Fuertes críticas al Gobierno nacional por  querer derogar la Ley de Etiquetado Frontal

Desde la Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición advierten que la iniciativa impulsada por la gestión de Javier Milei representa un grave retroceso en materia de salud pública, alimentación saludable y derecho a la información de los consumidores.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, despertó una fuerte preocupación entre profesionales de la salud, organizaciones de consumidores y especialistas en nutrición de todo el país.
La norma, sancionada en 2021 tras años de debate legislativo y respaldo de organismos sanitarios nacionales e internacionales, establece la incorporación de sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas que presentan excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías, permitiendo que los consumidores cuenten con información clara y visible al momento de elegir qué productos consumir.
Ante la intención del Gobierno nacional de eliminar esta legislación, la presidenta de la Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición, licenciada Daniela Distel, expresó su rechazo y calificó la medida como “errada”, al considerar que desconoce los avances logrados en materia de prevención y promoción de hábitos saludables.
La profesional remarcó que el principal objetivo de la ley es brindar herramientas para que la población pueda tomar decisiones informadas sobre su alimentación.
“La finalidad de esta norma es informar a la ciudadanía qué es lo que está por consumir. Los octógonos permiten identificar rápidamente aquellos productos que presentan excesos de nutrientes críticos y que, consumidos de manera habitual, pueden generar consecuencias negativas para la salud”, explicó.
Distel recordó que los alcances de la legislación van mucho más allá de la colocación de etiquetas en los envases. La norma también regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños y adolescentes, restringe estrategias de marketing que pueden inducir al consumo de productos poco saludables y promueve entornos escolares más saludables mediante la limitación de determinados productos en establecimientos educativos.
Por ese motivo, advirtió que una eventual derogación implicaría el desmantelamiento de un conjunto de herramientas de protección destinadas especialmente a los sectores más vulnerables de la población: “Si esta ley se elimina, se afectará directamente la salud de todos los argentinos. Los consumidores perderán información fundamental para decidir qué comprar y qué consumir”.
La nutricionista señaló además que hay una creciente preocupación dentro de la comunidad profesional vinculada a la alimentación y la salud pública: “Quienes trabajamos diariamente promoviendo hábitos saludables estamos en estado de alerta. Sabemos que la prevención es una de las herramientas más importantes para combatir enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y otras patologías crónicas que hoy representan un desafío sanitario enorme”.
En ese marco, pidió a los responsables de debatir la iniciativa que prioricen el bienestar de la población por encima de los intereses económicos: “Les pedimos a todos los que tengan poder de decisión que piensen en la salud de las personas y no en la industria alimenticia. La realidad es que la derogación de esta ley solo beneficiará a determinados sectores empresariales y no a la ciudadanía”.
Finalmente, Distel hizo referencia a las presiones que históricamente ejercieron algunos grupos económicos durante el tratamiento legislativo de la norma y advirtió sobre las consecuencias de retroceder en políticas públicas vinculadas a la alimentación: “Sabemos las cuestiones económicas y políticas que rodean esta ley. Justamente eso es lo que pone en riesgo el derecho de cada argentino a acceder a información clara y a una alimentación saludable. Por eso creemos que cualquier intento de derogación constituye un retroceso que puede tener consecuencias importantes para la salud pública”.

Los fundamentos del proyecto

Según los fundamentos presentados por el Gobierno nacional en el proyecto enviado al Congreso, la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se basa en varios argumentos centrales.
-Sostiene que el sistema de octógonos genera confusión en los consumidores, ya que equipara productos con perfiles nutricionales diferentes bajo las mismas advertencias. Según el Ejecutivo, esto puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas sobre la calidad de los alimentos. 
-Afirma que la estructura actual dificulta distinguir mejoras nutricionales parciales realizadas por las empresas. El Gobierno argumenta que un producto reformulado que redujo azúcar, grasas o sodio puede seguir recibiendo los mismos sellos que otro con niveles mucho más altos, lo que reduciría incentivos para mejorar las formulaciones.
-Cuestiona los criterios técnicos utilizados por la ley, basados en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalando supuestas limitaciones regulatorias, operativas y económicas. 
-Plantea que las restricciones publicitarias y de marketing afectan actividades económicas legítimas de la industria alimentaria. El proyecto considera excesivas algunas limitaciones sobre publicidad, comunicación comercial y uso de personajes o elementos gráficos en envases. 
-Argumenta que la normativa genera costos y sobrecargas regulatorias para las empresas, especialmente para sectores productivos y pymes.
-Propone avanzar hacia un sistema armonizado con el Mercosur, reemplazando el esquema actual por un modelo de etiquetado nutricional regional con criterios unificados entre los países del bloque. 
Al mismo tiempo, el Gobierno aclaró en los fundamentos que la derogación de la ley no implicaría eliminar la información nutricional de los productos, sino dejar sin efecto el actual sistema de advertencias frontales mediante octógonos negros. 
Organizaciones científicas, asociaciones de nutricionistas, entidades médicas y grupos de defensa de consumidores rechazan esos argumentos y sostienen que la ley mejoró el acceso a información clara sobre los alimentos y constituye una herramienta de salud pública reconocida internacionalmente.