El Gobierno cede capítulos clave para salvar la Ley de Propiedad Privada

Tras una jornada maratónica marcada por la tensión y las negociaciones de último minuto, el oficialismo logró esta madrugada la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Sin embargo, el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) dejó un gusto agridulce: para blindar la votación en general, el Gobierno debió sacrificar puntos neurálgicos de su agenda, como la reforma a la Ley de Tierras Rurales y los cambios en el Manejo del Fuego.

El texto, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra. Pese a las bajas en el articulado, el proyecto conserva cambios significativos que buscan, según el senador Agustín Coto, "simplificar y agilizar procesos".

• Desalojos "exprés": Se modifica el Código Procesal para que los juicios por falta de pago pasen a la vía del juicio sumarísimo, tanto en ámbitos urbanos como rurales. En casos habitacionales, se establece una intimación previa de 10 días corridos antes de iniciar la acción judicial.
• Expropiaciones restrictivas: La declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de forma restrictiva y superar un examen de idoneidad y proporcionalidad. Las indemnizaciones se basarán en el valor objetivo de mercado, excluyendo valores afectivos o ganancias hipotéticas, y el lucro cesante no podrá exceder el 30% del daño emergente, salvo prueba en contrario.
• Regularización dominial (Ley Pierri): Se reemplaza el corte temporal fijo por un requisito móvil de 10 años de posesión pacífica para acceder a la regularización de la vivienda única.
• Digitalización: Se reconoce la validez de documentos y firmas digitales para los Registros de la Propiedad Inmueble.

El punto más crítico para la Casa Rosada fue el retiro del capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros. Ante la falta de quórum y la presión de gobernadores y bloques aliados, Patricia Bullrich debió retroceder para no arriesgar todo el paquete de reformas.

Además, se bloqueó un intento de permitir el voto virtual para los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, enviando el debate sobre el reglamento a la Comisión de Asuntos Constitucionales.