Gustavo Coria quedó a cargo de los fondos de los ATN para las provincias
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El dirigente, cercano a Diego Santilli, ocupó cargos en el Gobierno porteño y en el Ministerio del Interior antes de asumir su actual función en la Jefatura de Gabinete.
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La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó la delegación de la administración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias en el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria. La decisión llega cuando el Gobierno negocia con los gobernadores provinciales en medio de su impulso para aprobar la reforma política o suspender temporalmente las PASO de cara a las elecciones de 2027.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca agilizar la asignación de recursos destinados a asistir a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios financieros.
Coria quedó facultado para disponer la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, un mecanismo previsto por la Ley 23548 de Coparticipación Federal que permite asistir económicamente a las jurisdicciones provinciales cuando atraviesan dificultades excepcionales.
Desde el Gobierno señalaron que la delegación apunta a “optimizar la gestión y distribución de los fondos”, en línea con los principios de “legalidad, eficacia y celeridad” que deben regir los procedimientos administrativos.
La resolución se enmarca en la reorganización institucional impulsada por el Decreto 571/26, que modificó la Ley de Ministerios 22520 y transfirió a la Jefatura de Gabinete funciones que hasta entonces estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior.
A partir de esa reforma, la estructura de la Jefatura incorporó las figuras del vicejefe de Gabinete y del vicejefe de Gabinete del Interior, cargos a los que el jefe de Gabinete puede delegar atribuciones específicas, como ocurre ahora con la administración del fondo.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por el inciso d) del artículo 3 de la Ley 23548 y constituye una herramienta utilizada por el Estado nacional para asistir financieramente a las provincias en casos de emergencia o cuando enfrentan desequilibrios que comprometen la prestación de servicios públicos.