Fernández y gobernadores presentarán hoy el pedido de juicio a los 4 jueces de la Corte

Doce fueron los gobernadores que responden al oficialismo, entre ellos el de Formosa, Gildo Insfrán, que decidieron apoyar el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema. Hubo ocho gobernadores presentes y dos se conectaron por zoom.
El presidente Alberto Fernández y gobernadores acordaron ayer, en un hecho sin precedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusándolos por “mal desempeño de sus funciones y manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos. El Gobierno confirmó que el pedido ingresará hoy por mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Doce fueron los gobernadores, entre ellos el de Formosa, Gildo Insfrán, que decidieron apoyar el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema. Hubo ocho gobernadores presentes y dos se conectaron por zoom: Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En el encuentro con Fernández estuvieron además los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma zoom. Alberto Fernández también estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.
El objetivo de la reunión fue evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema.
Los mandatarios provinciales de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones habían firmado un documento que cuestionaba el reciente fallo de la Corte sobre el porcentaje de coparticipación federal que debe recibir la Ciudad, pero no acompañaron el documento firmado por los gobernadores más afines al Gobierno.

El pedido

El pedido firmado señala: “El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los gobernadores abajo firmantes decidieron impulsar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional; asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”.
“Por último –señala- pedir al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación”.
Fernández encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.
Opiniones

Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional “en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora el proceso será también contra el resto de los integrantes.
El gobernador chaqueño dijo que en el documento que desde el Poder Ejecutivo enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá “una multiplicidad de hechos” supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal.
Detalló que van desde “la violación de la Ley de Ética Pública hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080”, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de “manifiesta parcialidad” en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).
“Deben ser custodios de la Constitución –indicó- los argentinos no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano”.
El gobernador ejemplificó con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%: “Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad”.
Capitanich evitó referirse a la posibilidad de avance del proceso en el pleno de la Cámara de Diputados y aclaró que el procedimiento se iniciará en la comisión legislativa pertinente -la de juicio político, donde el oficialismo tiene quórum favorable-, que tendrá cuatro meses para hacer su investigación y emitir un dictamen.
Para que la comisión pueda iniciar su trabajo, el Ejecutivo deberá enviar, en las próximas horas, una convocatoria a sesiones extraordinarias que tendrá un temario más amplio que el del tratamiento del juicio a la Corte.

Sin antecedentes

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que la decisión tomada por el presidente y los mandatarios provinciales “no tiene antecedentes”. Y sostuvo que la Corte avanzó sobre “atribuciones que no le son propias” y que corresponden a los restantes poderes del Estado.
“No es una cuestión solamente de los chats, están los fallos. Es a través de los fallos que se establece la acusación”, aseveró Kicillof.
A su turno, el mandatario santiagueño, Gerardo Zamora, señaló que la Corte desoyó y “ni siquiera contestó” tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña. Añadió que esa situación “se agrava muchísimo” luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro.

Las 5 claves del pedido de juicio político

1) El alcance: además de iniciarse el proceso contra Horacio Rosatti, en el documento también piden la misma medida para los otros tres integrantes del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes”.
2) La denuncia por mal desempeño: “Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes”, remarca el texto. 
Asimismo, sostienen que la Corte Suprema “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
Finalmente, anuncian que en el documento se desarrolla “el grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre eestas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en referencia al fallo sobre la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.
3) La conformación del Consejo de la Magistratura: el escrito destaca expresiones del presidente de la Corte Suprema, por ejemplo relativas a las intenciones de llevar a cabo una reforma laboral. “Señaló que deberá contar, necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno federal. Formuló sus expresiones en términos tales que cualquier observador imparcial puede interpretar que, en realidad, pretendió dirigir una advertencia a los otros poderes gubernamentales”, afirman.
Asimismo hacen alusión a lo que consideran “atropellos en el Consejo de la Magistratura”. En este apartado, hacen mención a la “vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, fundada según los firmantes en “las comunicaciones publicadas por la prensa entre Silvio Robles (director general de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño)”.
“Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura”, afirman.
4) El fallo por la coparticipación: “Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”, sostienen con respecto a la medida que dispuso que el Estado nacional entregue nuevamente a CABA el 2,95% de los fondos coparticipables.
“Se deja al completo descubierto –agregan- que la Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones. El máximo tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos”.
Los firmantes denuncian que “resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”.
5) La causal de mal desempeño: el documento señala al artículo 53 de la Constitución Nacional como una de las causales habilitantes del juicio político al que se hallan sujetos los miembros de la Corte. “El mal desempeño –indican- puede configurarse a partir de ‘cualquier irregularidad de cualquier naturaleza que sea, si afecta gravemente el desempeño de las funciones… aunque no aparezca la responsabilidad, falta o culpa intencional’ (Sánchez Viamonte, Carlos, Manual de Derecho Constitucional, página 280). Las conductas llevadas adelante por los magistrados y que se señalaron en el presente capítulo resultan entonces susceptibles de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo, a la luz de la normativa y de los criterios doctrinarios expuestos”.