El Gobierno oficializó ampliación de extraordinarias con la reforma penal juvenil

Con la confirmación del tema que incluye una baja de la edad de imputabilidad, serán 5 los temas a tratar entre el 2 y el 27 de febrero: la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de modernización laboral; el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, y el ahora agregado cambio del régimen penal juvenil.

Con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer se conoció el Decreto 53/26 por el cual se amplía el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al régimen penal juvenil.
La información había sido adelantada el lunes por el jefe de ministros, al cabo de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. 
En el encuentro participaron la secretaria general de la presidencia, Karina Milei –que no había asistido al último encuentro–, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Con la confirmación de la modificación de este tema que incluye una baja de la edad de imputabilidad, serán 5 los temas a tratar entre el 2 y el 27 de febrero próximos, a saber: la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de modernización laboral; el acuerdo de libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, y el ahora agregado cambio del régimen penal juvenil.
Este bonus track fue sumado a partir de que el jueves pasado la senadora Bullrich reabriera ese debate a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de 3 menores de edad. La senadora posteó ese día que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara” y eso da como resultado que “menores que cometen los peores delitos salen impunes –dijo–. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.
En diciembre pasado se había anunciado el debate de una modificación del Código Penal, aunque esto ya no figuró, como se ve, en la convocatoria para febrero.
La reforma del régimen penal juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque no llegó nunca al recinto. 
Dicho dictamen, que con el cambio de conformación de las cámaras ha perdido estado parlamentario, proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas. 
Vale aclarar también que originalmente el Gobierno había impulsado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, e insistiría en el nuevo proyecto con esa edad.

El resto del temario

En cuanto a los otros temas previstos, el proyecto de ley de adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de modernización laboral, que será el eje central de estas sesiones extraordinarias.
En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, el presidente Milei adelantó que enviaría en los próximos días el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias, pero su implementación se ha ralentizado, ya que el 21 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el pacto cumple el derecho comunitario. 
A partir de estos sucesos, en Casa Rosada evalúan si tratarlo en febrero. 
De resolver avanzar con su tratamiento legislativo, ingresaría por la Cámara de Diputados; pero aún no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dada la demora surgida por los sucesos en el Parlamento Europeo.
En el caso de la designación del ex diputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. 
Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación en comisión como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.
El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora ex senadora Guadalupe Tagliaferri.
El anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el presupuesto nacional 2026 y el proyecto de ley de inocencia fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron sendos dictámenes en el Senado. 
De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran está, como hemos dicho, la reforma del Código Penal; lo mismo que el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, también conocido como regla fiscal, que ameritaba serios reparos opositores.
Tampoco fue incluido el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, aunque previsiblemente no se esperaba que el Gobierno sumara este debate. Empero, el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.

Puntos principales del régimen penal juvenil

La reforma del régimen penal juvenil en Argentina busca reemplazar la actual Ley 22278 (promulgada en 1980). El eje central de la discusión suele ser la baja en la edad de imputabilidad, pero el proyecto es más integral.
Los puntos clave son:
Baja de la edad de imputabilidad: la propuesta busca que los menores sean penalmente responsables a partir de los 13 o 14 años (actualmente es a los 16).
Sistema de escalas: se establecen penas diferenciadas según la gravedad del delito, evitando que los menores reciban el mismo trato o condenas que un adulto.
Enfoque restaurativo: el objetivo no es solo la reclusión, sino programas de educación, formación laboral y acompañamiento para la reinserción social.
Prohibición de establecimientos comunes: los menores no pueden ser alojados en cárceles de adultos; deben estar en centros especializados con personal capacitado.
Actualización normativa: la ley vigente es de la época de la dictadura y es considerada paternalista y poco clara por muchos juristas.
Seguridad y justicia: quienes la impulsan argumentan que los delitos cometidos por menores no deben quedar impunes para dar respuesta a las víctimas.
Garantías procesales: paradójicamente, el régimen actual permite que un juez disponga del menor de forma casi arbitraria; la reforma busca que el joven tenga un juicio justo con defensa técnica.