Gaillard: “En Diputados habrá quórum para poder tratar el juicio a la Corte en comisión”

La legisladora consideró esencial que la oposición asista a la Comisión y afirmó que “es lo que corresponde”, señalando que “es irresponsable no participar de las sesiones porque es bloquear el funcionamiento de las instituciones”.

La titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, sostuvo que ya realizaron una reunión para analizar la vinculación del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
La diputada aseguró además que todos los miembros de la comisión que forman parte del Frente de Todos (FdT) “manifestaron su compromiso de garantizar el quórum” para tratar el pedido de remoción a los integrantes del máximo tribunal.
“Nos reunimos los miembros de la Comisión de Juicio Político de nuestro bloque para analizar y hablar de la vinculación de la máxima autoridad de la Corte con el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta. El pedido de juicio político va a ser presentado entre este jueves y viernes por Diputados. Todos los miembros de la Comisión de Juicio político de nuestro bloque manifestaron su compromiso de que van a estar para garantizar el quórum”, afirmó Gaillard en declaraciones a El Destape Radio.
El presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales presentaron un pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por mal desempeño de sus funciones y manifiesta parcialidad a la hora de dictar fallos.
Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y pidió su pronto tratamiento legislativo a Germán Martínez, titular de la bancada del Frente de Todos (FdT) en la cámara baja, y a Gaillard.
En este sentido, la legisladora oficialista aseguró que en la comisión que encabeza se investigarán “una serie de fallos de la corte que violentaron la Constitución como fue el fallo del Consejo de la Magistratura y el de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires y en detrimento de las provincias”.
La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro.
En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.
Gaillard rechazó además el pedido del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Rodrigo de Loredo para que sea apartada de la presidencia de la comisión por “no garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso”.
“No proceden las recusaciones en órganos políticos, esto lo dijo el propio Rosatti en un fallo. No se pueden recusar los miembros o las autoridades de los órganos políticos porque estaríamos desnaturalizando el objeto”, explicó.
Asimismo, remarcó que durante el proceso “se discutirá el mal desempeño de la Corte” y su rol como presidenta de la comisión será “coordinar el juicio político haciendo lo que marca la constitución”.
“El reglamento establece que una vez producida toda la prueba se convoca a los denunciados, en esta caso los miembros de la Corte Suprema, para informarle las pruebas producidas y que ellos puedan hacer un descargo en la Comisión”, indicó sobre el proceso que se llevará adelante.
Finalmente, Gaillard consideró esencial que la oposición asista a la Comisión y afirmó que “es lo que corresponde”, señalando que “es irresponsable no participar de las sesiones porque es bloquear el funcionamiento de las instituciones”.

El oficialismo citará a más 
de 40 testigos a la Comisión

El Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, tema incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
En la iniciativa, que consta de 410 páginas, hay una extensa lista de personas a citar a prestar declaración ante la Comisión de Juicio Político. Los primeros cuatro nombres que aparecen son los de los jueces del Tribunal Superior, su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que están citados en carácter de acusado.
“Solicitamos que por medio de la Presidencia de la Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la Comisión correspondan”, dice el planteo.
A priori, los restantes citados a declarar son en carácter de testigos. El primero que aparece en la lista el Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.
En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.
Según el reglamento interno de la comisión, entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones, registro y secuestro de elementos, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas, interrogatorio de personas.
La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.
Entre los citados a declarar como testigos también se encuentran, entre otros: Damián Loretti, profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid; los gobernadores que suscribieron el acuerdo firmado por el presidente de la Nación: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán); Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación; Eduardo de Pedro, ministro del Interior de la Nación; Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Eugenio Zaffaroni, profesor Emérito de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Baltazar Garzón, jurista español; integrantes de la Vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados.