El oficialismo avanza sobre los miembros de la Corte en causas por mal desempeño

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, convocó a los para presentar el informe de cargos el miércoles a las 15 horas.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se encuentra en la etapa final de su investigación sobre el desempeño de los miembros de la Corte Suprema. Esta investigación giró en torno a causas emblemáticas, incluyendo los fallos que otorgaron el beneficio del 2×1 a represores de la dictadura militar, la disputa sobre fondos de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y las reformas al Consejo de la Magistratura. 
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, convocó a los diputados para presentar el informe de cargos el miércoles a las 15 horas.
Si el informe es aprobado en la comisión, lo cual se espera debido a la mayoría del oficialismo en dicho cuerpo, se procederá a dar traslado a los jueces de la Corte Suprema involucrados en las acusaciones. Estos jueces son Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes tendrán la oportunidad de presentar su descargo y defenderse de las acusaciones.
La investigación de la Comisión de Juicio Político se inició el 26 de enero pasado, cuando el oficialismo, encabezado por el presidente Alberto Fernández y varios funcionarios y gobernadores del Frente de Todos, presentó un pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Este proceso se basa en una serie de acusaciones, entre las que se incluye la presunta invasión de las competencias de otros poderes del Estado, lo que podría llevar a un gobierno de los jueces.
Durante las más de 23 reuniones que se han llevado a cabo, la Comisión analizó numerosos expedientes relacionados con los pedidos de juicio político. Además de los casos mencionados anteriormente, también se ha investigado el manejo supuestamente irregular de la obra social del Poder Judicial de la Nación.
Uno de los puntos clave en la investigación es la supuesta connivencia entre la Corte Suprema y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo presentó pruebas, incluyendo chats filtrados entre el director general de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el ex ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro, como evidencia de esta conexión.
En la última reunión de la comisión, se analizó el papel del juez Rosenkrantz en 69 sentencias de ex clientes y se cuestionó su solicitud de regulación de honorarios a la Corte, por un monto de $18000 millones, en un caso en el que representó a la provincia de Santa Fe en un reclamo de coparticipación contra el Estado nacional.

Futuro del proceso

El siguiente paso en el proceso será la presentación de los cargos contra los magistrados por parte de los diputados en la próxima reunión. Luego, se les dará la oportunidad a los jueces de la Corte Suprema para que puedan presentar sus descargos y defenderse de las acusaciones. Es importante destacar que los jueces no están obligados a utilizar este mecanismo de defensa.
Además de las causas mencionadas, también se encuentra pendiente el pedido de juicio político presentado años atrás por la Coalición Cívica contra el juez Ricardo Lorenzetti por abuso de poder. El bloque oficialista ha solicitado una prórroga para ampliar las causales y la lista de testigos en este caso.
En última instancia, el proceso de juicio político requerirá que el dictamen de acusación sea aprobado en el recinto de la Cámara de Diputados con el respaldo de dos tercios de los presentes. El resultado de este proceso tendrá implicaciones significativas para el futuro de los jueces de la Corte Suprema y la estabilidad institucional en Argentina.