Estatales lanzan paro total durante el tratamiento de la reforma laboral

Un grupo de gremios, impulsados por ATE, se reunieron ayer y anunciaron la huelga prevista para el mismo día en que la Cámara Alta retome el debate del proyecto que busca aprobar el Gobierno nacional.

Un grupo de gremios estatales, impulsados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió ayer y anunció un paro general con movilización para el mismo día en que la Cámara de Senadores comience el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. 
La determinación fue adoptada tras un encuentro en el Hotel Héctor Quagliaro, donde participaron representantes sindicales de distintas ramas del sector público, junto a jubilados, abogados laboralistas y académicos.
La decisión surge en un contexto de creciente expectativa por el inminente debate legislativo y ante la posibilidad de que la normativa reciba respaldo de varios gobernadores provinciales. Durante la jornada, la dirigencia sindical evaluó no solo la convocatoria a la huelga, sino también la posibilidad de anticipar medidas de fuerza en aquellos distritos donde los mandatarios expresaron su apoyo al proyecto oficialista. 
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien anticipó además que este mandato será trasladado a la reunión prevista para hoy con sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Según los organizadores, la medida cuenta con el respaldo de gremios de actividades judiciales, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros. El objetivo central es manifestar el rechazo a la reforma laboral y ejercer presión sobre los senadores y los poderes provinciales que, según los sindicalistas, resultan claves para la aprobación del paquete legislativo.
Aguiar expuso su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre los derechos laborales vigentes. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Javier Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló el dirigente tras la asamblea. 
La movilización se suma a la advertencia de que las acciones podrían replicarse en distritos que respalden la iniciativa oficial, especialmente durante los primeros días de febrero.
Debate parlamentario

El debate parlamentario sobre la reforma laboral se enmarca en el inicio de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo 2 de febrero, con la reforma como uno de los principales puntos de discusión. 
El oficialismo, que busca aprobar la iniciativa en el Senado, necesita sumar apoyos fuera de sus filas. El diálogo con bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y legisladores provinciales resulta determinante para reunir los 37 votos necesarios para el quórum. Según fuentes legislativas, los radicales mantienen una posición cautelosa y preparan reclamos puntuales para la reunión prevista con la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Desde los sectores sindicales, la preocupación central radica en los cambios que la reforma introduce sobre la Ley de Contrato de Trabajo, que regula a numerosos organismos estatales como ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros. Los gremios advierten que, a diferencia de lo que señala el Poder Ejecutivo, el sector público se verá directamente afectado, ya que muchos trabajadores están alcanzados por la norma que se busca modificar.

Los puntos más cuestionados por los sindicatos

Uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos es la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo, lo que, según denunciaron, podría perpetuar situaciones de fraude laboral tanto en la administración nacional como en provincias y municipios.
El conflicto no es solo económico, sino estructural y jurídico. Los sindicatos hablan de un “retroceso de 100 años” y se fundamentan en lo siguiente:
1. El fin de la presunción de vínculo (el monotributista): en el derecho laboral clásico, si alguien trabaja con horario, recibe órdenes y cobra un sueldo, se presume que es un empleado en relación de dependencia (aunque lo hagan facturar como monotributista).
La reforma busca eliminar esta presunción para contrataciones estatales.
El riesgo de fraude laboral: los gremios denuncian que esto legaliza la figura del falso autónomo. El Estado podría contratar personas para tareas permanentes tratándolas como proveedores de servicios, sin pagar aguinaldo, vacaciones pagas ni indemnizaciones.
2. El cambio de cancha judicial (artículo 79): este es un punto técnico pero crítico. Actualmente, si un empleado público tiene un conflicto, va a la Justicia Laboral, que se rige por el principio protectorio (en caso de duda, se favorece al trabajador).
La reforma: traslada estos casos al fuero Contencioso Administrativo.
La consecuencia: este fuero está diseñado para revisar actos del Estado y contratos administrativos, no para proteger derechos de trabajadores. Los sindicatos argumentan que esto nivela la cancha a favor del Estado, haciendo que el empleado pierda su estatus de sujeto de preferente tutela.
3. La responsabilidad política de los gobernadores: los mandatarios provinciales son piezas clave:
Pacto político: el Gobierno nacional necesita los votos en el Senado que responden a los gobernadores para aprobar la ley.
Efecto cascada: si la reforma se aprueba a nivel nacional, muchas provincias y municipios (que ya tienen altos índices de precarización) podrían adherirse o replicar estos esquemas para reducir el gasto público en sus distritos.