Fuerte oposición al cierre de la agencia nacional de seguridad vial

Gialluca señaló que, la ANSV tiene un financiamiento propio en más del 80% de su patrimonio, sin generarle gastos al Gobierno nacional, por lo que, su destrucción o cierre significaría un aumento en la cantidad de muertes evitables y la falta de un marco regulador uniforme en toda la Argentina.

La Dirección de Seguridad Vial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, en nombre y representación de los usuarios de la vía pública, como así también de las rutas que surcan nuestro territorio, junto a familiares de víctimas de siniestros viales y referentes de la seguridad vial, “remitieron una formal presentación solicitando que no se cierre, clausure o fusione la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, entendiendo que esta decisión del Gobierno nacional implicará un gravísimo retroceso en las políticas de prevención y control del tránsito, no solamente en Formosa, sino también en todo el país. 
El defensor provincial, doctor José Leonardo Gialluca, recordó que, la ANSV fue creada en el año 2008 mediante la Ley 26363, siendo un pilar fundamental, en la reducción de la siniestralidad vial a través de la implementación de normativas, controles y campañas de concientización. 
Es por ello que, su eliminación, pone en riesgo avances claves como la Licencia Nacional de Conducir, la unificación del control de antecedentes, el sistema de puntaje, la coordinación de operativos y la línea 149 opción 2 (Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales), que brinda asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales en todo el país. 
Es que mueren aproximadamente cerca de 15000 argentinos por año en accidentes de tránsito, según lo afirmado por el presidente Javier Milei en su discurso de asunción, reconociendo la gravedad del problema. 
Sin embargo, la posible destrucción de la ANSV atenta contra la continuidad de políticas públicas efectivas que han salvado vidas. La desarticulación de este organismo generaría un aumento en la cantidad de muertes evitables y la falta de un marco regulador uniforme en el país.