JuFeJus rechazó decreto del Poder Ejecutivo  Nacional que modifica selección de jueces

La entidad que nuclea a las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todo el país cuestionó los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 al considerar que afectan la transparencia, la participación ciudadana, la paridad de género y la representación federal en los procesos de designación de magistrados.

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) expresó un categórico rechazo al Decreto N° 467/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introdujo modificaciones en los mecanismos de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores.
A través de un contundente pronunciamiento institucional difundido este viernes, el organismo advirtió que los cambios establecidos por la nueva normativa representan un “claro retroceso institucional” y comprometen principios esenciales que deben regir los procesos de designación de integrantes del Poder Judicial.
La declaración lleva las firmas de la presidenta de JuFeJus, Emilia María Valle; el vicepresidente, Sergio Vittar; y la secretaria, Adriana García Nieto, quienes ratificaron además la posición que la entidad había expresado el 22 de marzo de 2024 respecto de la necesidad de preservar mecanismos transparentes, participativos y respetuosos de los principios constitucionales en la selección de magistrados.
En el documento, la Junta Federal sostuvo que la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores no puede limitarse únicamente a criterios de idoneidad técnica, sino que debe contemplar de manera armónica otros principios fundamentales consagrados por la Constitución Nacional y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
En ese sentido, remarcó que la representación federal, la paridad de género y la especialización jurídica constituyen requisitos indispensables para garantizar una Justicia plural, democrática y representativa de la diversidad territorial y social del país.
“La integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica, no siendo parámetros meramente políticos, sino exigencias constitucionales y federales”, subrayó la entidad.
Para JuFeJus, cualquier modificación que debilite o elimine estos criterios implica desconocer avances institucionales alcanzados en las últimas décadas y afecta la calidad democrática del sistema de administración de justicia.
Uno de los puntos más cuestionados por la Junta es la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, normativa que había incorporado herramientas de participación ciudadana y mecanismos de publicidad destinados a fortalecer la transparencia en los procesos de selección de candidatos a la Corte Suprema.
Según advirtió el organismo, la eliminación de estas disposiciones restringe la posibilidad de control social sobre las designaciones y debilita instancias que permitían conocer antecedentes, formular observaciones y garantizar una mayor apertura institucional.
Desde la entidad señalaron que estas modificaciones afectan directamente principios vinculados con la transparencia y la rendición de cuentas, reduciendo espacios de participación ciudadana considerados esenciales para fortalecer la legitimidad de las instituciones judiciales.
Asimismo, alertaron que la nueva normativa contradice el principio de progresividad de los derechos, reconocido por la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.

Llamado a preservar la calidad institucional

En su declaración, JuFeJus enfatizó que la confianza pública en la Justicia depende, en gran medida, de que los procedimientos de designación de magistrados sean transparentes, participativos y respetuosos de los principios de igualdad y representación.
Por ello, sostuvo que cualquier reforma orientada a reducir estos estándares no sólo afecta la institucionalidad judicial, sino que también debilita las garantías democráticas necesarias para consolidar un Poder Judicial independiente y representativo: “La eliminación o debilitamiento de estos criterios constituye un retroceso incompatible con la construcción de una justicia verdaderamente federal, democrática e inclusiva”.

La posición de Formosa

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, integrante de la Junta Federal en representación de la provincia, dejó constancia de la importancia que reviste la incorporación de la paridad de género en los mecanismos de designación judicial.
Coll recordó que la reciente reforma de la Constitución de Formosa establece expresamente el principio de paridad de género para la integración del Superior Tribunal de Justicia, incorporándolo como una garantía institucional destinada a promover una representación más equilibrada dentro del máximo órgano judicial provincial.
La referencia fue valorada en el ámbito de JuFeJus como un ejemplo de los avances que distintas jurisdicciones vienen impulsando en materia de igualdad de género y fortalecimiento de la representación en los poderes judiciales del país.