El STJ sancionó a funcionarios judiciales que no cumplieron las normas sanitarias
Los funcionarios judiciales sancionados con 10 días de suspensión fueron el por entonces fiscal de Las Lomitas, Diego González; la asesora de Menores Marta Castro y al defensor oficial Rubén Darío Gon. El STJ tuvo por acreditado, no solamente por fotografías que los participantes subieron a redes sociales, sino por constatación de la Policía.
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El Superior Tribunal de Justicia sancionó con 10 días de suspensión al por entonces fiscal de Las Lomitas, Diego González; a la asesora de Menores Marta Castro y al defensor Oficial Rubén Darío Gon por haber participado en plena pandemia de una reunión social por el cumpleaños de este último, realizado en una quinta de Las Lomitas el 23 de Julio del año pasado con la presencia de gran cantidad de personas.
La medida fue aplicada en el marco del sumario administrativo iniciado por la corte provincial, tras haber tomado estado público la participación en dicho festejo de los tres funcionarios judiciales.
El STJ tuvo por acreditado, no solamente por fotografías que los participantes subieron a redes sociales, sino por constatación de la Policía, que ellos no cumplieron las medidas sanitarias de prevención, obligatorias para todos, dictadas desde el organismo competente para evitar la propagación y contagio de la covid-19, como ser la prohibición de reunión y cantidad de personas en día y horario no habilitado, sin respetar distanciamiento físico, con la presencia de menores de edad y la no utilización de elementos de bioseguridad, infrigiendo el Decreto Nacional 297/20 y sus sucesivas prórrogas, al que se había adherido el Gobierno de la provincia de Formosa, mediante Decreto Provincial 100/20 y sus prórrogas correspondientes.
El doctor Diego González renunció a su cargo de fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial en noviembre del año pasado, en tanto la sanción disciplinaria fue aplicada dos meses después, el 4 de febrero de 2021, razón por la cual no apeló la medida sancionatoria.
Su dimisión se encuentra a consideración del Poder Legislativo, como constitucionalmente corresponde, encontrándose a la fecha con licencia sin goce de haberes desde febrero de este año.
Sin embargo, tanto Darío Gon como Marta Castro plantearon sendos recursos de revocatoria contra la medida administrativa, los cuales fueron recientemente rechazados por el Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, ante la contundencia de las pruebas acumuladas en el sumario que acreditaron la inconducta por la que fueron sancionados.
En su voto, el ministro Eduardo Hang, sin perjuicio de compartir los argumentos que sostienen el rechazo de los recursos planteados, sostuvo que los funcionarios involucrados, al cuestionar la sanción aplicada, alegaron que no se demostró que el hecho “haya lesionado la confianza de la población en general, hacia quienes tienen la obligación constitucional de administrar Justicia”.
Respecto a esto, Hang advirtió que es notorio que no se puede asumir el funcionamiento de un cargo de control de la ley y luego vulnerarla, y recordó que el ingreso a la función judicial exige que el comportamiento sea adecuado, tanto dentro como fuera de la función. “No se es magistrado, fiscal o defensor solo en las horas de trabajo, sino en los demás aspectos de la vida. El ingreso al Poder Judicial no es forzoso, pero quienes ingresan deben comprender cumplidamente que su actividad, por más privada que sea, tiene un contenido valorativo para la sociedad que lo rodea, que no puede ser desconocida”, enfatizó el ministro.
Finalmente recordó a los sancionados que el Código de Ética Judicial vigente para el Poder Judicial de Formosa refiere sobre la necesidad de un comportamiento que promueva la confianza pública y mal puede promoverla el hacer algo contra la ley.
