El Senado prepara la última sesión de esta primera mitad del año para el 4 de junio

Vacaciones de invierno y Mundial anticipan una fuerte desaceleración de la actividad parlamentaria. En Diputados, evalúan una eventual sesión para tratar el pago a los bonistas antes de fin de junio.
Los años legislativos se dividen en dos mitades separadas por las vacaciones de invierno. Que si bien muchas veces son minimizadas por los propios legisladores, existen y afectan la actividad parlamentaria, claro está. Cuando hay Mundial, eso influye aún más. Sucede cada cuatro años, y es lo que está por acontecer en quince días.
No es que vaya a haber un éxodo inminente hacia Estados Unidos, para asistir al torneo ecuménico –aunque no serán pocos los que, con cierta discreción, no se lo perderán–, pero la verdad es que esos dos factores, vacaciones y Mundial, oficiarán como un factor de enorme peso para ralentizar el trabajo en el Congreso.
De ahí que no sean pocos los que consideren que la del miércoles pasado fue la última sesión de este semestre en Diputados, aunque desde el oficialismo se advierte que hay un plazo perentorio que cumplir, de ahí que pueda haber una sesión de urgencia. Se verá.
¿Cuál es ese proyecto que debe ser tratado de apuro? El del pago a los bonistas, que está todavía en el Senado, pendiente de aprobación allí. En la versión inicial, ese plazo estaba marcado para el 30 de abril de 2026. Si no se aprobaba antes de esa fecha, el convenio podía caerse automáticamente y obligar a la Argentina a retomar los litigios en condiciones más desfavorables. Claramente ese plazo se incumplió; recordemos que el texto fue excluido de la última sesión del Senado, por errores que debían ser corregidos.
Pero el plazo fue extendido para dar margen al Congreso: primero hasta fines de mayo, pero luego, con ajustes en el dictamen, se estiró hasta el 30 de junio de 2026.
De ahí que se especule con una sesión urgente en Diputados –una vez cumplida la media sanción– en el transcurso de junio.

La agenda del Senado

Por lo pronto, ese texto debe ser aprobado en la Cámara alta, donde la última semana se le dio dictamen en el marco de un plenario de las comisiones de Economía e Inversión Nacional y de Presupuesto y Hacienda. Allí hubo una actualización en el listado de bonos debido a que el anterior texto contemplaba montos prescriptos y que se incorporaron otros que habían quedado afuera de la redacción. Si bien en esa comisión trascendió que el Acuerdo de Conciliación con Attestor y Brainbridge sería tratado en el recinto este jueves 28 de mayo, lo más probable es que la próxima sesión del Senado sea el 4 de junio.
Ese día se incluirían también pliegos judiciales que han sido debatidos en la Comisión de Acuerdo las últimas semanas. Son 73 que ya están listos para ser tratados, entre los cuales figura el de la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación, como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
El otro proyecto que se descuenta estará en el temario de esa sesión que se realizaría el 4 de junio es el de la propiedad privada. El proyecto también tuvo dictamen la última semana, más precisamente el miércoles 20 de mayo, en el marco de un plenario de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado, donde se hicieron cambios sustanciales. El dictamen establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial. Según se explicó, la intención es dotar de mayor claridad operativa a la norma y evitar interpretaciones dispares.
Otro de los cambios relevantes es la exclusión del capítulo vinculado al régimen de barrios populares (RENAVAP), que será abordado en una iniciativa específica, así como la incorporación de disposiciones sobre registros de terrenos.
En materia de tierras rurales, el proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición por parte de extranjeros, aunque introduce un esquema descentralizado: serán las provincias las que definan si autorizan o no esas operaciones, en línea con sus competencias constitucionales sobre los recursos naturales. No obstante, se mantiene la prohibición para que estados extranjeros o empresas con participación estatal accedan a la propiedad de tierras.
Ese sería el temario de la última sesión del Senado de esta primera mitad del año, que tendría lugar el jueves 4 de junio. A menos que con un tratamiento exprés en comisiones se deje listo por ejemplo la media sanción de Zona Fría para convertirla en ley antes del receso.