Ingreso per cápita familiar: Formosa presentó  el menor nivel de desigualdad en el Nordeste

Este resultado cobra relevancia en un contexto en el que, a nivel nacional, se observa una constante pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

Desde la Consultora Politiké explicaron que el Índice de Gini es un indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Su valor va de 0 a 1: cuanto más cerca de 0, mayor equidad (los ingresos son más similares entre las personas); cuanto más cerca de 1, mayor desigualdad (pocos concentran gran parte de los ingresos). Dicho esto y según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, para el primer trimestre del 2026 el aglomerado de Formosa presentó el menor nivel de desigualdad en el Nordeste en el ingreso per cápita familiar. Este resultado cobra relevancia en un contexto en el que, a nivel nacional, se observa una constante pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de las medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional.

Sobreendeudamiento  

El deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas dejó de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un rasgo estructural del programa económico del Gobierno nacional. Los datos del Banco Central muestran que 3,6 millones de personas ya son deudores irrecuperables –con al menos una línea de crédito atrasada por más de un año–, un 17,2% del total de deudores del sistema. La caída del salario real, el ajuste del gasto público y el sostenimiento de tasas de interés elevadas explican, de forma directa, este cuadro. El fenómeno golpea con particular dureza al Norte Grande: 3 de cada 10 deudores de la región acumulan atrasos de más de 90 días.

A nivel nacional

3,6 millones de personas tienen una línea de crédito irrecuperable (atraso de un año o más): son el 17,2% del total de deudores del sistema financiero y no financiero, contra 9,8% un año atrás, la proporción prácticamente se duplicó.
2,3 millones de deudores morosos más en un año (considerando atrasos desde 3 meses); el total de personas en mora asciende a 5,8 millones, uno de cada ocho argentinos.
Se trata de deudas pequeñas: la mitad de las líneas irrecuperables no supera los $309.000, montos asociados a gastos corrientes (alimentos, servicios, transporte) y no a inversión o consumo durable.
El deterioro creció más entre mujeres (+93,6% interanual) y entre jóvenes de 15 a 29 años, donde el 24% ya tiene una deuda irrecuperable, con un salto del 85-87% en un año, el mayor de todos los grupos etarios.
El fenómeno también avanza en las empresas: las firmas en la categoría de mayor riesgo crediticio treparon a 21948 (7,7% del total de empresas deudoras), un 65% más que un año antes.
El propio informe del IAG señala al Norte argentino y Cuyo como las regiones con mayor incidencia de deudores irrecuperables sobre el total de deudores (en torno al 20%, frente al 17,2% nacional). 
El salario privado registrado acumula una pérdida real de entre 3,6% y 5,7% frente a noviembre de 2023 (según distintas mediciones sobre datos de INDEC), con 7 a 8 meses de caída consecutiva hasta marzo de 2026.
El salario del sector público nacional está entre 17% y 21% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales, reflejando el ajuste del gasto en personal como eje del equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional dejó de convocar con éxito al Consejo del Salario Mínimo: por falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Poder Ejecutivo fija el SMVM por decreto desde noviembre de 2025. En agosto de 2026 el SMVM llegó a $376.600, muy por debajo de la canasta básica total y de los pisos que reclamaron CGT y CTA, la herramienta que antes ponía un piso a los salarios privados quedó licuada por la inflación acumulada.
Las tasas de interés activas se mantuvieron en niveles elevados durante 2025 y volvieron a subir en 2026 pese a algunos intentos oficiales de abaratar el crédito: la propia morosidad, alimentada por la caída de ingresos, impide que las tasas bajen, un círculo que la política de altas tasas del equipo económico no logró romper.
El propio Gobierno nacional presenta la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria como éxitos de su gestión. Pero la evidencia del Banco Central muestra la otra cara de ese ordenamiento macroeconómico: una economía que ajusta ingresos para estabilizar precios, y traslada el costo del ajuste a los hogares más vulnerables, jóvenes, mujeres y las provincias del Norte, entre ellas Formosa. El sobreendeudamiento por gastos corrientes (comida, tarifas, transporte) no es un problema de cultura financiera ni de manejo irresponsable del crédito, sino la consecuencia directa de salarios que no alcanzan y de un Estado que resigna su rol de sostén del ingreso, se retira de la negociación paritaria, licúa el salario mínimo y mantiene el gasto en personal como variable de ajuste.
La dimensión territorial de este fenómeno agrega un argumento adicional contra el relato de la Argentina que se ordena: el ajuste no golpea parejo. El Norte Grande y las economías regionales, ya estructuralmente más débiles, absorben una porción desproporcionada del costo social del programa económico nacional.

Energía eléctrica

El precio mayorista de la energía se disparó en dólares y en pesos desde diciembre de 2023. Según el último dato publicado por CAMMESA, el precio monómico del MWh –generación, potencia, servicios y transporte hasta las distribuidoras– fue de US$189,10 en junio de 2026, equivalentes a $280.301,50 por MWh ($280,30 por kWh). Entre noviembre de 2023 (mes previo a la asunción de Javier Milei) y junio de 2026, ese precio subió 302,7% en dólares y 1244,3% en pesos, según la serie histórica de CAMMESA. Cruzamos el dato contra la cotización real del dólar oficial de junio 2026 ($1.450-1.502) y es consistente.