mantiene una dura interna.
Del lado moderado del Gobierno, cada vez con menos peso específico, se proponen suavizar algunas propuestas que equivalen a una ruptura con el sindicalismo, como la eliminación de las cuotas solidarias. 
Los dialoguistas del gabinete nacional creen que no hay que eliminar las cuotas solidarias sino establecer que solo pueden descontarse del sueldo de los trabajadores si hay una contraprestación explícita por ese pago mensual.
El DNU 70 puso en pie de guerra a la CGT apenas iniciado el gobierno de Milei porque ponía en jaque a las cuotas solidarias, que, desde los años 90, es el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a afiliados y no afiliados de un porcentaje del sueldo pactado con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.
En rigor, el DNU 70 autorizaba el pago de esas cuotas solidarias a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Era en la práctica, una forma de complicar al extremo el sistema que sostiene actualmente el funcionamiento de los gremios.
Finalmente, el capítulo laboral del DNU 70 quedó frenado en la Justicia tras una presentación de la CGT y cuando el Gobierno negoció con un sector de la oposición el texto de la Ley Bases, el de las cuotas solidarias fue uno de los 42 artículos eliminados de la versión original del proyecto para lograr los votos y sancionarlo.