El poderoso mensaje de la Corte: “Mérito en lugar de acomodo”

Por Luciano Román 
Publicado en La Nación

Si se le preguntara a cualquier ciudadano qué relación cree que existe entre su vida cotidiana y la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, seguramente nos diría que ninguna. Sin embargo, detrás de ese nombre burocrático y desangelado se esconde, quizá, uno de los debates más relevantes que se han planteado en la Argentina en los últimos años. Tiene que ver con la calidad y la idoneidad de los jueces, pero puede leerse como un llamado de atención sobre algo mucho más amplio: la seriedad con la que se eligen los hombres y las mujeres que, en distintos estamentos del Estado, deciden sobre el patrimonio, la libertad, la familia y la honra de los ciudadanos.
Con esa acordada, lo que ha hecho la Corte es impulsar un sistema más confiable y riguroso en el proceso de selección y designación de magistrados nacionales. Antes que una propuesta, en el fondo es un diagnóstico: el mecanismo vigente ofrece demasiado margen para la discrecionalidad y la politización, en desmedro de la evaluación técnica y los antecedentes académicos y profesionales. Lo que nos está diciendo el máximo tribunal de la Nación es, “cuidado”: el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a los que tengan mayor “palanca” política; tal vez a los que garanticen mayor “lealtad” al poder de turno y a los que sean más habilidosos para operar en “la rosca”.
Es necesaria una breve explicación: el Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por jueces, legisladores, representantes de los abogados y un funcionario del Poder Ejecutivo. Se encarga de evaluar a los aspirantes a jueces y conformar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para proponer sus designaciones. En ese proceso, se tienen en cuenta básicamente tres cosas: el resultado de un examen sobre los conocimientos del Derecho, los antecedentes jurídicos, académicos y profesionales y el desempeño del postulante en una entrevista personal con los consejeros. En las formas, todo parece transparente, pero ¿qué ha ocurrido en los hechos? Por artimañas reglamentarias, se le ha otorgado un peso decisivo a la entrevista personal. Puede ocurrir, entonces, que un candidato que obtuvo, por exámenes y antecedentes, el lugar número 19 en una lista de 20 postulantes, pase mágicamente al lugar número 1 por obra y gracia de la entrevista, donde los márgenes de discrecionalidad no tienen techo. Es así como la rosca política puede ser más efectiva que la solvencia técnica. La práctica habilita, entonces, lo que en la jerga judicial se conoce como “el garrochismo”: un salto de garrocha que permite ese ascenso biónico desde los últimos a los primeros lugares.
La Corte, que conoce como nadie la calidad de los jueces con los que “ara”, acaba de encender una luz de alerta e impulsa cambios en varios aspectos medulares del sistema. Propone exámenes más rigurosos, evaluaciones anónimas, y una menor incidencia, en el puntaje final, de la entrevista personal. En definitiva, un regreso a la cultura del mérito y un retroceso del amiguismo y el acomodo, dos mecanismos que han colonizado la forma de acceso a los lugares más encumbrados del Estado.
La arbitrariedad y el favoritismo para definir designaciones son rasgos de una cultura que excede al Poder Judicial y atraviesa, de punta a punta, la vida institucional de la Argentina. Puede decirse que en la Justicia los concursos han sido desvirtuados y en algunos casos, amañados. Pero en otros estamentos del Estado fueron directamente abolidos.
Para asomarse a la magnitud del problema vale la pena reparar en este párrafo de un informe de Cipecc que firman Gonzalo Diéguez, Jimena Rubio y Laura Zivanic: “Desde inicios de 2002, la función directiva del Estado nacional ha sido cubierta centralmente de modo discrecional. En diciembre de 2018, el 93 por ciento de los directores nacionales y generales de la Administración Pública nacional estaba designado de forma transitoria y el 80 por ciento estaba exceptuado de requisitos. La proliferación de este tipo de designaciones evidencia que el ingreso a la mayoría de los cargos con incidencia crítica en el desarrollo de políticas públicas no responde a decisiones basadas en competencias profesionales ni a criterios de acceso en base al mérito”.
El Gobierno nacional, que ha tenido el acierto de poner en debate la dimensión y el financiamiento del Estado, ha exhibido -sin embargo- muy pocos avances y hasta groseros retrocesos en la búsqueda de profesionalismo y jerarquización de los recursos públicos. A la hora de designar, por ejemplo, a titulares de organismos como la Aduana, la DGI, el Indec o el Servicio Meteorológico se ha perdido la oportunidad de hacerlo a través de concursos o, al menos, con sistemas más transparentes como podrían ser audiencias públicas o evaluaciones ante jurados técnicos. Si se hubiera avanzado en esa dirección se habría marcado un hito institucional.
La Argentina tuvo una larga y rica tradición en materia de formación y selección de funcionarios públicos. Uno de los modelos más virtuosos, que ha logrado, incluso, sobrevivir a los embates del populismo, es el del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (Isen), que fue creado a través de un decreto de 1963 y, luego, jerarquizado por ley en 1975. Es un sistema que exige capacitación, exámenes, escalafón y requisitos estrictos en materia de conducta personal, donde se acotan los márgenes de arbitrariedad política para convertir al servicio exterior en una carrera basada en el esfuerzo y la trayectoria profesional ¿No debería tomarse como modelo en otros ámbitos del Estado?
La iniciativa de la Corte descorre el velo, en definitiva, sobre un problema que no solo excede a la Justicia sino también a la política. En la Argentina se ha devaluado el examen como engranaje cultural. Para el ingreso a las universidades, por ejemplo, el único requisito es presentar el DNI. Ni siquiera es necesario el título secundario, según el artículo séptimo de la ley de educación superior. Muchos colegios, para definir las vacantes, apelan al sorteo de la Lotería: evaluar es “estigmatizante”, lo mismo que poner aplazos. El docente que reivindica la exigencia es descalificado como cultor del “dificilismo”.
En las universidades nacionales creció en forma exponencial la cantidad de docentes que nunca pasaron por un concurso. Pero los exámenes también se han desdibujado en la carrera hospitalaria y prácticamente no existen en el acceso a la Administración Pública. Si en la jurisdicción nacional todo esto es un problema grave, en las provincias es directamente una catástrofe. Algún día también deberían encenderse los reflectores sobre el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.
No sólo se han desvirtuado los mecanismos de evaluación y selección en distintos estamentos, sino también tradiciones muy arraigadas, por ejemplo, en los órganos parlamentarios. Es obvio -además de sano y republicano- que a las bancas legislativas no se accede por concurso, sino por el voto popular. Sin embargo, existía un saludable consenso que indicaba que para ocupar las presidencias de determinadas comisiones se requería cierta formación en los temas específicos. Ha sido una constante que la comisión de Presupuesto, por caso, sea presidida por un economista o un profesional con antecedentes en la gestión de recursos públicos. La de Juicio Político, por alguien que fuera abogado y la de Relaciones Exteriores y Culto, por un legislador con alguna sensibilidad, al menos, por asuntos de la geopolítica o la diplomacia. Esas tradiciones acaban de ser archivadas: en la comisión de Juicio Político asumió como presidenta la diputada libertaria Lilia Lemoine, con un perfil alejado del territorio jurídico; en la de Relaciones Exteriores fue designada la oficialista Juliana Santillán, que anunció una reunión con el embajador de Checoslovaquia, un país que fue disuelto hace más de treinta años.
Cuesta conectar la falta de idoneidad en el Estado con las desventuras cotidianas del ciudadano de a pie. Sin embargo, hay una relación directa entre la degradación del servicio público y las penurias de la sociedad. La selección de los jueces parece una cosa abstracta, un debate de especialistas. Sin embargo, en ese trámite “lejano” se juegan la tranquilidad, la confianza y la seguridad de un padre o una madre que debe litigar en un juzgado de Familia, la de una Pyme que se juega su supervivencia en un pleito laboral o la de una comunidad como la de Rosario, que ve con desolación el avance del narcotráfico.
La cultura del mérito, del examen, de la selección rigurosa para acceder a ciertos cargos, determina la calidad de los médicos que atienden en los hospitales, de los abogados que asisten una familia en apuros o de los contadores y los inspectores que revisan nuestras cargas impositivas.
Aunque a veces lo veamos como un espectáculo bizarro, la degradación del debate parlamentario debilita la confianza de los inversores, genera dudas sobre la calidad técnica de las leyes y reviste de vulnerabilidad e incertidumbre reformas fundamentales que se votan en el Congreso.
La opacidad en los sistemas de designación produce, además, un efecto injusto: afecta la credibilidad y el prestigio de muchos jueces y funcionarios que honran los lugares que ocupan y tienen trayectorias ejemplares.
En este contexto, el debate que impulsa la Corte debe leerse como una enorme oportunidad: “Basta de acomodo”; “volvamos a la cultura del mérito”. Eso es lo que subyace detrás de un título árido y burocrático: Acordada 4/2026. Ojalá sea el inicio de un debate que trascienda las fronteras de la Justicia.

Análisis

La nota de opinión de Luciano Román revela uno de los males de estos tiempos en que todo se ha nivelado hacia abajo, con una degradación de los niveles educativos que alarma y cuyas consecuencias las paga la sociedad en su conjunto, al salir a la calle profesionales sin la formación acorde a la responsabilidad que asumen.
Hace recordar las desafortunadas expresiones del ex presidente, Alberto Fernández en torno al poco valor que le atribuía al mérito, expresiones que dibujan, de cuerpo entero, la mediocridad de quien nunca pudo ser, por las vías normales, Presidente de la Nación, y que desconoce que, quienes más lejos han llegado, acá y en el mundo, no son precisamente los que se han criado en familias pudientes, sino los que han comenzado desde abajo, incluso sufriendo algunos tropiezos que han contribuido a forjar la necesaria experiencia.  
La proliferación de universidades y las facilidades extremas dadas al proceso de ingreso ha contribuido al menor nivel que exhiben los profesionales que se han recibido estos años. 
Hasta llegó a haber una Universidad de las Madres de Plaza de Mayo o vinculada a la AFA, así como la proliferación de facultades que dan títulos con estudio a distancia, que es lo mismo que tomar una declaración indagatoria -uno de los pasos esenciales del proceso- vía Zoom, desnaturalizando la inmediatez que hace a la necesidad de que el imputado esté cara a cara frente al juez o al fiscal quien, a la vez, puede percibir su semblante y reacción frente a las preguntas, así como la disposición a clarificar los hechos. 
La pérdida del valor del esfuerzo, del sacrificio y el valor del trabajo ha sido el denominador común de los últimos años. 
Antes el proceso de ingreso en la UBA, en la Universidad de Santa Fe, La Plata o Córdoba, o en el propio Colegio Nacional de Buenos Aires (dependiente de la UBA) era claramente riguroso para asegurar que quienes salgan de esas casas de estudios tengan la formación acorde a la responsabilidad que asumen, evitando lo que ahora ocurre y es moneda corriente, algo que obviamente no se limita al campo del Derecho, en lo que hace a jueces y fiscales, sino a todas las disciplinas en las que, el común de los ciudadanos, no pocas veces se encuentra con contadores, abogados, psicólogos o médicos que no están a la altura de las circunstancias. 
Quizás, sí, haya que llegar a un punto intermedio y adoptar la temática como una política de Estado. Pero de nada vale seguir alentando situaciones que van en desmérito del nivel que deben mostrar jueces, legisladores, profesionales y demás actores sociales, tanto más cuanto su acción incide en el conjunto. 
Es la diferencia que vemos respecto a realidades que se ven en otros lares, sin llegar a Alemania o a Japón. Ejemplos sustantivos más cercanos como Chile, Uruguay o el Paraguay, cuyas economías, nivel de inflación y riesgo país son indicadores elocuentes que están a la vista.