“Eliminar la ANDIS se centra en la idea de un ajuste”

Advirtieron que “coloca en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, sumado al escándalo de corrupción que, involucra presuntas coimas, el uso de lenguaje estigmatizante en documentos oficiales y los cambios en las políticas de discapacidad que se realizan a costa de los derechos de las personas más vulnerables”.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, junto a la Asociación Civil Camino Azul TEA Formosa que preside Florencia Santa Cruz y el diputado provincial Hugo Arrúa advirtieron que, “la eliminación y reestructuración de la ANDIS en Argentina, se centran en la idea de un ajuste, que coloca en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, sumado al escándalo de corrupción que, involucra presuntas coimas, el uso de lenguaje estigmatizante en documentos oficiales y los cambios en las políticas de discapacidad que se realizan a costa de los derechos de las personas más vulnerables”. 
El defensor provincial, recordó en su exhortación al ministro de Salud que la Justicia Federal ya advirtió que la metodología aplicada para la suspensión o eliminación de pensiones, “no solamente violó el principio de no regresividad, sino que introdujo una carga onerosa sobre los beneficiarios para conservar lo que ya tenían reconocido y es por esto que, las formas en que se realizaron las auditorías médicas, difícilmente superen algún escrutinio de razonabilidad, dejando en claro que, no nos oponemos, sino a que estas se lleven a cabo conforme a derecho y no bajo el capricho de los funcionarios nacionales de turno”.

Estigmatización del Gobierno Nacional

El Foro Permanente de Discapacidad denunció que la gestión de Javier Milei pretende generar confusión con la información sobre los CUD de personas fallecidas, dado que, en los últimos días informó maliciosamente acerca de 178.000 CUD (Certificado Único de Discapacidad) activos, correspondientes a personas con discapacidad ya fallecidas supuestamente. Según el Foro, la difusión por parte del Gobierno Nacional de esta información busca “confundir a la sociedad y juzgar a las personas con discapacidad”.
La organización remarcó que esta información, difundida por el titular de ANDIS, curiosamente sucedió luego del revés en Diputados que volteó la derogación de la Emergencia en Discapacidad. Lo más grave de la difusión de la gestión de Javier Milei es cómo vinculó el error de los CUD activos con el recibimiento de algún tipo de prestación o pensión, sugiriendo curros y déficit para justificar el ajuste sobre esta población. Es por ello que el Foro Permanente de Discapacidad consideró necesario realizar “aclaraciones urgentes” sobre la difusión del Gobierno Nacional.

CUD activo no significa cobro de pensión

Tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica recibir una prestación ni cobrar una pensión, la noticia busca instalar en el imaginario social la idea de que existirían 178.000 pensiones cobradas de manera irregular, reforzando el discurso oficial que intenta presentar los reclamos del sector como parte de un supuesto curro. Enfatizaron que “para acceder a una pensión no se exige el CUD, sino el Certificado Médico Obligatorio, que es emitido por un hospital público y debe estar refrendado por el médico evaluador y el director del establecimiento”. 
El Foro entiende que sostener activo el CUD de personas discapacitadas ya fallecidas es un error que las dependencias estatales pertinentes (en este caso, el RENAPER) deben corregir y dar de baja. Pero los 178.000 CUD activos, a dos años de gestión de Javier Milei, no hacen más que evidenciar las “graves falencias en la gestión estatal” “resulta difícil de comprender cómo, en este tiempo, no se haya conformado un padrón articulado entre ANDIS y el RENAPER”. 
Se subrayó que intentar vincular esta situación con los prestadores implica sugerir que existirían facturaciones a nombre de personas fallecidas, un hecho obviamente a investigar y sancionar. No obstante, es necesario siempre aclarar que el CUD no significa cobro o prestación, que “para que una persona reciba una prestación, organismos como PAMI, Incluir Salud, las obras sociales o las prepagas deben autorizar previamente la atención, y que las facturaciones se realizan mensualmente, por lo que estos mismos organismos deberían conocer si una persona se encuentra viva o fallecida”. 
De existir facturaciones sostenidas en el tiempo a nombre de personas fallecidas, debería suponerse la participación y responsabilidad de múltiples actores, y no utilizar el tema para instalar sospechas generalizadas.