El impacto del ajuste libertario: Emergencia tarifaria y desigualdad en la provincia

La política energética del Gobierno Nacional eliminó la distinción por ingresos, obligando a los sectores más vulnerables de Formosa a pagar lo mismo que los de mayor poder adquisitivo. Con subas que alcanzan el 2.374%, el tarifazo libertario asfixia la economía hogareña mientras la provincia intenta contener el impacto mediante subsidios operativos.

Desde la asunción de la actual administración nacional en diciembre de 2023, el sistema energético argentino atravesó una transformación radical. Bajo la premisa del déficit cero y la desregulación de mercados, la política energética de Javier Milei ha provocado un salto sin precedentes en las facturas de luz. En Formosa, el impacto ha sido particularmente devastador, con incrementos que alcanzan el 2.374% en los sectores de menores recursos.
El corazón del ajuste reside en la unificación de precios estacionales. Esta medida eliminó el criterio de equidad que permitía que las familias pagaran según su capacidad contributiva. Al eliminarse de forma drástica los subsidios a la generación y subir el precio mayorista, se produjo una convergencia tarifaria regresiva: hoy, un hogar vulnerable paga prácticamente lo mismo por el costo de la energía que un sector de altos ingresos.
La evolución de los precios muestra una disparidad alarmante en el peso del ajuste:
-Usuarios de Ingresos Bajos (N2): Pasaron de abonar una factura promedio de $2.976,32 en noviembre de 2023 a $73.625 en marzo de 2026, lo que representa el incremento más feroz del sistema con un 2.374%.
-Usuarios de Ingresos Medios (N3): Este sector, que pagaba $3.752, hoy enfrenta el mismo valor unificado de $73.625, sufriendo una suba del 1.862%.
-Usuarios de Ingresos Altos (N1): Partiendo de un costo de $22.571, su incremento fue del 226%, una cifra significativamente menor en términos porcentuales comparada con los estratos más vulnerables.
Esta política ha generado un “aplanamiento social”: mientras los sectores más postergados vieron su factura multiplicarse por 24, los sectores de mayor poder adquisitivo absorbieron un impacto mucho más leve, destruyendo la progresividad del sistema.

Los costos mayoristas

El aumento en las facturas finales es el reflejo directo de las decisiones tomadas por la Secretaría de Energía de la Nación y CAMMESA. La empresa distribuidora provincial, REFSA, se ha visto obligada a enfrentar una estructura de costos mayoristas calificada como “brutal”.
El componente fijo mensual Cargo por Potencia remunera la disponibilidad del sistema, registró un aumento del 9.906%. El valor por Megavatio (MW) pasó de unos $80.000 a fines de 2023 a superar los $8.005.215 en marzo de 2026. Es decir, el costo por potencia se multiplicó por más de 99 veces.
Abastecer de energía a la provincia también se disparó de forma vertical. El subtotal por transporte y mantenimiento saltó de aproximadamente $26,4 millones a más de $1.828 millones, lo que representa un incremento del 6.825% en el mismo período.
Este esquema tarifario no solo afecta el pago del servicio, sino que actúa como un ancla para el desarrollo regional, generando un impacto en tres ejes críticos:
Pérdida de poder adquisitivo

El gasto en servicios públicos ha pasado a representar una porción desproporcionada de los ingresos familiares, obligando a los hogares a recortar consumos básicos como alimentación y salud.
El costo energético se traslada directamente a los precios de comercios y PyMEs, alimentando la espiral inflacionaria y provocando una notable disminución en la actividad comercial de la provincia.
La eliminación de la distinción por ingresos pone a las familias electrodependientes o de barrios populares en una situación de precariedad absoluta ante la imposibilidad de afrontar los pagos.
Ante la retirada del Estado Nacional en su función de regulador del bienestar, el Gobierno de Formosa mantiene una política de contención mediante el subsidio al Valor Agregado de Distribución (VAD).
Mientras la Nación regula la generación, la potencia y el transporte (donde se originan los aumentos más agresivos), la jurisdicción provincial solo tiene potestad sobre la distribución. A través del VAD, la Provincia absorbe parte de los costos operativos para evitar que el impacto final en el bolsillo del usuario sea aún más devastador. 
Sin embargo, el ajuste sin precedentes aplicado por la Nación ha transformado el mercado energético en un sistema que busca la rentabilidad financiera a costa de la exclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad.