El Municipio y la Policía intervinieron en un presunto caso de maltrato y crueldad animal

Como medida de protección de los animales encontrados en un domicilio, la Dirección de Zoonosis y Protección Animal decidió su retiro y alojamiento en el CeMAA.
La Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina, en forma conjunta con la Comisaría Seccional Cuarta de la Policía provincial intervinieron en un presunto caso de maltrato y crueldad animal en el barrio 8 de Marzo. 
En el lugar personal médico veterinario y del área legal constató la existencia de animales en el lugar y las condiciones de alojamiento, su estado sanitario, se brindó atención médico veterinaria ambulatoria y se procedió a exhumar el cuerpo de un perro, que se encontraba enterrado y aparentemente era el que se veía en fotos compartidas a través de redes sociales. 
La verificación se hizo con autorización de la propietaria del inmueble, que se hizo presente en el lugar y permitió la inspección, por lo cual no fue necesario requerir una orden de allanamiento 
Atento a la situación verificada y como medida de protección de los animales encontrados en el domicilio, la Dirección de Zoonosis y Protección Animal decidió su retiro y posterior alojamiento en el Centro Municipal de Atención Animal San Roque (CeMAA), donde recibirán todos los tratamientos médicos y cuidados necesarios. Por otro lado, también se realizará un informe médico de cada animal para informar a la Comisaría Cuarta y, por su intermedio, al juez de instrucción en turno.  
La necropsia del cuerpo hallado (enterrado) será realizado por el personal médico veterinario del CeMAA, a fin de determinar las causales de su deceso y permitir encuadrar correctamente las conductas bajo investigación.
Este procedimiento está enmarcado en una investigación por presunto maltrato y crueldad animal, previsto en la Ley Nacional N° 14.346 cuya conocimiento e investigación corresponde a la justicia penal. 
Desde el área, cuya directora es Mónica Aldama, se comprometieron en brindar todo el apoyo a la justicia y a la policía para poder determinar la existencia o no de maltrato y crueldad y, en caso de corresponder, se apliquen las penas previstas en el código penal. Todo ello, sin perjuicio de la vigencia de la ordenanza 7.782 que prevé y reprime con multa a actos de naturaleza administrativa.