Ingresó al Congreso el proyecto para  reformar la Carta Orgánica del Banco Central

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional redefine el rol del Banco Central al establecer como objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda, fortalecer su autonomía y prohibir el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria. El proyecto comenzará su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa presentada por el presidente Javier Milei que busca redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria, reforzar su independencia y prohibir de manera definitiva el financiamiento del sector público mediante emisión monetaria.
Según informaron fuentes parlamentarias, el próximo lunes la iniciativa tomará estado parlamentario y será girada a las comisiones correspondientes para su tratamiento. La reforma forma parte de un paquete de medidas económicas que también contempla el denominado grillete fiscal, una reforma del mercado de capitales y otra del mercado de seguros.
El proyecto se estructura en seis ejes centrales, aunque tres de ellos concentran las modificaciones más relevantes.
El primero establece que la preservación del valor de la moneda será la misión primaria y fundamental del Banco Central, dejando atrás el esquema vigente que también le asigna objetivos vinculados a la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico. El Gobierno sostiene que un mandato único permitirá fortalecer la responsabilidad y la independencia de la autoridad monetaria, además de limitar la influencia de los objetivos de política económica del Poder Ejecutivo sobre el organismo.
El segundo eje apunta a reforzar la autonomía institucional del BCRA. La iniciativa modifica el régimen de designación y remoción de las autoridades del Banco, estableciendo causales específicas para su destitución y disponiendo que solo puedan ser removidas por el Poder Ejecutivo con el aval de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Además, elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe en las reuniones del directorio y suprime mecanismos que, según el Ejecutivo, permitían una mayor injerencia del Tesoro en las decisiones del Banco Central.
Uno de los cambios más significativos es el referido al financiamiento del sector público. El proyecto elimina los adelantos transitorios al Tesoro y establece la prohibición absoluta de que el Banco Central otorgue préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. También impide la compra de títulos públicos en el mercado primario y restringe el uso de las reservas internacionales para financiar al Gobierno. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal fue la principal causa de la inflación y que su prohibición constituye una condición indispensable para garantizar la estabilidad económica.
La iniciativa también introduce cambios en el régimen de distribución de utilidades del Banco Central. Solo podrán transferirse al Estado ganancias efectivamente realizadas y auditadas, mientras que las derivadas de variaciones cambiarias o de la cotización del oro deberán permanecer como reservas patrimoniales. 
Asimismo, cualquier transferencia de utilidades estará condicionada a que los fondos se destinen exclusivamente a la cancelación de deuda pública y a que el Banco alcance determinados niveles de capitalización.
Finalmente, el proyecto incorpora disposiciones para el saneamiento del balance del BCRA y la modernización de su marco operativo, con el objetivo de fortalecer el régimen jurídico de las reservas internacionales y consolidar la independencia funcional y financiera de la entidad.