Salud mental en Formosa
Especialistas advierten que la reforma de Milei significaría un "grave retroceso"
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El director provincial de Salud Mental, Marcelo Kremis, alertó sobre el impacto que tendría en la provincia el proyecto enviado al Senado. La eliminación del piso presupuestario del 10% y el cierre del Remediar ya se hacen sentir en los tratamientos.
El Gobierno nacional encendió una nueva controversia en el campo de la salud pública al enviar al Senado un proyecto de ley que busca modificar en profundidad la Ley Nacional de Salud Mental vigente desde 2010. Mientras desde Casa Rosada lo presentan como una "modernización" necesaria, desde Formosa se alzaron voces de alerta: el director provincial de Salud Mental, el licenciado Marcelo Kremis, advirtió que la iniciativa implica "un grave retroceso" para los derechos de las personas con padecimientos mentales.
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¿Qué propone el Gobierno nacional?
El proyecto del Ejecutivo propone reemplazar el concepto de "padecimiento mental" por categorías diagnósticas más precisas, flexibilizar los criterios de internación involuntaria en situaciones de urgencia, y fortalecer una red de atención por niveles en lugar de avanzar en el cierre de los hospitales psiquiátricos.
Uno de los puntos más controvertidos es el cambio en la terminología: se abandonaría el término "padecimiento mental" para adoptar el de "trastornos mentales o del comportamiento", alineándose con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el argumento de otorgar mayor precisión clínica y evitar demoras en las intervenciones.
En materia de internaciones, el proyecto introduce un nuevo enfoque sobre el riesgo, reemplazando el criterio actual que permite la internación involuntaria únicamente ante "riesgo cierto e inminente" por criterios más flexibles.
La mirada desde Formosa
Desde la provincia, el licenciado Kremis fue contundente. Consultado por este medio, el funcionario señaló que el proyecto "tiene varios puntos que, en vez de generar un avance, significan un grave retroceso". Remarcó que la ley vigente fue "el resultado de lucha de muchos años de profesionales del campo de la salud mental para lograr que esté centrada en los derechos de las personas con padecimiento mental".
En particular, Kremis apuntó contra el retorno de la figura del médico como único decisor en los procesos de internación. Explicó que bajo la normativa actual "la última palabra" no recae exclusivamente en el médico, sino en el trabajo colectivo entre los distintos profesionales y técnicos del equipo de salud mental, especialmente en las decisiones de internación. "Esta modificación retrocede al punto anterior en donde es la figura del médico exclusivamente la que toma estas decisiones", advirtió.
El presupuesto: el nudo del conflicto
Para Kremis, sin embargo, el núcleo del debate es otro: el presupuesto. El director provincial sostuvo que el objetivo del proyecto sería "maquillar o enmascarar detrás de todos esos cambios uno fundamental", que es la eliminación de la obligación del Gobierno nacional de destinar al menos un 10% del presupuesto en salud a salud mental. Denunció que durante la actual gestión esa exigencia nunca se cumplió: "apenas se llegó al 2%", dijo. Y aun así, "en la nueva ley se elimina esa responsabilidad".
Los datos nacionales confirman esa tendencia. Según un análisis de la organización ACIJ, la inversión prevista para 2026 representaría apenas el 1,42% del presupuesto total destinado a salud.
El Remediar y los medicamentos que ya faltan
La crisis no es solo proyectada: ya tiene consecuencias concretas en Formosa. Kremis denunció que, con el cierre del programa Remediar, también se recortaron los medicamentos destinados a pacientes con problemas crónicos de salud mental como la esquizofrenia, el autismo y la depresión.
"No nos sorprende porque va todo en la línea de la reducción de inversión y de cualquier tipo de beneficios para las personas que lo necesitan, especialmente en el sistema de salud, ya lo hemos visto en discapacidad", lamentó el funcionario provincial.
Rechazo de organizaciones especializadas
El cuestionamiento no es solo local. La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) rechazó los argumentos del Gobierno y advirtió que el proyecto "pone en riesgo el principio de autonomía y las libertades individuales". En un documento oficial, la institución sostuvo que el texto "ignora estándares, tratados, convenciones y acuerdos internacionales asumidos por el Estado Argentino" y que su aprobación "significaría un enorme retroceso en relación a la protección de los derechos humanos de las personas que transitan problemáticas de salud mental y adicciones".
Contexto de alta demanda
El debate se da en un contexto de creciente demanda en salud mental. Estudios recientes indican que una proporción significativa de la población atraviesa dificultades emocionales o psicológicas, mientras que una parte importante no accede a tratamiento, principalmente por motivos económicos.
El llamado al Congreso
Kremis cerró su análisis con una apelación directa a los legisladores nacionales que representan a Formosa: "Esperemos que nuestros legisladores tengan la lucidez para poder interpretar también esto".
El proyecto ya ingresó al Senado con pedido de tratamiento prioritario. Las organizaciones de profesionales, usuarios y familiares ya anunciaron que seguirán de cerca el debate parlamentario.