Fue presentado el pedido de inhabilidad moral contra senador Paoltroni

El pedido de inhabilidad moral presentado ante el Senado expone la situación financiera de empresas vinculadas al senador Francisco Paoltroni: 193 cheques rechazados por falta de fondos, deudas millonarias y reclamos de productores que entregaron su hacienda y no pudieron cobrar. Asimismo, se habló de trabajadores en negro y el contrabando de cigarrillos.
Se presentó el pedido de declaración de inhabilidad moral contra el senador por Formosa Francisco Paoltroni, de la mano del jefe comunal formoseño Mario Brignole, quien pide su remoción. La presentación ingresada al Senado de la Nación por el intendente de El Colorado no se limita a una disputa política. El documento pone sobre la mesa una serie de antecedentes financieros, comerciales y judiciales vinculados con empresas relacionadas con el senador nacional Francisco Paoltroni, que ahora deberán ser evaluados en el ámbito parlamentario.
El dato que aparece como uno de los más contundentes es el volumen de cheques rechazados por falta de fondos atribuidos a sociedades vinculadas con el legislador. Según la Central de Deudores del Banco Central, Ganaderos de Formosa S.R.L., Los Angelitos S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L. acumularían 193 cheques rechazados, por un monto total de $965.067.832,20. No se trata solamente de una anotación bancaria. Detrás de esos cheques aparecen productores ganaderos que entregaron animales en un remate en Chaco y esperaban recibir el dinero correspondiente a operaciones comerciales.
A este escenario se agrega, según los antecedentes citados en la presentación, una deuda registrada en el sistema financiero que alcanzaría los $11.261 millones, además de ejecuciones judiciales vinculadas con obligaciones impagas.

Una empresa que recibía hacienda y terminó entregando cheques rechazados

El caso adquiere una dimensión particularmente sensible porque Ganaderos de Formosa intervenía como consignataria en operaciones ganaderas. En Juan José Castelli, Chaco, 46 productores que participaron en un remate entregaron su hacienda y recibieron cheques que posteriormente fueron rechazados. El monto involucrado fue estimado en alrededor de $1800 millones.
Para un productor ganadero, la operación no termina cuando vende sus animales. Ese ingreso representa pagar salarios o simplemente sostener la economía familiar. Por eso, el rechazo de un cheque no constituye solamente un problema contable para quien lo recibe. Cuando la operación involucra a pequeños productores, la falta de fondos puede trasladar el problema financiero de una empresa hacia decenas de familias que dependen de cobrar en tiempo y forma. La situación denunciada también alcanzó a operaciones realizadas en otras localidades de Chaco y Formosa.

El contraste que abre nuevos interrogantes

En este contexto aparece otro elemento que vuelve particularmente relevante el análisis de la situación financiera: la actividad crediticia personal de Paoltroni. De acuerdo con la información aportada, entre enero de 2025 y julio de ese año el senador habría tomado créditos del Banco Ciudad destinados a una operación vinculada con una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.
El dato, por sí solo, no implica una irregularidad. Tomar un crédito bancario para adquirir una propiedad constituye una operación financiera habitual y legal. Pero colocado junto a los antecedentes de las empresas vinculadas al senador plantea un interrogante que el expediente parlamentario puede contribuir a esclarecer: ¿cómo se compatibiliza la toma de financiamiento personal con la existencia, en el mismo período, de obligaciones comerciales y cheques rechazados por falta de fondos en sociedades relacionadas con su actividad empresarial?
Otro de los elementos que deberán ser examinados es el origen de las medidas judiciales que afectaron a las empresas. La documentación mencionada en la presentación vincula los embargos y ejecuciones con procesos impulsados por ARCA, el organismo nacional que sucedió a ARCA (ex-AFIP), y tramitados ante la Justicia Federal. Este punto resulta significativo porque permite separar el expediente financiero de la discusión política provincial. Los procesos fiscales y las medidas judiciales señaladas en la presentación no constituyen, según estos antecedentes, decisiones adoptadas por el Gobierno de Formosa.

Trabajo en negro

La presentación también incorpora reclamos relacionados con trabajadores de las empresas vinculadas a Paoltroni, donde había empleados en negro, según la presentación de Brignole. Asimismo, según lo denunciado, alrededor de medio centenar de empleados fueron desvinculados y entre estos se encontraban quienes habrían trabajado sin registro laboral. También se mencionan reclamos por indemnizaciones y liquidaciones pendientes. Un punto a tener en cuenta es que el propio Paoltroni, como senador, votó para efectivizar la reforma laboral y que estos derechos sean truncados en muchos aspectos. 
En definitiva, el expediente reúne tres dimensiones de una misma problemática: obligaciones financieras, compromisos comerciales y relaciones laborales. En el caso de los productores, el conflicto adquiere además una dimensión regional. Las operaciones involucraron a actores de Formosa y Chaco y afectaron a personas que entregaron un activo productivo —su hacienda— a cambio de un pago que, de acuerdo con las denuncias, no llegó a concretarse.
Por último, se recordó que Francisco Paoltroni fue vinculado a un escándalo de contrabando en mayo de 2025 tras un operativo de la Gendarmería Nacional en la provincia de Formosa, cuando un camión fue interceptado con cigarrillos ilegales, lo que derivó en un allanamiento. El galpón principal allanado fue señalado como un centro de operaciones vinculado al legislador, quien utilizaba parte del lugar para mantener reuniones privadas y como oficina personal.
El pedido presentado por Brignole invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece las facultades de cada Cámara para corregir, remover o excluir a sus integrantes en determinadas circunstancias. La presentación deberá ser analizada institucionalmente y, eventualmente, avanzar hacia la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde los antecedentes podrán ser confrontados con documentación y explicaciones de las partes involucradas.