Funcionarios de la Procuración General Judicial prestaron juramento a la nueva Constitución

La nueva Constitución de Formosa introduce cambios significativos en la procuración judicial, como la autonomía funcional del Ministerio Público y de la Defensoría, la equiparación de sus integrantes a los del Superior Tribunal de Justicia para su enjuiciamiento y remoción, y la consolidación constitucional de organismos creados por ley, como el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Electoral Permanente.

El procurador general de la Función Judicial, Sergio Rolando López, convocó a los funcionarios que integran los ministerios públicos, para que presten formal juramento de ley con motivo de la reciente sanción y promulgación de la Constitución Provincial.
En el acto estuvieron especialmente invitados el ex procurador general del Superior Tribunal de Justicia, doctor Héctor Tievas y el ex secretario de la Procuración General del alto cuerpo indicado, doctor Carlos Daniel Buxmann, quien fuese el primer secretario de esa institución en democracia.
El doctor López manifestó que resultaba propicia la ocasión para formular un expreso reconocimiento y al mismo tiempo un emotivo y sincero agradecimiento a quienes han desempeñado la función de procuradores generales.
Dijo que desde los archivos de la institución a su cargo emerge con claridad la dedicación puesta al servicio que les tocara realizar durante sus gestiones como titulares, habiendo hecho gala de sus talentos profesionales y funcionales, como también de sus cualidades personales.
El doctor Buxmann expresó su agradecimiento por la gentileza de la conducción actual de la Procuración en un momento en que las novedades surgidas tras la sanción de la actual carta magna responden a muchas de las expectativas que habían tenido en sus tiempos de gestión en el que se apelaba a recrear institutos que resultasen cada vez más beneficiosos para la ciudadanía.
La ceremonia se realizó, asimismo, en coincidencia con la puesta en vigencia de la nueva Constitución de Formosa de 2025 que introduce cambios significativos en la procuración judicial, como la autonomía funcional del Ministerio Público y de la Defensoría, la equiparación de sus integrantes a los del Superior Tribunal de Justicia para su enjuiciamiento y remoción, y la consolidación constitucional de organismos creados por ley, como el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Electoral Permanente.
Se ha establecido la autonomía funcional del Ministerio Público, lo cual significa que opera con independencia y sin sometimiento al Poder Judicial, siendo una visión republicana que equilibra la división entre el procurador general y el defensor general refleja una visión republicana y de garantías, ya que equilibra la persecución penal con la defensa del derecho del ciudadano. Persecución penal con la defensa.
La división entre el procurador general y el defensor general refleja una visión republicana y de garantías, ya que equilibra la persecución penal con la defensa del derecho del ciudadano.
Mayor eficacia y cercanía a la comunidad: Se busca un servicio de justicia más ágil, eficiente y cercano a la comunidad, con un compromiso continuo de los funcionarios judiciales para alcanzar estos objetivos.
Respecto a los cambios clave en la Procuración Judicial se mencionó a  la Autonomía Funcional ya que la nueva Constitución establece explícitamente la autonomía funcional del Ministerio Público y de la Defensoría, una figura que no existía con anterioridad.
Se hizo referencia, asimismo, al nuevo asignado al para el Procurador General al redefinirse la estructura, con un Procurador General separado y con autonomía funcional, lo que marca un avance en la organización judicial provincia
Se cita también a la equiparación de requisitos ya que los fiscales pueden ser enjuiciados y removidos bajo las mismas reglas que los ministros del Superior Tribunal de Justicia.
Otro aspecto que se pondera es el del enfoque republicano que deriva de la nueva carta magna ya que la división entre procurador y defensor general se considera un avance republicano, que equilibra la persecución penal con el derecho de defensa.