El Gobierno deja en manos de las provincias, municipios y privados la política habitacional

La administración nacional ratificó ayer que las provincias y municipios asumirán la responsabilidad de impulsar las obras fundamentándose en que los fondos fiduciarios a través de las cuales ejercía sus funciones la Secretaría de Vivienda tenían un mal de uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados. Actualmente existen 17.000 viviendas en proceso de construcción que aún no fueron finalizadas y que corresponden al eliminado Plan Procrear.
En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a través del Decreto 70/2025 publicado ayer en el Boletín Oficial. La decisión se basa en la premisa de que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, con poca intervención del Estado nacional en esa área.
Gran parte de las funciones de la ex Secretaría de Vivienda se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que fueron disueltos o están en proceso de liquidación. Según el Gobierno, estos instrumentos presentaban un mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados concretos.
En ese contexto, la administración nacional ratificó ayer que las provincias y municipios asumirán la responsabilidad de impulsar este tipo de obras, tras detectar irregularidades en la gestión estatal, y aplicó la motosierra en esa área.
En un contexto marcado por la necesidad de reestructurar programas habitacionales y optimizar el uso de recursos públicos, el Gobierno de Javier Milei tomó medidas para abordar los desafíos en la construcción y entrega de viviendas. Actualmente existen 17.000 viviendas en proceso de construcción que aún no fueron finalizadas y que corresponden al eliminado Plan Procrear.
La administración nacional busca resolver esta situación mediante la subasta de propiedades y la transferencia de proyectos a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar su conclusión.
Este esquema ya fue implementado en agosto cuando se transfirieron proyectos habitacionales a provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof adoptó una estrategia similar, asumió la responsabilidad de concluir y entregar viviendas que ya contaban con un avance significativo en su construcción.
El Procrear entre 2012 y 2024 tenía principalmente las líneas Construcción y Desarrollos Urbanísticos, más de 100.000 beneficiarios habían logrado acceder al financiamiento para levantar su hogar o acceder a una vivienda a estrenar.
En algunos partidos del Conurbano bonaerense, como Avellaneda, se encuentran en ejecución 3.000 viviendas que fueron financiadas con recursos propios del gobierno provincial, lo que permitió avanzar en su finalización.
Es muy probable que las obras de Procrear sean finalizadas por municipios o empresas privadas en coordinación con el sector público, aunque ya no serán parte del Estado nacional. En este caso, dependerá del plan que tracen las provincias y distritos.
Las viviendas de los Desarrollos Urbanísticos, en su mayoría departamentos o PH de dos y tres ambientes, serían puestas a la venta, pero aún no se definió si contarán con financiamiento privado.
También se considera la entrega de unidades a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su disposición.

Antecedentes

Mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno dispuso en noviembre del año pasado, la disolución del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había identificado demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, entre otras deficiencias.
Además, el Decreto 6/2025 de este mes determinó el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, señalado por su uso con fines políticos y clientelistas, así como por la detección de incumplimientos e irregularidades. En la misma línea, el Gobierno avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
El Decreto también estableció el traspaso de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), encabezada por Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
El cierre de la Secretaría se implementará de manera ordenada y progresiva mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de garantizar la transición de responsabilidades. La administración nacional argumenta que la política habitacional se orientará hacia un esquema basado en el crédito privado y la participación del sector privado en la financiación de proyectos inmobiliarios.
Por su parte, los gremios advierten que la medida podría derivar en el despido de unos 500 trabajadores de la ahora ex Secretaría. En cuanto a la situación del personal, la normativa establece que quienes integran la planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.